“Pay them more…!”

Desde que a finales del año pasado se iniciara la recuperación post-pandemia, el discurso empresarial y mediático sobre las dificultades de reclutamiento de trabajadores en algunos sectores (agricultura, construcción, transporte, hostelería…) se ha vuelto recurrente.

¿Cómo es posible -se plantea de forma tan simplista como unidireccional- que habiendo casi tres millones de parados, las empresas tengan dificultades para cubrir miles de vacantes?

La mayoría de las respuestas reproduce el argumentario neoliberal con algunas aportaciones específicas, oscilando entre culpar a la reforma laboral (que impide -dicen- contratar con la flexibilidad necesaria), al aumento del salario mínimo interprofesional (que encarece los costes laborales), las prestaciones sociales (“paguitas” que desincentivan la búsqueda de empleo) y, los más sofisticados, a la falta de empleabilidad, cualificación y movilidad de los recursos humanos.

Se trata, en cualquier caso, de un relato sesgado y deslegitimador que exagera el alcance del problema, confunde sus causas y elude asumir las alternativas necesarias para resolverlo. Algo similar a lo que ya sucedió no hace tanto en Estados Unidos y que el presidente Biden resolvió de forma contundente: “Pagadles más!”.

Veamos ahora qué hay de cierto y cuánto de demagogia clasista en el relato patronal y periodístico sobre las vacantes laborales no cubiertas, tanto a nivel internacional como en el mercado de trabajo español, con especial referencia al sector de la hostelería que afronta una campaña veraniega expansiva.

Un nuevo fantasma recorre el mundo…

El impacto de la pandemia COVID sobre las estructuras y dinámicas (colectivas) de los mercados de trabajo, así como las estrategias y percepciones (individuales) de sus actores, está aún lejos de ser evaluado en profundidad, si bien presenta ya significativos indicadores de crisis y transformación, tales como desajustes  oferta/demanda de empleo y emergencia de nuevas reivindicaciones laborales, de carácter tanto cuantitativo (salarios, jornada, horas extra…) como cualitativo (tipo de contrato, conciliación, prevención de riesgos…).

Una de las expresiones más llamativas de ese proceso es lo que en Estados Unidos se ha denominado la “gran dimisión” (The Great Resignation), que supone la renuncia voluntaria de muchos trabajadores a su empleo  (4 millones de media mensual) para buscar otro, como expresión de rechazo a los bajos salarios y malas condiciones laborales, en el contexto de un mercado de trabajo tan dinámico económicamente (flujos de entrada y salida) como poco protegido socialmente (prestaciones, negociación colectiva).

Aunque en la Unión Europea no se constata un volumen tan grande de renuncias sí se registra un número significativo de vacantes. Según datos de Eurostat, en el primer trimestre de 2022 eran  aproximadamente 5.200.000 los puestos de trabajo sin cubrir, lo que equivale al 3,1% del empleo asalariado total (168.400.000) y constituye un claro síntoma de las disfunciones del sistema.

España es el país de la UE que registra un menor número de vacantes: 133.988 (0,9% del empleo total), según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral realizada por el INE (tabla 1), de los que 15.879 corresponden a la Comunidad Valenciana, habiéndose incrementado en un 30% desde el inicio de la pandemia.

Pese a la reducida magnitud del caso en nuestro país, en los últimos meses se ha viralizado un fantasmal discurso por parte del algunas cúpulas patronales y medios informativos que exageran alarmantemente su alcance (“la construcción necesita 700.000 puestos de trabajo”, “hay 100.000 vacantes en la hostelería”, “habrá que traer emigrantes, ya que los parados de aquí no quieren trabajar…”) y culpan del problema a los recientes cambios normativos y altos costes laborales que estarían amenazando la recuperación económica, tratando de ocultar los principales factores explicativos del mismo.

No se trata exclusivamente de desajustes temporales entre la oferta y demanda de trabajo que, según la narrativa neoliberal, deberían resolver los mecanismos de la mano invisible, sino que derivan de un sistema productivo incapaz de generar pleno empleo de calidad y un modelo laboral gravemente desequilibrado (empresarios/trabajadores) y con altos índices de precariedad contractual, bajos salarios, largas jornadas y dificultades para la conciliación.

La mayor parte de las vacantes se concentra en los sectores que requieren escasa cualificación de sus empleados (agricultura, construcción, hostelería, transporte…) siendo, precisamente, los que presentan mayores tasas de temporalidad (tabla 2) y menores salarios (tabla 3), siendo la situación española especialmente negativa  respecto de la media europea y de los principales países de nuestro entorno.

