Democracia, politica y corrupción en España

Gobiernan mediocres y una parte de cargos públicos son la avanzadilla de la corrupción y la negligencia. La legitimidad del orden político está al albur de una oligarquía que controla los mecanismos institucionales de mediación. El capitalismo puede prescindir de la democracia, pero no de la corrupción. El grado de putrefacción de las instituciones, horadado por la plutocracia en el poder, afecta al conjunto de la estructura social. En política hay corruptos, pero la política no equivale a corrupción. La moral corrupta anida y crece allí donde los valores cívicos y la conciencia ciudadana ceden el lugar a comportamientos individualistas donde impera la ley del mercado: “sálvese quien pueda, pero yo primero”.

Todos tenemos un precio, se apostilla. Ser honrado se considera pertenecer a una raza de perdedores. Por el contrario, amasar fortuna mediante la corrupción es motivo de admiración. A la hora de la verdad se les considera personas pragmáticas, listas, que han sabido explotar las oportunidades y los vericuetos del sistema, sea en la esfera de lo privado o lo público. No hay diferencias: Emilio Botín, gran banquero; Isidoro Álvarez en El Corte Inglés; Amancio Ortega en Zara; todos ellos empresarios ejemplares. Son personas veneradas socialmente. Igual cuando se trata de personajes del espectáculo, el deporte o la política. Se les comprende e incluso perdona. Messi, Isabel Pantoja, Lola Flores, etc. Financiar ilegalmente partidos políticos, defraudar a hacienda, apañar resultados deportivos, comprar exámenes, cometer perjurio, aceptar contratos ilegales o pagar facturas sin IVA. Todo ello se justifica antropológicamente: los humanos somos impuros por naturaleza, sometidos a pasiones, ávidos de poder y fortuna. Lo extraordinario es negarse a recibir prebendas, reivindicar valores éticos, denunciar la corrupción y asumir una conducta digna. Cuando algo de lo dicho ocurre se le tilda a la persona de ingenua, por decir lo menos.

Lo específico de la corrupción en un sistema democrático representativo, a diferencia de las dictaduras y regímenes totalitarios, son los canales de control político para denunciar, imputar y corregir dichos actos. También lo es el rechazo social a tales comportamientos. Sin embargo, cuando no hay condena social, la corrupción se reproduce y la democracia pierde enteros, deja sin protección a sus valedores.

Igualmente, la vara de medir los delitos contra la hacienda pública y el Estado, como blanqueo de dinero, evasión de capitales, fraude fiscal, financiamiento ilegal, tráfico de influencias y cohecho, frente a los delitos contra la propiedad privada, marca la diferencia. Los primeros son redimidos, indultados o castigados con penas menores. Los segundos tienen condenas muy superiores y además concitan el rechazo de la sociedad. Asesinos, ladrones, acosadores sexuales, etc.

Además, como están implicados unos y otros -partidos, sindicatos o empresarios-, la corrupción pública se considera una acción sin ideología. Todos pueden vender su alma al dinero. Así se encubre el carácter de clase de la corrupción bajo los tópicos de la manzana podrida, la oveja negra, etc.

En España, los comportamientos inherentes a prácticas corruptas, incluida la política, son imputables a una cultura antidemocrática proveniente del franquismo sociológico aún vigente. No nos gusta ser demócratas, trae problemas y genera conflictos. Además, España alardeaba de ser un territorio libre de corrupción pública e institucional. La existente era asimilada como un mal menor. Hoy nos escandalizamos y hacemos público nuestro malestar. Durante el franquismo, la censura, el miedo y la represión la hizo desaparecer. Sólo trascendieron algunos casos. Matesa y los ministros del Opus Dei, o la catástrofe de Los Ángeles de San Rafael con Jesús Gil y Gil como protagonista.

El mito democrático de la transición oculta el carácter neoligárquico que presentó el periodo constituyente. Bajo el discurso de la responsabilidad política, progresistas, reformistas, izquierda y socialdemocracia consensuaron la renuncia a una parte de sus reivindicaciones con la finalidad de derrotar al búnker franquista. En este paquete la acción política, vilipendiada y menospreciada durante la dictadura, acabó siendo reivindicada como parte de la nueva sociedad democrática. Legalizados los partidos, ganó enteros como vocación de servicio público. Sin embargo, el proceso despolitizador del neoliberalismo arrasó con dichos valores.

Acceder a cargos de representación popular fue símbolo de compromiso con un programa político y de gobierno. Entrar en las listas electorales se presentó como una renuncia explícita a carreras profesionales, trabajos, familia, tiempo de ocio y lujos. Los dirigentes y militantes no acudían para esquilmar el erario público o enriquecerse. Desde las primeras elecciones en 1977 se construyeron perfiles ad hoc con dichos valores. Borrón y cuenta nueva. Ejemplo fue la presentación en sociedad de un político reconvertido a la democracia, el exministro de Franco, Manuel Fraga. Del que se dirá que era un hombre honesto, catedrático, sin fortuna y con amor a la patria. Mientras tanto, la derecha progresista encarnó su propuesta en Adolfo Suárez, exsecretario general del Movimiento, provinciano, conciliador, inteligente y joven. El PSOE levantó a Felipe González, abogado laboralista, representante de la nueva clase media, residente en un barrio moderno, sin familia adinerada ni fortuna personal, representante de la España que nacía y libre de coquetear con la dictadura. Otros partidos como el PSP alzaron la figura de Enrique Tierno Galván. La Democracia Cristiana propuso a Joaquín Ruiz-Giménez.

Por su parte, la izquierda marxista también tuvo sus íconos. Marcelino Camacho, dirigente de Comisiones Obreras, preso político, líder comunista de comportamiento ejemplar, y exiliados como Rafael Alberti o la Pasionaria. En Cataluña, la burguesía recurrió al último presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas. En el País Vasco el PNV levanta a Carlos Garaikoetxea, previo interinato de Jesus María Leizaola, presidente en el exilio. Fue un tiempo de luchas por conquistar y recuperar derechos civiles y políticos, reprimidos durante la dictadura. Entre otros nacieron la ley del divorcio, el aborto, la sanidad pública universal, el derecho de huelga, la ley de partidos políticos, el estatuto de los trabajadores, la libertad sindical, el reconocimiento de los movimientos sociales. Hoy, algunos han pasado a la historia y otros se consideran un problema por la corrupción.

Durante los gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy la corrupción fue creciendo hasta ocupar, con la crisis, un lugar preeminente en la vida politica. El desempleo, la pérdida de derechos laborales, el aumento de la desigualdad y la pobreza han pasado a un segundo plano. De la noche a la mañana todo es corrupción. El poder real se regodea, mientras el descrédito de la política y los políticos se generaliza, ocultando sus ramificaciones en toda la estructura social. Los partidos políticos -se argumenta- son el semillero de sujetos oscuros, mediocres, cuasi delincuentes, cuya militancia esta mediada por las ansias de obtener réditos económicos.

La idea romántica del militante abnegado llega a su fin. La “clase política” acepta regalos, viajes, fiestas de cumpleaños, trajes, coches de lujo, relojes o sobresueldos en negro. Así se propaga un discurso peligroso a fuer de falso. Es el tiempo de salvar la patria de los políticos y la política. Ni derechas ni izquierdas, ni ideologías ni clases sociales. Así se oculta la corrupción social, más peligrosa, que impide la emergencia de una sociedad democrática. La corrupción en España se da en todos los ámbitos de la vida pública y privada, crea y favorece el advenimiento de una moral corrupta, de la cual los partidos políticos son la punta del iceberg. Pensar que solo afecta al orden político, a los partidos hegemónicos, regionales y nacionalistas, es no entender su origen: una cultura antidemocrática y oligárquica enquistada en la vida cotidiana.