Balance de un año que no esperábamos

Es propio de estas fechas hacer balance. Echar la vista atrás y comprobar aciertos y desatinos, logros y decepciones del año que se escapa. Ahora que enfrentamos un año trascendental que va a estar inevitablemente condicionado por los procesos electorales en el ámbito municipal, autonómico y estatal, me permito hacer un recorrido sobre aspectos que desde lo sindical han cobrado una especial relevancia. Un ejercicio recopilatorio que realizo con el ánimo de contextualizar el periodo que nos viene, marcado por un carrusel electoral que dará comienzo el próximo mes de mayo, pero que de alguna manera ya mismo va a acaparar toda la atención y todas las miradas.

2022 no ha sido el año que esperábamos. La crisis de la cadena de suministro global tras la activación del consumo postpandemia, se vio inesperadamente agravada por un encarecimiento de los costes energéticos, especialmente causado por la Guerra de Ucrania. Los efectos son de sobra conocidos. La inflación, lejos de retroceder, se ha apuntalado hasta niveles insólitos desde la crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado. Esta situación ha generado graves consecuencias para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, que han visto -en su inmensa mayoría– cómo su salario perdía poder de compra a marchas forzadas, al tiempo que el empobrecimiento generalizado de la población más vulnerable se convertía en un hecho cierto, en una amenaza seria de involución de nuestro estado de bienestar.

Con un contexto tan adverso e incierto, el año se ha caracterizado por una constante en nuestras demandas sindicales: la petición de medidas valientes para contener los precios y la aplicación de fórmulas coyunturales de apoyo a la ciudadanía más vulnerable. La excepción ibérica en el mercado eléctrico y el Plan Reactiva, son ejemplos que ilustran a la perfección la eficacia de unas y otras medidas, tanto en el plano estatal como en el autonómico. Otra cosa distinta es la capacidad de incidencia de CCOO en la propuesta y el diseño de estas medidas en el marco del diálogo social, porque lo cierto es que el papel de la concertación, tan relevante durante la pandemia, ha quedado un tanto desdibujado. Más allí –en ámbito estatal- que aquí, que todo hay que decirlo.

La participación de la patronal en el diálogo social, ahora que no todo consistía en recibir ingentes cantidades de dinero público para salvar la actividad económica, se ha caracterizado por su inexistencia. Ni estuvieron cuando se trataba de revisar el SMI, ni han estado cuando más altura de miras se les requería. Las continuas llamadas de las organizaciones sindicales para alcanzar un pacto de rentas han sido sistemáticamente desatendidas. En esa clave, se ha vetado un acuerdo en el marco de la AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), que debería establecer los parámetros vertebradores de la negociación colectiva, en particular del salario. Un compromiso que hubiera sido una pieza de vital importancia de cara a atemperar los efectos de la devaluación salarial ocasionada por el alza de precios, a su vez muy relacionada con la reconfiguración de los márgenes empresariales. Si los salarios caen de manera generalizada, los beneficios empresariales han aumentado considerablemente. Definitivamente, la actitud egoísta de la patronal, nos ha obligado a plantear un año intenso de movilizaciones en distintos sectores productivos para forzar a la negociación de convenios bloqueados, y encamina el 2023 hacia dinámicas de conflictos generalizados.

Si el año que ahora dejamos nos ha traído sinsabores, también ha venido con alguna alegría, aunque en este caso esperada. 2022 ha sido el año de la aplicación de la primera reforma laboral sin lógicas restrictivas que pactamos agentes sociales y Gobierno. Se han recuperado derechos en materia de negociación colectiva y se ha reducido drásticamente la temporalidad en la contratación. Tras evaluar los resultados, podemos decir que se ha acertado en la dirección para atajar la dualidad de nuestro mercado de trabajo. Hoy se firman más contratos fijos que temporales, algo que parecía impensable. Una medida que ponemos en valor y que guarda estrecha relación con el incremento del SMI, cuya revalorización debe estar en una cifra cercana a los 1.100 € para 2023. Ni la reforma ni el aumento del SMI han destruido empleo, más bien todo lo contrario. En uno de los contextos más adversos que hemos conocido en las últimas décadas, ambas medidas pueden haber resultado determinantes para consolidar la recuperación de nuestra economía. Definitivamente, los mantras neoliberales siguen quedando en evidencia.

En el ámbito más cercano, nos preocupa de manera recurrente el asunto del Finançament Just. Después de tanto tiempo, y de muchas acciones reivindicativas, la última de ellas en la ciudad de Alicante, ya se reconoce el déficit del PV y se trabaja en el borrador para un futuro modelo, aunque cualquier cambio más allá de una declaración de buenas intenciones se ha trasladado a la próxima legislatura, tal como pactaron expresamente –con cierta nocturnidad- PSOE y PP. Una demora injustificable que debemos contestar con más presión. Resulta indispensable para nuestra comunidad alcanzar un modelo justo cuanto antes. Una solución que debe pasar por la condonación de la deuda ilegitima causada por el déficit de financiación, y que nos dote –sin necesidad de acrecentar el endeudamiento- de los recursos que necesitamos para sostener nuestros servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de territorios del Estado.

Servido el contexto que enmarca la entrada en el nuevo año, encaramos expectantes los procesos electorales que están por llegar. Los diferentes muestreos vienen a decirnos que el Botànic puede reeditarse, aunque con un margen tan estrecho que a día de hoy no parece que sea garantía suficiente para vivir los meses que quedan con certeza y tranquilidad. Los equilibrios botánicos no enmascaran, como ocurría en tiempos pasados, desavenencias cada vez más obvias. Si las urnas revalidan, como es esperable, el Gobierno progresista, los retos que exige el cambio de modelo productivo que hemos convenido acometer sin demora, obligará a revisar las costuras de la coalición. Mejorar el entendimiento se nos antoja un factor determinante, tanto como lo es el peso de las distintas fuerzas políticas que conforman el Botánic a la hora de garantizar la continuidad en algunas de las políticas sociales más incisivas practicadas por el Consell. En ese sentido, es una incógnita a despejar si Compromís resiste airosamente a las dificultades que atraviesa, o si el espacio de Unidas Podemos se consolida. Todo ello, con las elecciones generales de fondo. Definitivamente, parece que 2023 no va a dar tregua para el aburrimiento.