Son, pues, las malas condiciones laborales las que explican la existencia de vacantes en dichos sectores, mientras que las empresas y actividades que aplican los estándares básicos no tienen dificultades de contratación sino que, en muchos casos, sufren la competencia desleal de las que incumplen normativa y convenios contratando a la baja y reduciendo sus costes laborales.

Por el contrario, el discurso empresarial apunta hacia la falta de cualificación y movilidad de la mano de obra como factor explicativo de las vacantes. Si bien es cierto que pueden existir puntuales  déficits en dichos procesos (que la Ley de Empleo recientemente aprobada por el Gobierno pretende afrontar), no lo es menos que la alta temporalidad y la rotación contractual en sectores como la construcción y la hostelería, agravados por la pandemia, habrían roto los procesos orgánicos de formación de los trabajadores en las empresas que ahora encuentran dificultades para recomponerlos.

Cabe señalar que, según Eurostat, España es el país de la UE con más trabajadores sobrecualificados para el puesto que ocupan (29,2%de media y, prácticamente, el doble en el sector de la hostelería) lo que genera frustración y explica el rechazo creciente, especialmente entre los jóvenes, a determinados perfiles profesionales.

“Ya no hay camareros como los de antes…”

Lo dijo hace años un viejo ministro del PP, con la facundia tópica del señorito andaluz, y lo repiten ahora en clave aséptica de marketing las patronales del sector, según las cuales se necesitan urgentemente 50.000 camareros o más para trabajar este verano.

Por su parte, la encuesta del INE, correspondiente al primer trimestre del presente año, había fijado en casi 7.000 el número de puestos sin cubrir en el conjunto de la hostelería, tras haber sido este sector uno de los más afectados por las restricciones derivadas de la COVID, no habiendo recuperado aún los niveles de empleo que tenía antes de la pandemia (tabla 4), pese a la importante protección aportada por los ERTE que en los momentos más duros de la misma garantizaron las prestaciones del 85% de los trabajadores del sector, una parte de los cuales buscó desde entonces incorporarse a otras ramas de actividad.

Los efectos coyunturales de la pandemia habrían operado sobre otros factores estructurales del sector reforzando las características más críticas de su modelo de empleo, hasta devenir en paradigma de la precariedad.

Durante el anterior período de mayor actividad (tercer trimestre de 2021), el sector de la hostelería estaba integrado por un total de 274.000 centros de trabajo, de los que el 28,5% eran autónomos (tabla 5) y el resto empresas con asalariados, de las que el 91,2% correspondían al subsector de restauración y el 8,8% al de alojamiento, con un alto porcentaje de pymes.

En cuanto a las características estructurales del empleo, destacan los altos índices de temporalidad (39,3%) y parcialidad (30,7%) muy superiores a la media (tabla 6), así como la existencia de malas prácticas empresariales, tales como contratos de 20 horas semanales para jornadas reales de 40 o más, horas extraordinarias no pagadas o abonadas en B, lo que, además de constituir un fraude fiscal y a la Seguridad Social, repercute negativamente en las prestaciones por desempleo, por ERTE o por jubilación de los trabajadores y explicaría gran parte de las deserciones profesionales y los bajos índices de fidelidad e identificación al mismo. Según una encuesta de Eurofirms  sobre la percepción del empleo en el sector de la hostelería y la restauración, sólo el 9% de los trabajadores del sector se considera vocacional, mientras que el 69% espera no seguir en él dentro de cinco años y el 40% no lo recomendaría bajo ningún concepto.

Los salarios del sector son, además, los más bajos de todas las secciones de actividad: 1.150 euros/mes, muy inferior a la media (2.006), según la última Encuesta de Coste Laboral, lo que junto a los altos costes de la vivienda en las zonas turísticas dificulta notablemente la movilidad de los trabajadores.

Y mientras en los inicios de la campaña actual, para la que se prevén altos niveles de ocupación y gasto, se registran incrementos de precios en el sector de entre 25 y 30 por cien, más de un tercio de los trabajadores del mismo siguen con sus convenios congelados, en algunos casos desde hace varios años.

En definitiva, no faltan personas para trabajar en hostelería…, faltan derechos para las personas que trabajan en hostelería y en otras actividades altamente precarizadas que generan vacantes, rotación y desafección de los trabajadores, al tiempo que exigen renovar su modelo de empleo y relaciones laborales, pues como dijo hace ya más de un siglo el primer abogado laboralista de nuestro país, el anarquista catalán Francesc Layret, “cuando los trabajadores protestan, cualquiera que sea la forma en que lo hagan (huelga, boicot, …), no es que no quieran trabajar…, es que quieren hacerlo en mejores condiciones!”