El Supremo ratifica la sentencia que obliga a la Generalitat a dirigirse a los gobiernos catalán y balear en castellano

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los incidentes de nulidad promovidos por la Abogacía de la Generalitat Valenciana y por el sindicato STEPV-Iv contra la resolución del alto tribunal que confirmó la anulación de parte del decreto que regula los usos de las lenguas oficiales (castellano y valenciano) en la administración valenciana para, por ejemplo, comunicarse con las autonomías “del mismo ámbito lingüístico”, Baleares y Cataluña.

De este modo el Supremo ratifica la sentencia del TSJCV que el pasado mes de junio, que dejaba sin efecto una parte sustancial de la normativa autonómica al desestimar los recursos de casación interpuestos por la Generalitat y la organización sindical.  Con esta desestimación se confirma la obligatoriedad de la Generalitat Valenciana de dirigirse a los gobiernos catalán y balear también en castellano, pese a que las tres autonomías compartan su propia lengua cooficial.

La decisión confirma la decisión del TSJCV que estimó en parte el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anuló 11 artículos y una disposición final. Al desestimar el incidente de nulidad, también se imponen las costas a los promotores -Consell y STEPV-Iv-, con 1.000 euros a cada uno de ellos.

Recurso al Constitucional

Ante esta situación el síndic del grupo socialista en les Corts, Manolo Mata, ha afirmado que es “es inexplicable que en pleno siglo XXI una comunidad autónoma no pueda dirigirse a otra en un idioma que ambas entienden”. Según Manolo Mata, “si el problema reside en una ley estatal que el Supremo aplica con rigurosidad, a lo mejor habría que cambiarla”; finalmente ha añadido que “si el Supremo dice otra cosa, que lo decida el Constitucional”.

En la misma línea se ha exprresado el síndic de Compromís, Fran Ferri, quien ha apuntado que “aún queda una vía en el Constitucional” y ha instado a “agotar todas las vías” para que se le dé la razón a la Generalitat “. Para Ferri, es una cuestión de ”sentido común“ que ”administraciones que utilizan la misma lengua puedan comunicarse en cualquiera de ellas“. ”El decreto no decía otra cosa que no sea esto, este es un paso más en aquello que consideramos que es necesario para sacar adelante una cuestión que por la vía de la Constitución debería de estar garantizado“.

Por su parte desde el PP, formación promotora del recursa, el auto del Supremo es “un varapalo al pancatalanismo del Botànic”. El diputadopopular Jorge Bellver destacaba así que “ni el catalán es oficial en la Comunitat Valenciana ni el valenciano es oficial en Catalunya”.