El Ayuntamiento de València comunica la licencia de un bajo turístico horas antes de que Compromís denuncie que opera sin permiso

En la ciudad de València a menudo se dan coincidencias inquietantes, como licencias que aparecen de la noche a la mañana o apartamentos turísticos que brotan como por arte de magia. Es lo que ha sucedido este jueves en el barrio de la Malva-rosa, uno de los más turísticos de la ciudad, poco antes de que la coalición Compromís y la asociación de vecinos del Cabanyal realizaran un acto de denuncia contra los bajos turísticos.

Los valencianistas han alquilado un apartamento que, en teoría, está clausurado. Al menos, tenía una orden de cierre desde hace dos años, tras una inspección de la Policía Local. Y así constaba en los expedientes remitidos al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, que obligó al Ayuntamiento a señalar los apartamentos clausurados. Con la performance de este jueves, la coalición y los vecinos han denunciado que la moratoria a la apertura de nuevos apartamentos, aprobada por el PP y Vox en mayo de 2024, no ha tenido efectividad, y que los apartamentos irregulares siguen operando con normalidad.

Este mismo jueves, tras abonar los 172 euros por estancia, la coalición se ha topado con que el apartamento, situado detrás de las Casitas Rosas, ya tiene licencia. El Ayuntamiento de València ha comunicado a primera hora de la mañana a la asociación de vecinos, que realizó una denuncia, que el inmueble de la calle Beato Juan Grande dispone de título habilitante y que cierra el expediente presentado.

El consistorio decretó en mayo de 2024 la suspensión de la actividad al operar sin licencia, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. La Policía Local levantó un acta en enero de 2024 en la que acredita que el inmueble es de uso turístico y que se promociona en un portal web especializado. El Ayuntamiento, en marzo del mismo año, inició un expediente en el que señala que el establecimiento no tiene licencia para esta actividad y que “no consta concedida licencia para cambio de uso”, además de constatar que “el uso atribuido al inmueble sería el de almacén-estacionamiento”. Son, en concreto, cuatro apartamentos sobre un viejo garaje, según se desprende de una de las fichas del inmueble.

El apartamento también figura en el listado de establecimientos clausurados por el consistorio, que el servicio de Licencias y Urbanismo trasladó a Compromís después de que insistiera el Síndic de Greuges. La fecha del documento es el 15 de enero de 2026, justo hace un mes. Sin embargo, el consistorio apunta ahora que “disponen de título habilitante obtenido en el año 2024 en un expediente abierto en el 2022”.

El equipo de gobierno que dirige María José Catalá ha aprovechado esta comunicación para defender que el caso del apartamento turístico en la calle Beato Juan Grande “es del año 2022, cuando gobernaba Compromís”. El consistorio reconoce que el mismo jueves se trasladó la licencia y han afeado: “Han instigado a un apartamento legal”. Pero no ha explicado a qué se debe este cambio en los expedientes, por qué en 2024 se ordena el cierre y en 2026 aparece una licencia solicitada en 2022. Un salto temporal notable en la tramitación.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha denunciado que este es “uno de los apartamentos que Catalá dice que ha cerrado. Ni son 1.000, ni están cerrados. Es una operación de propaganda que no resiste la prueba de los hechos. La alcaldesa miente”. Además, muchas de las resoluciones no son órdenes de cierre, sino simples actas de inspección: “Su política es papel mojado: no protege al vecindario frente a los abusos, no hace cumplir la legalidad y siempre trabaja para favorecer a los especuladores, a quienes nos están expulsando de nuestros barrios”, ha insistido Robles.

Los vecinos denuncian que opera “la ley de la selva”

Los vecinos de El Cabanyal, que han acudido como invitados a la jornada de Compromís, han lamentado tener que ejercer el trabajo que corresponde a las autoridades públicas respecto al control de los apartamentos. Están hartos de realizar denuncias y de que broten los apartamentos en los barrios. “Nos apena que el gobierno no ayude a los vecinos y ayude más a las plataformas. Pedimos a los poderes públicos que paren esta locura”, lamentan desde la entidad vecinal. “Es el modelo de la ley de la selva”, insisten.

La asociación de vecinos también apunta que muchos de estos apartamentos tienen cámaras de seguridad en la puerta, que apuntan a la vía pública, y cuyas imágenes están bajo control privado. Los vecinos han pedido cámaras públicas en algunos puntos conflictivos alegando razones de seguridad y el consistorio lo ha rechazado, pero, censuran, sí permite que las tengan las empresas turísticas.

Baile de cifras

Este jueves, la concejala de Turismo, Paula Llobet, ha afirmado que desde la entrada en vigor de la moratoria se han reducido en 1.459 las Viviendas de Uso Turístico y que la Policía Local ha denunciado más de mil apartamentos turísticos, principalmente en Ciutat Vella y Poblats Marítims.

Desde que la corporación aprobara la moratoria que suspendía la concesión de licencias de apartamentos turísticos, en mayo de 2024, el número de apartamentos registrados en la base de datos de Visit Valencia se ha reducido de 10.516 a 9.057, asegura el consistorio.