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La izquierda se alía en el Ayuntamiento de València contra la inacción del PP y Vox en políticas contra el cambio climático. A un mes de que venza el plazo para aprobar una ordenanza que regule las emisiones contaminantes en la ciudad, y después de que Vox tumbara el proyecto del equipo de gobierno al que pertenece, Compromís y el PSPV han presentado de manera conjunta una propuesta de zona de bajas emisiones que evite la perdida de 115 millones de euros en ayudas europeas y posibles multas millonarias.
Los partidos vuelven a ensayar la coalición con la que gobernaron entre 2015 y 2023 y presentan, por primera vez en este mandato, un plan conjunto de gran calado para la ciudad. Se trata de un pleno extraordinario en el que debatir, in extremis, una norma que inicie el rediseño de las políticas verdes en la ciudad, aparcadas tras la llegada de PP y Vox. La alianza de izquierdas busca presionar al PP de María José Catalá ante sus socios de gobierno, que no solo han tumbado el proyecto contra la contaminación de la capital, sino que han registrado una propuesta en las Corts para que se deroguen las zonas de bajas emisiones ya existentes. La exigencia se produce en el marco de las negociaciones con el PP para la presidencia de la Generalitat. El peaje costará a los valencianos casi 150 millones de euros, entre ayudas perdidas, posibles sanciones y planes que irán por los aires.
La oposición reclama a la alcaldesa que convoque un pleno extraordinario para aprobar la moción conjunta. En el texto, los grupos progresistas plantean un calendario que flexibilice la aplicación -primero reducir los vehículos de no residentes y después los de vecinos-, piden aumentar el estacionamiento reservado para residentes al 55% en cada barrio, priorizar el transporte público mediante lo recaudado y sancionar a los vehículos más contaminantes -etiqueta A- a partir de enero de 2027. La propuesta sancionadora afecta al 8% de los vehículos que circulan por la capital, entre los que están censados dentro y fuera del término municipal, en una primera tanda. Las limitaciones a la etiqueta B, cerca de un 20% del parque móvil de la ciudad, no llegarían hasta 2028.
Compromís y el PSPV reclaman que las excepciones tengan en cuenta los niveles de renta, a través del IPREM, para no sancionar a quienes no pueden cambiar de vehículo, también a actividades económicas y servicios esenciales y vehículos para personas con movilidad reducida. El texto incorpora ayudas para las familias más vulnerables y un régimen transitorio para que los comercios y actividades económicas puedan adaptarse sin impactos negativos.
Más allá de la medida concreta sobre una ordenanza de bajas emisiones, la izquierda vuelve a dibujar conjuntamente unas políticas de movilidad sostenible en la capital. La moción incluye la revisión y reversión de decisiones del gobierno de Catalá que, según los varios estudios universitarios, han incrementado el tráfico y las emisiones, como la reordenación de la calle Colón. Los grupos apuestan por priorizar los espacios verdes, la movilidad a pie y los proyectos que reduzcan el tráfico rodado, como el Corredor Verde de García Lorca sin tráfico de vehículos. También reclaman mejoras en el servicio de metro y cercanías, y de la propia EMT, que es competencia municipal, aumentar aparcamientos disuasorios y, en definitiva, disuadir del uso constante del vehículo privado.
Ambas formaciones consideran la situación en la ciudad de “riesgo colectivo” para la salud. Según datos aportados, como ha detallado el portavoz socialista Borja Sanjuán, estudios de la Universidad Politécnica de València confirman que el 40% de los barrios de la ciudad ya superan los límites de contaminación actuales, y que con la nueva normativa europea prácticamente toda València quedaría en situación de incumplimiento. Ello afecta a la calidad de vida de los residentes de la ciudad, que tienen “derecho” a respirar aire limpio, señala el socialista.
“Ofrecemos una solución real, más justa y social que la propuesta del PP, porque la ciudad no puede seguir bloqueada por la incapacidad del gobierno”, ha añadido la portavoz de Compromís, Papi Robles. “No queremos hablar solo de etiquetas, sino de un calendario lógico de implantación y de impulsar ayudas a la ciudadanía que no tenga recursos para cambiar de coche. Y que todo lo que recaude el Ayuntamiento de València vaya a reforzar el transporte público, para que sea de verdad una alternativa para la ciudadanía”, ha concluido.