El derecho a reparar y la lucha contra la obsolescencia programada

Nos hemos acostumbrado a usar y tirar. La ropa nos dura un año, no solo porque pase de moda, sino porque se deteriora rápidamente. Un teléfono móvil de más de dos años ya es obsoleto, como lo es un coche de más de cinco. Esto no es casualidad, sino una estrategia muy calculada. 

Este frenesí de compras y constante renovación produce grandes cantidades de residuos, especialmente de electrónica, que en el caso de la Unión Europea, más de 2.500 millones de toneladas al año. Como explica el documental “Comprar, tirar, comprar” producido por RTVE, los fabricantes ponen a la venta productos diseñados para que se estropeen o dejen de ser funcionales. Por ejemplo, las baterías de litio, de forma inevitable, pierden su capacidad de carga con el tiempo, pero eso no debería obligarnos a cambiar el teléfono móvil entero en lugar de remplazar la batería.

Por ejemplo, en 2017, la ley estadounidense obligó a Apple a ofrecer reemplazos de batería para el iPhone 6 y modelos posteriores a un precio reducido, después de que se revelara que la compañía estaba ralentizando a propósito los teléfonos más antiguos con cada una de las actualizaciones de software con la excusa de alargar la vida de la batería.

Según una encuesta del Eurobarómetro, el 79% de los ciudadanos de la UE cree que se debe exigir a los fabricantes que faciliten la reparación de los dispositivos digitales o la sustitución de sus piezas sueltas, y el 77% prefiere reparar sus dispositivos a comprar otros nuevos.

El pasado 7 de abril, el Parlamento Europeo estableció unas prioridades sobre el “derecho a reparar”, lo que resultara en una propuesta de la Comisión prevista para el tercer trimestre de 2022. El objetivo, alcanzar un modelo de economía circular para 2050, los que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para aumentar su ciclo de vida.

El derecho a reparar y sus enemigos

La obsolescencia programada está presente en muchos productos hoy en día, desde los coches hasta los teléfonos y los electrodomésticos. El origen de la obsolescencia programada se atribuye a la industria del automóvil en EE UU. En los años veinte del pasado siglo, el mercado del automóvil en este país estaba saturado, y las ventas empezaron a caer. Para evitarlo, el ejecutivo de General Motors Alfred P. Sloan Jr. sugirió lanzar nuevos modelos cada año.

Además de los coches, la obsolescencia programada afecta a toda la electrónica, desde los ordenadores hasta los teléfonos móviles, los electrodomésticos, el software informático, la moda, el calzado, los juguetes, los libros de texto o incluso el mobiliario. El derecho a reparar es un movimiento que comenzó a principios de la década de 2000 en respuesta a la creciente cantidad de residuos electrónicos que se generan. El objetivo del movimiento es facilitar a los consumidores la reparación de sus propios dispositivos, en lugar de tener que sustituirlos. 

En 2012, el estado de Massachusetts en EE UU se convirtió en el primero en aprobar una ley de derecho a reparar para los automóviles, exigiendo a los fabricantes a poner la información de diagnóstico y reparación a disposición de los talleres independientes y de los consumidores particulares. En ese mismo año la Unión Europea aprobó la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que obliga a los fabricantes a proporcionar a los consumidores información sobre cómo reparar sus productos. 

La directiva también estableció normas para la recogida y el reciclaje de residuos electrónicos. Varios Estados miembro han aprobado leyes basadas en esta directiva, como el programa en Suecia para cambiar sus aparatos viejos por otros nuevos con descuento, o la ley en Finlandia que ha introducido una ley que obliga a los fabricantes a vender piezas de recambio para los aparatos. 

Sin embargo, esta primera directiva era ambigua y su implantación en los distintos países de la UE fue desigual. La nueva resolución del Parlamento subraya que los dispositivos tienen que ser más duraderos, fáciles de reparar e incluir piezas que se puedan quitar y remplazar. Además, plantea normas armonizadas sobre información al consumidor respecto a la reparación y la ampliación de las garantías.

Más tiempo para reparar, más instrucciones para hacerlo

En España, este año entró en vigor la actualización de la Ley General de Defensa de los Consumidores. Con esta reforma se introducen cambios que protegen el derecho a reparar de los consumidores. El primero es la extensión de la garantía de un producto de dos a tres años. Esto cubriría cualquier defecto de fábrica que se produjera en ese periodo. Además, los fabricantes deben tener disponibles piezas de recambio de los productos durante 10 años después de su retirada del mercado, en lugar de cinco como hasta ahora.

Con la legislación antigua, durante los primeros seis meses se asumía que el fallo era de fabricación, pero más allá el consumidor tenía que demostrar que no había hecho un mal uso del aparato. Este plazo se extiende hasta dos años con la nueva ley. El gobierno francés ha ido más allá con su indice de réparabilité, o índice de reparabilidad, una calificación que indica si el producto es más o menos reparable. 

Sin embargo hay otras estrategias de los fabricantes para incentivar a los consumidores a remplazar en lugar de reparar. Una de ellas es el software, mucho más difícil de controlar. Es lo que ocurre cuando un ordenador o teléfono antiguo deja de ser compatible con una nueva versión del sistema operativo. El Parlamento Europeo también contempla que estas actualizaciones sean reversibles y no afecten al rendimiento, y que esté garantizado que los modelos antiguos puedan usarlas durante un periodo de tiempo aún por determinar. 

El derecho a reparar es fundamental para la salud medioambiental del planeta. La consecuencia más inmediata de la obsolescencia programada es el aumento de la basura tecnológica, que se termina procesando en países en desarrollo y es altamente contaminante. Además, los ciclos de fabricación cada vez más cortos consumen mayor cantidad de materias primas, algunas escasas y estratégicas, como el coltán de las antenas o el litio de las baterías. Reparar, además de un derecho, es una necesidad.

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