Prioridad nacional y recortes: PP y Vox pactan en la Comunitat Valenciana unos presupuestos que anticipan su agenda para todo el país

La “prioridad nacional”, el eufemismo que usa Vox para tratar de dejar a los migrantes sin ayudas públicas, ya es una ley. La alianza del PP con la ultraderecha plasma por primera vez en un texto legal en España el concepto importado del lepenismo, obsesionados con la inmigración en Europa. Y lo hace a través de los presupuestos de la Generalitat Valenciana, aprobados este miércoles en las Corts Valencianes, con una redacción que incorpora este “principio”.

Los presupuestos que Juanfran Pérez Llorca ha pactado con Vox anticipan la agenda ultra en otros territorios, y son una muestra de las políticas que podrían desarrollarse en el Gobierno de España si Alberto Núñez Feijóo pacta un Ejecutivo con Santiago Abascal: ataques a la inmigración, recortes en igualdad y un intento de desprestigiar a las lenguas cooficiales del Estado y las instituciones de fiscalización. Y todavía faltan por materializarse las enmiendas a la ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de acompañamiento, donde hay medidas contra el burka, textos contra el aborto, rebajas fiscales a los grandes patrimonios y cuota para militares en la Policía Local. Del mismo modo que Pérez Llorca fue pionero al negociar el primer gobierno autonómico de PP con Vox, al conseguir el pacto de investidura de Carlos Mazón en 2023, ahora tiene también el título de ser el primero en dar rango de ley a un concepto de dudosa constitucionalidad.

¿Y cómo se ha plasmado la “prioridad nacional”? En los objetivos y líneas de actuación, la letra pequeña de las partidas presupuestarias. El término en decenas de enmiendas, centradas en vivienda y en ayudas de emergencia social, como la renta valenciana de inclusión, ayudas a la compra de vivienda, ayudas de emergencia por vulnerabilidad social, ayudas a la maternidad, ayudas a familias con hijos, e incluso en ayudas a las personas sin hogar, las más vulnerables en la escala social.

Para tratar de evitar un conflicto jurídico, las enmiendas de Vox añaden en la redacción que el principio debe aplicarse “adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradera y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región”. En estas ayudas se exige que se refuercen criterios como el “empadronamiento histórico” en la Comunitat Valenciana o en España y criterios de “vinculación económica y social” como la cotización o la existencia de familiares de primer grado en el territorio.

El president ha señalado que a la 'prioridad nacional' de la que habla Vox el PP pone “el énfasis en el arraigo” y niega que sea una política discriminatoria: “Aquí se han hecho afirmaciones que son completamente falsas. Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría, jamás lo toleraría ningún dirigente del Partido Popular que ha votado a favor de estos presupuestos”, ha asegurado tras la aprobación de las cuentas, aunque la redacción de las enmiendas de Vox indica lo contrario.

Eliminar la Oficina de Inclusión y sustituirla por una “Oficina de Arraigo y Retorno”

Entre las enmiendas más destacadas por el partido ultra está la que quiere hacer desaparecee la Oficina Valenciana de Inclusión, puesta en marcha a principios de año por la vicepresidenta Susana Camarero, y que tenía previsto un presupuesto de 900.000 euros. En su lugar, la línea pasa a denominarse “Oficina de Arraigo y Retorno” con el objetivo de “dar soporte a entidades que impulsen programas, guías y actuaciones dirigidas a fomentar el retorno voluntario a los países de origen de las personas migrantes que se encuentran en la Comunitat Valenciana”.

Asímismo, Vox ha incorporado “la elaboración de un estudio sobre el impacto de la inmigración masiva en la vivienda, los servicios públicos y la seguridad” o “acciones que tengan por objeto el fomento y el asesoramiento sobre el retorno voluntario a los países de origen de las personas migrantes de la Comunitat Valenciana”. Se crea una línea de 600.000 euros para “dar soporte a entidades que impulsen programas, guías y actuaciones dirigidas a fomentar el retorno voluntario a los países de origen de las personas migrantes que se encuentran en la Comunitat Valenciana”.

Más recortes a sindicatos y planes de igualdad

PP y Vox acordaron reducir en 100.000 euros las ayudas directas que recibían los sindicatos UGT y CCOO (50.000 euros a cada uno) para la elaboración de planes de igualdad, y redirigir ese dinero a una nueva línea de subvenciones destinada a impulsar el empleo en municipios en riesgo de despoblación. En materia de igualdad, también acordaron eliminar una disposición adicional del Plan Valenciano contra la Violencia de Género y Machista encaminada a fiscalizar su desarrollo.

Recorte de ayudas al audiovisual crítico

La cultura audiovisual tampoco es una prioridad para PP y Vox. En el debate de enmiendas, ambos partidos acordaron un recorte del 50% de la aportación del Consell de l'Audiovisual valenciano a la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual para la organización de los premios de cine valenciano.

El Consell del Audiovisual tendrá 3 millones de euros de presupuesto, pero recorta la aportación para la organización de los premios Lola Gaos, en cuya gala organizadores y artistas han resultado muy críticos con el Ejecutivo del PP. Vox, quien propuso la enmienda, recorta en 65.000 euros esta ayuda y la destina a una línea para la gestión del archivo audiovisual de la Comunitat Valenciana, que realiza la radiotelevisión pública a través de la Corporación.

El único desencuentro que han mantenido PP y Vox ha venido con la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tras un primer recorte en las cuentas de Mazón, su sucesor ha bloqueado la retirada de casi un millón de euros para el ente académico, que la hubiera dejado tiritando. Vox ya trató en los últimos presupuestos de desviar dinero a otras entidades a través de la AVL, pero no se llegaron a ejecutar.

En otros casos no ha hecho falta esperar a las aportaciones de Vox para los recortes. En el caso de las políticas LGTBI+, la redacción de partida de la dirección general de Diversidad ya eliminaba las referencias al colectivo y sustituyó las siglas por un vago “igualdad efectiva de todas las personas”. También en en el caso de la 'okupación': el Consell ha puesto en marcha una oficina para “víctimas de ocupación irregular” y ha licitado un servicio exprés de desalojo para el parque público, a través de empresas privadas.

Los presupuestos aprobados en las Corts este martes son los terceros de PP y Vox y serán los últimos de la legislatura. Las cuentas llegan después de tres años de legislatura en los que se ha modificado la ley educativa para reducir el uso del valenciano, tomado el control de la radiotelevisión pública, cambiado la ley de la Agencia Antifraude, amenzado a instituciones como el Síndic de Greuges; se han reforzado las ayudas a la tauromaquia, se han rebajado las leyes de protección del territorio o se ha fomentado una política de vivienda pública basada en la construcción y privatización de la gestión de la vivienda protegida.