El fantasma de Antonio Hernández Mancha

Inmediatamente después del desconcierto que provocó el resultado de las elecciones del 23J a la dirección del PP, se ha puesto en marcha el proceso de fabricación del relato de la falta de legitimidad de Pedro Sánchez para formar Gobierno. La carta de Alberto Núñez Feijóo, atribuyéndose la victoria e instando a Pedro Sánchez que reconozca su derrota, ha sido el punto de partida. En ella se han apuntado los argumentos con base en los cuales se pretende construir el relato.

En realidad, los argumentos se reducen a uno. Desde la entrada en vigor de la Constitución ha estado en vigor una suerte de “convención constitucional”, es decir, una suerte de norma no escrita, pero de obligado cumplimiento, que impone que, tras las elecciones generales, únicamente puede formar Gobierno el candidato del partido que haya obtenido más votos y escaños. Así ha sido ininterrumpidamente desde las primeras elecciones constitucionales de 1979 y así debe continuar siendo, ya que, de lo contrario, sería el propio sistema constitucional el que se vería sometido a un grave riesgo.

“Como ganador de las elecciones… no voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles. Marginar a millones de ciudadanos no es conformar mayorías, sino dividir el país”, acaba de escribir Alberto Núñez Feijóo en su cuenta de Twitter.

El hecho de que dicha convención constitucional no haya estado en vigor en los otros dos niveles de nuestra fórmula de Gobierno, el municipal y el autonómico, en lugar de poner de manifiesto que tal convención constitucional no existe, debe ser interpretado a la inversa. Las excepciones municipal y autonómica no supondrían la negación, sino la confirmación de la convención estatal. Serían las excepciones que confirmarían la regla. En la democracia española la convención constitucional a favor de la “lista más votada” solo opera para el Gobierno de la Nación, pero para éste funciona inexorablemente.  

Con base en esta interpretación Alberto Núñez Feijóo ha dado por supuesto que ya es el legítimo presidente del Gobierno. De ahí que no se dirija a Pedro Sánchez como presidente en funciones, sino como al candidato del partido que ha perdido las elecciones, y que le intente imponer la fecha en que deben reunirse, “esta misma semana”, a fin de abordar la forma en que debe producirse la transición ordenada del poder, ya que España tiene que enfrentarse con problemas que no admiten ni bloqueos ni incertidumbres. Fecha, orden del día, todo. Que quede claro quién manda.

En este contexto es en el que ha sacado a relucir de forma ambigua el tema de la investidura, sugiriendo que el Rey debería decidir ya que el candidato del partido ganador, Alberto Núñez Feijóo, sería el designado para solicitar la investidura ante el Congreso de los Diputados. La legitimidad para ser presidente del Gobierno la tengo yo. La legalidad debe ser interpretada de conformidad con dicha legitimidad. Esto es así incluso para el Rey. Caso de no hacerse así, el futuro presidente del Gobierno podría ser legal, pero quedarían dudas sobre su legitimidad. E incluso podría verse comprometida la propia figura del Rey.

El problema de esta estrategia es que tiene muy poco recorrido. El 17 de agosto se constituirán las Cortes y los diputados electos tendrán que decidir la composición de la Mesa del Congreso de los Diputados. Y en ese momento se comprobará de qué lado está la mayoría parlamentaria. Y, sobre todo, se verá la soledad del PP, que únicamente puede contar con VOX, lo que le aísla de todos los demás. Y que, con ello, se derrumba su “convención constitucional”, que no admite que se forme Gobierno con un partido cuyo programa es una enmienda a la totalidad a la Constitución. Esto no le impide ser un partido constitucional, pero sí lo inhabilita para formar mayorías de Gobierno legítimas, es decir, inequívocamente democráticas.

Lo que mi intuición me dice es que este relato de la falta de legitimidad de Pedro Sánchez acabará siendo la coartada de Alberto Núñez Feijóo para eximirse de comparecer ante el Congreso de los Diputados y presentar “su” programa de Gobierno. Ya verán como acaba argumentando que, ante el comportamiento de Pedro Sánchez y sus socios, no vale la pena hacer un debate de investidura. De hacerlo, estaría dando indirectamente legitimidad al debate posterior protagonizado por Pedro Sánchez. Mi derrota segura en la investidura sería simultáneamente la certificación de su victoria. 

Esto es lo que creo que va a pasar. Su relato sobre la falta de legitimidad de Pedro Sánchez es el reverso de su miedo a debatir “su” programa de Gobierno sin contar con una aprobación asegurada. No tengo la menor duda de que el fantasma de Antonio Hernández Mancha no le está permitiendo dormir bien estos días.