Manos Limpias y Vox se vuelcan con el escándalo de las VPO adjudicadas a cargos del PP
Manos Limpias ha presentado una denuncia en los juzgados de Alicante por los presuntos delitos de falsedad en documento público mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios por el escandalo de la viviendas protegidas del residencial 'Les Naus' de la capital alicantina contra la exconcejala Rocío Gómez, la directora de Contratación en el Ayuntamietno, dos arquitectos municipales, el jefe de servicio de Viviendas y Protección Oficial, un notario, y contra el administrador único, el presidente, la vicepresidenta y la secretaria de la cooperativa Fraorgi; unos por ser beneficiarios de viviendas, y otros por estar implicados en el proceso en el proceso de adjudicación.
Según argumentan, “no se hizo publicidad de esas viviendas con la justificación de que ya había listas de espera” y la Generalitat “amplió el límite de los ingresos totales de la unidad familiar para acceder a la vivienda”. Así mismo, detallan que las viviendas, “en varios casos y una vez escrituradas”, han sido puestas a la venta por el doble de su adquisición, con la intervención de una agencia inmobiliaria que “en un vídeo manifiesta que una aproximada de 175.000 euros debe darse en B”.
Además, Vox ha solicitado la convocatoria de una comisión de investigación en las Corts Valencianes sobre esta promoción de viviendas protegidas de la playa de San Juan de Alicante, “así como todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren”. Esta comisión, en el caso de constituirse, deberá elaborar un dictamen con las conclusiones en el plazo de doce meses como máximo.
Hay que recordar que Compromís ya registró el pasado lunes la petición de que se cree una comisión de investigación en el Parlamento autonómico y el PSPV también ha denunciado estas supuestas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción por la comisión de cinco presuntos delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración.