El PP como partido antiespañol

En las últimas semanas, el Partido Popular ha presentado en varios ayuntamientos una serie de mociones “en defensa de la unidad de España”. El gesto no deja de ser plenamente coherente con el discurso de un partido que se considera el único capaz de garantizar la integridad territorial del país y que lleva mucho tiempo haciendo bandera de su patriotismo español. Desde que al principio de la década pasada el PP se apuntara al llamado ‘patriotismo constitucional’, los conservadores se han presentado como los principales defensores de la Carta Magna del 78 y del modelo de nación española que se encarna en ésta, frente a las actitudes más titubeantes y fragmentadas de sus rivales políticos.

A nadie se le escapa que el uso del patriotismo español en el ámbito discursivo y simbólico por parte del PP ha ocupado un lugar importante en la política hispana de los últimos años. Sin embargo, lo que a menudo pasa desapercibido es que algunas de las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular en esta legislatura han contribuido al desapego de muchos ciudadanos con respecto a España como Estado y como nación.

Esta desafección con España es un proceso complejo, que se ha dado de distintas formas según las tendencias ideológicas de los ciudadanos y los territorios en los que viven, si bien en muchas ocasiones ha estado vinculada a la aplicación de políticas neoliberales en materia económica. Los procesos de venta de los servicios públicos impulsados en los últimos años por los populares, en nombre de la eficiencia o del saneamiento financiero, han puesto en manos de empresas privadas cantidades ingentes de recursos que pertenecían a todos los españoles. En algunos casos, la venta de lo público se ha hecho directamente a empresas extranjeras, como ocurrió con las viviendas de protección oficial de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital vendidas a Goldman Sachs y al fondo buitre Blackstone por los gobiernos de Ignacio González y Ana Botella respectivamente. En otras ocasiones, las multinacionales se han hecho con la gestión de bienes públicos a través de sus sucursales en España. Este es el caso de Sanitas, perteneciente a la británica BUPA y beneficiaria de la concesión de varios hospitales y centros de salud públicos madrileños y valencianos. En todos los casos, estas privatizaciones suponen una pérdida de recursos públicos para el conjunto de la ciudadanía, que, además, normalmente acaba pagando más por esos servicios ‘externalizados’.

La venta de lo público y la reducción del Estado de Bienestar durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y Mariano Rajoy, después, han tenido también consecuencias imprevistas en la identidad de algunos españoles. Como en otros países, en España existe lo que los politólogos denominan un ‘nacionalismo del Estado de Bienestar’, esto es, un sentimiento de solidaridad y de orgullo de pertenencia a una comunidad en la que se fomenta el reparto de la riqueza y se busca el bienestar del conjunto de la población. Pues bien, investigaciones recientes muestran que, en un contexto de crisis económica y social, la erosión del Estado de Bienestar y la degradación de lo público han llevado a algunos españoles a reevaluar negativamente sus vínculos de solidaridad con el resto de la comunidad nacional y su propia identidad como españoles. Dicho de otro modo, la aplicación de recetas neoliberales de recortes en el sector público ha minado la propia idea de solidaridad entre algunos españoles, principalmente de izquierdas, que han empezado a reconsiderar a la baja su identificación con España como Estado y como nación.

La reducción de los servicios públicos, en particular en sanidad, educación y dependencia, ha venido acompañada de un uso un tanto patrimonialista de algunas de las instituciones del Estado. Si pensamos en las relaciones que ha mantenido el Gobierno en esta última legislatura con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y Radio Televisión Española no es difícil tener la sensación de que se ha hecho un uso partidista de estas instituciones que, conviene recordar, son públicas y tienen que estar al servicio de todos los españoles. La reciente propuesta para dotar al Tribunal Constitucional de “capacidad sancionadora” que le permita castigar a quien no cumpla sus resoluciones está pensada para que este organismo pueda suspender de sus funciones a Artur Mas. El anuncio de esta propuesta en el Congreso de los Diputados por parte de Xavier García Albiol, candidato del Partido Popular a la Generalitat, el 1 de septiembre pasado es un ejemplo más de este tipo utilización de las instituciones estatales por parte del PP. Y si bien es muy difícil calcular qué rédito político obtienen el Gobierno y el partido político que lo sustenta en este tipo de casos, lo que sí parece seguro es que este comportamiento dinamita la idea de lo público como común, como nacional.

Por último, parece innegable que las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de derechos ha supuesto un recorte significativo de libertades para los españoles. De una parte, la abolición de la justicia universal significa una mayor desprotección de los ciudadanos españoles en el extranjero. Casos como el del periodista José Couso, asesinado en 2003 por tropas norteamericanas en Irak, quedan con la nueva ley sin poder ser juzgados en España. Se sacrifican, así, derechos de ciudadanos españoles para facilitar un aumento en la cuota de negocios con países como EEUU y China. Por otro lado, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, cercena de un modo directo una serie de derechos básicos de todos los españoles. Según han denunciado los relatores de Derechos Humanos de la ONU, la nueva legislación restringe la libertad de expresión, de manifestación y de opinión de los ciudadanos y supone un intento del Partido Popular por acallar las múltiples protestas contra el Gobierno que se venían produciendo en los últimos años.

A pesar de presentarse como el partido nacional por excelencia, lo cierto es que muchas de las políticas del PP en esta legislatura han tenido un componente antiespañol. La reducción de derechos básicos, la privatización de bienes públicos y el uso patrimonialista de los organismos estatales por parte del PP, no sólo han servido para fomentar la idea de que las élites políticas utilizan lo público, lo nacional, para beneficio propio y en detrimento de la gran mayoría de los españoles, sino que también han fomentado el desapego de muchos ciudadanos con el Estado-nación surgido de la Constitución de 1978. En último término, el patriotismo del Partido Popular parece más preocupado por la defensa de una cierta idea de nación que de sus nacionales.