Cuestión catalana, problema español, dilema personal

Escocia celebró un referéndum sobre su independencia del Reino Unido de Gran Bretaña el 18 de septiembre pasado. Irlanda la alcanzó en un largo proceso transcurrido desde 1922, cuando se constituyó en miembro muy autónomo de la incipiente Commonwealth, hasta 1949, cuando se convirtió en República. ¿Nada de esto es factible en España? Constitucionalmente, está claro que el Reino Unido no es el Reino de España ni Escocia, Cataluña. Allí la misma unión se considera voluntaria cuando históricamente lo ha sido, como en el caso de Escocia, y cuando no lo ha sido, como en el de Irlanda, bien que a su respecto sólo se le reconoció tras un enésimo levantamiento. Tal principio de voluntariedad en la pertenencia a un Estado compuesto se ha extendido a Canadá, no tanto a los Estados Unidos pese al nombre plural. Cada historia es un caso.

En 1707 los Parlamentos de Inglaterra y de Escocia acordaron integrarse en un Reino Unido con institución parlamentaria común y sin unión judicial. Nunca hubo una fusión. En 1714 la reintegración de Cataluña a la Monarquía española se produce por mano militar y en términos de supresión de su sistema político, comenzándose por la Cort o Parlamento catalán. La integración anterior había sido dinástica, con mantenimiento de sistema político y ordenamiento jurídico propios, los catalanes. Tras 1714 y particularmente durante el siglo XIX, la incorporación de Cataluña se reforzó por España hasta términos cercanos a la fusión. Son puntos de partida bien dispares, por lo que resulta más fácil de plantear un referéndum de independencia en Escocia que en Cataluña. En todo caso, no creo que esa historia de hace tres siglos sea hoy la más relevante ni mucho menos. Si hablamos de mano militar, la que a estas alturas sustancialmente importa es la franquista, la que suprimió la autonomía catalana en 1939. No hace falta decir que nada semejante ha ocurrido con Escocia.

La historia relevante a nuestros efectos es la de una salida de la dictadura que recuperó la autonomía sin cuestionarse la integración, esto es, sin determinarse sobre la entidad y el alcance de “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, en palabras de la Constitución. Y cuando digo determinarse me refiero ante todo a la ciudadanía, a la que se le hurtaron debate y elecciones constituyentes. A esto ha de agregarse enseguida que, transpirando transitoriedad, la Constitución dejó un horizonte abierto a otras posibilidades reconociendo al principio “el derecho a la autonomía de las nacionalidades” y al final la factibilidad de una “revisión total” de su texto. En lo que interesa a Cataluña, esas otras posibilidades comenzaron a sustanciarse en 2006 con un proyecto de Estatuto de entidad constitucional, como si fuera a efectos prácticos una Constitución de Cataluña.

La reacción centrípeta fue implacable, privando de toda entidad constitucional al Estatuto. No se le eche toda la culpa a la poda efectuada por la infausta sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010. Fue tan sólo el remate. Atribuyéndose competencias dudosas al ir más allá del control de constitucionalidad por parte del Parlamento, sin respetar la determinación catalana, el fuego lo había abierto la Comisión Constitucional del Congreso presidida por un aciago político que ahora se jubila, el ciudadano Alfonso Guerra. El Estatuto ya llegó eviscerado al no menos dudoso control de constitucionalidad, dudoso en el caso, por parte del susodicho Tribunal. Esta es la historia que ahora más importa. Acusa hasta qué punto “la indisoluble unidad de la Nación española” sigue entendiéndose por sectores centrales predominantes con una entidad y un alcance de fondo y tracto franquistas. El Estado en un singular incompatible prevalece sobre la nación y sobre las nacionalidades, sobre las naciones varias que constituyen actualmente España.

El problema no es sólo entonces de la nación catalana, sino de las varias naciones que concurren en la formación de un sistema constitucional común, un sistema constituido en 1978 bajo condiciones bastantes gravosas de resistencia de una dictadura, dictadura ya colegiada tras la muerte del dictador, y el continuismo de la Jefatura del Estado que le sucediera. Si hay responsabilidad por las serias deficiencias de aquel proceso, reconozcamos que es compartida por la casi totalidad de las formaciones políticas presentes entonces en los escaños de las Cortes, inclusive el nacionalismo catalán mayoritario, al contrario en esto que el vasco. Discutiéndose sobre Cataluña, no nos olvidemos de Euskadi… ni del resto, como Andalucía. Que la actual presidenta de mi Comunidad Autónoma, la andaluza, esté haciendo de continuo alarde de insensibilidad e ignorancia hacia Cataluña no excluye a nadie del debate, ni a ella misma, la ciudadana Susana Díaz.

