El PSPV amplía la denuncia contra el exportavoz de Vox en Valencia, Juan Manuel Badenas, por los contratos de la fundación Valencia Activa. Los socialistas aportan a la causa más de 2.000 folios referidos a una quincena de contratos, realizados en 2024, que ascienden a casi medio millón de euros entre jornadas, patrocinios de eventos y encargos de estudios.
Los socialistas apuntan a “irregularidades” en la fundación Valencia Activa y las concejalías de Empleo, Parques y Jardines y de Emprendimiento a través de diversos contratos bajo la dirección de los ediles de Vox Juanma Badenas y Cecilia Herrero, recientemente apartados de sus responsabilidades y recolocados en las concejalías de Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial, suman un total de 481.976 euros.
Los socialistas señalan a la alcaldesa de València, María José Catalá, presidenta de la fundación por su cargo, y apuntan a una posible responsabilidad penal: “Ha omitido el deber de velar por la legalidad”, sostienen. El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Borja Sanjuán, ha manifestado que Catalá puede incurrir en delitos “de administración desleal, prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos en su posición de garante como presidenta” y ha incidido en que se debe a “la obligación que tiene estatutariamente como presidenta de la Fundación València Activa”.
Sanjuán ha añadido que Catalá tiene “la obligación de conocer” esas contrataciones y ha criticado que “ha actuado de una manera consciente en contra de que se conozcan”, al tiempo que ha asegurado que la alcaldesa “no quiere investigar para mantener el voto de los concejales de Vox -Badenas y Herrero- que necesita para seguir gobernando” la ciudad. La alcaldesa readmitió a los dos concejales después de que Vox hiciera lo propio, asegurando que pidieron disculpas y dando por concluído el expediente.
“Casi medio millón de euros en contratos irregulares. Esta es la factura de Catalá para asegurarse el voto de los concejales de Vox que ahora está investigando la Fiscalía como demuestra la entrada de la UCO en el Ayuntamiento durante el pasado pleno municipal para exigir documentación”, ha insistido el concejal socialista.
Durante su comparecencia, el portavoz del PSPV-PSOE ha hablado de los quince “contratos irregulares” con los que se amplía la denuncia y los ha desglosado en cuatro apartados: los “adjudicados a empresas vinculadas al empresario José Parés” - que superan los 300.000 euros-, “a empresas que ofrecen servicios profesionales a partidos políticos”, los “adjudicados para favorecer a medios de comunicación afines” y “otros procedimientos irregulares a favor de empresas como el encargado a la firma de Daniel Lacalle”, a quien se le pidió un plan estratégico de empleo que, según los socialistas, aún no ha entregado.
Sanjuán ha citado como ejemplo “un contrato de 17.000 euros por un evento que duró solamente dos horas” o “una adjudicación en la que el subdirector de Valencia Activa aseguró que un evento ya se había realizado para que el Ayuntamiento pagase cuando, realmente, tuvo lugar más de un mes después de que se abonase”. “Se falsifica un informe para poder pagar antes de que se celebre el acto”, ha apuntado el concejal.
En su respuesta, el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha apuntado que “la UCO ha requisado información y contratos de la etapa del gobierno socialista y de izquierdas -en el consistori--, algunos vinculados directamente con el marido de la delegada del Gobierno, otros cuyos máximos responsables son hoy concejales del PSOE”, ha añadido Caballero en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.