Falta de información y competencia del Gobierno: las falacias de PP y Vox en la comisión de la dana en las Corts

El PP y Vox han registrado en las Corts Valencianes una propuesta de dictamen con las conclusiones de la comisión de investigación sobre la dana de 2024 que viene derivar la práctica totalidad de la responsabilidad al Gobierno central, mientras que pasa de puntillas por los flagrantes errores y omisiones de la Generalitat Valenciana, pese a tener todas las competencias delegadas en materia de protección civil.

Aunque el documento aún no es definitivo puesto que se pueden presentar enmiendas, no se prevén cambios sustanciales, por lo que el dictamen definitivo se aprobará previsiblemente en la última sesión de la comisión que tendrá lugar el 27 de mayo.

El documento de PP y Vox, de 126 páginas, señala que existía cobertura legal para que el Estado hubiera asumido la dirección de la emergencia y critica tanto las “deficiencias” en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia como la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.

Además, dedica gran parte de las conclusiones a derivar la responsabilidad de la gestión de la catástrofe al Gobierno por no haber declarado la emergencia nacional que se puede activar a petición de la autonomía o de oficio por el ejecutivo central, algo que no hizo porque el expresidente Carlos Mazón se opuso. De hecho, en su comparecencia para presentar su dimisión afirmó que uno de sus errores fue no pedir la declaración de emergencia nacional, reconociendo además que hizo caso omiso a la recomendación de su líder Alberto Núñez Feijóo.

A ello se une que tanto la jueza instructora como la Audiencia Nacional han avalado por activa y por pasiva que la Generalitat Valenciana era la responsable de gestionar la catástrofe. De hecho, en uno de sus autos, la magistrada del juzgado de Catarroja que investiga el caso afirmó que “las víctimas no necesitaban la emergencia nacional sino la acción de la Administración autonómica”, es decir, que se les avisara con tiempo.

Las conclusiones también recurren al bulo del apagón informativo, amplia y reiteradamente desmontado por ambas instancias judiciales: “A lo largo de la Comisión, existe una coincidencia al concluir que la toma de decisiones se desarrolló en un contexto de elevada incertidumbre, derivado de deficiencias en la transmisión de datos hidrológicos, limitaciones en los sistemas de predicción y problemas en la integración de la información en tiempo real. Esta situación ha sido descrita como un auténtico ”apagón informativo“, especialmente en relación con la información procedente de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

Sin embargo, en base a la misma información, la Universitat de València suspendió sus clases, lo mismo que diversos ayuntamientos como el de Utiel, y la Diputación de València mandó a todos sus funcionarios a casa por las previsiones de la Aemet, las mismas que sirvieron a la embajada de Japón para recomendar el 28 de octubre, uno antes de la dana, a sus ciudadanos ubicados en la provincia que se preparan para una situación de emergencia,

Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mandó a Emergencias numerosos correos de pluviometría y de caudales por superación de umbrales. Uno de los primeros ingenieros en declarar como testigo en el juzgado, en concreto el ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Francisco Vallés, destacó el papel de la Aemet: “Sus predicciones tenían que haberse tenido en cuenta. Hay que tomarse en serio a Aemet, que hizo un gran papel avisando desde días anteriores”.

Por último, atribuye también el escrito de conclusiones un amplio apartado para las obras hidráulicas no ejecutadas. Si bien es cierto que atribuye a la responsabilidad a “los sucesivos gobiernos de la nación”, la realidad es que como evidenció el vicepresidente para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) dejó sin ejecutar las obras de encauzamiento por los recortes derivados de la crisis económica, lo que, en consecuencia, hizo caducar la declaración de impacto ambiental y obligó a tramitarla de nuevo.

El dictamen afirma que “la información recabada durante la Comisión permite sostener que la ejecución de una parte sustancial de estas actuaciones habría contribuido de manera significativa a reducir tanto la magnitud de las avenidas como el impacto de sus efectos sobre la población, las infraestructuras y los bienes afectados”.

El mismo perito de la UPV, Francisco Vallés, declaró al respecto: “Se hubiera conseguido más con una buena gestión de la emergencia incluso que con las actuaciones porque [dada] la capacidad para la que estaban pensadas [las infraestructuras] se hubiera desbordado, más tarde, pero se hubiera desbordado”. 

Recientemente, la Audiencia de Valencia avaló a la jueza de Catarroja al concluir que no existía ninguna norma que impusiera “la ejecución de trabajos u obras en los cauces para evitar las consecuencias de incrementos de caudal como los que se produjeron con ocasión de la dana de 29 de octubre de 2024”.

Por lo que respecta a las responsabilidades de la Generalitat, se han incluido tan solo algunas referencias que hablan de “una falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.