No estoy dirigiéndome a pretender que la ciudadanía catalana no pueda determinarse por sí misma porque la soberanía pertenezca constitucionalmente a la nación española ni nada similar, como tampoco a figurarme la existencia de una nación andaluza o equivalente con derecho a lo mismo que corresponda a Cataluña. Estoy argumentando que estamos, naciones como la catalana y no-naciones como la andaluza, en un sistema constitucional común cuyas deficiencias no se plantean en términos de España versus Cataluña. Hasta la mano militar franquista tuvo un componente catalanista, conservador y minoritario por supuesto. Todo sumado, en las condiciones actuales, no creo que haya salida factible si no es común y en una dirección que, dada la plurinacionalidad, habría de ser confederal. Esta posición, la plurinacional, está tan desasistida y acallada que necesita que se sumen fuerzas, no que se escindan.

¿Puedo confesar que me siento embargado de perplejidad ante el reclamo de independencia de Cataluña sobre la marcha? ¿No hay algo de insolidaridad en ese -visto desde fuera, desde Andalucía en mi caso- “ahí os quedáis”? Otra cosa es que un referéndum formal sobre la eventualidad de la independencia, con un resultado previsible, de ser alta la participación, en torno a las tablas, podría abrir el horizonte hasta ahora bloqueado de la reconstitución de España, con o sin Cataluña, en términos ya no tan lastrados como actualmente se encuentran, más que por la Constitución misma, por el entendimiento y el desarrollo que han impuesto las fuerzas políticas centrales predominantes desde 1978, o poco menos, con la ayuda de las estrecheces del régimen electoral mediante circunscripciones provinciales y listas bloqueadas. Así las cosas, el referéndum catalán podría ayudar a España toda y no sólo a Cataluña.

Ha de reconocerse sin embargo que no se lo están planteando de dicha forma en Cataluña ni quienes reclaman la independencia inmediata ni quienes propugnan un referéndum a la escocesa. Tras el proceso participativo del 9-N, están actuando como si la ciudadanía catalana ya se hubiera pronunciado a favor de la independencia y como si al Gobierno catalán no le quedase más opción que la de conducir el proceso hacia ella. Ante su respaldo popular, cuentan con mi simpatía, no con mi solidaridad.

La judicialización del encontronazo, cuya posibilidad está considerando el Fiscal Superior de Cataluña bajo presión del Fiscal General del Estado, agudizaría la perplejidad. A nadie se le oculta que el Gobierno, el español, está detrás. ¿Cómo cabe pensar que la justicia remiende lo que la política se empeña en descomponer? En la línea del Tribunal Constitucional, lo descompondría más. Entre el ciudadano Mariano Rajoy y el ciutadà Artur Mas no nos lo ponen nada fácil a la ciudadanía perpleja.

Lo de la insolidaridad personal lo digo con todo mi pesar. No olvido que el 11 de setiembre de 1976 participé entusiasta en la multitudinaria concentración de Sant Boi de Llobregat en celebración de la Diada, en conmemoración de la fecha de consumación de la conquista militar de Cataluña en 1714. No es la historia hoy más relevante, pero sigue ahí presente. La de 1976 fue la primera diada tras la muerte del dictador, la primera en libertad, o más bien todavía en tolerancia, desde hacía casi cuatro décadas.

Ya sé que, al efecto de la cuestión catalana, ni siquiera tengo voto, pues no soy ciudadano de Cataluña, pero la voz me la pido por todo cuanto compartimos y por los problemas comunes que tenemos que afrontar. Gracias, compatriotas, de escucharla.

Imagino la de personas en Cataluña que estáis también con el corazón partido, más quebrantado todavía en vuestro caso por la responsabilidad del voto. ¿No sirve el plurinacionalismo precisamente para superar estos dilemas colectivos e individuales?