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IU Asturias denuncia el abandono que sufren los trabajadores intoxicados por mercurio en AZSA
Asturias —
Dos años después del accidente en Asturiana de Zinc (AZSA), que provocó la intoxicación por mercurio a cincuenta trabajadores de la subcontrata IMSA, Izquierda Unida-Asturias denuncia la falta de protección por parte de las autoridades regionales para que se les reconozca las secuelas como enfermedad profesional. En esta carrera solo quedan cinco que no aceptaron las condiciones de la multinacional y mantienen abierto el proceso penal.
El accidente en las instalaciones de AZSA en la zona de Avilés está considerado, según el coordinador regional, Manuel Orviz, el más grave de los que se han registrado en Europa en los últimos años y, sin embargo, los trabajadores están abandonados a su suerte.
El problema radica en que las autoridades sanitarias del Principado no reconocen las lesiones que sufre este colectivo. Hace un año, la Consejería de Sanidad emitió un informe en el que, tras reconocer la existencia del accidente y la intoxicación de los trabajadores por mercurio, negaba las secuelas y aseguraba que, tras seis meses de seguimiento, “no se detectaron lesiones graves”.
Los afectados aseguran que, desde el accidente, sufren dolores de cabeza, hinchazón de hígado, se les caen las uñas y los dientes, hay dos casos de párkison y tienen problemas de visión. El desconcierto llega cuando los informes médicos públicos no relacionan todos estos síntomas con el envenenamiento por mercurio, mientras que los privados sí lo reconocen.
“Vamos a hacernos pruebas por lo privado y nos salen unos diagnósticos, venimos a la sanidad pública y nos salen otros, que dicen que no tenemos nada. Pasamos tribunales médicos y nos dicen que no saben a qué punto vamos a llegar de enfermedad, pero no nos la reconocen. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, qué quieren hacer con nosotros?”, se pregunta Sergio Fernández, uno de los trabajadores afectados.
Solo uno de los afectados ha logrado que se reconozcan las lesiones que sufre como enfermedad profesional y fue desde un servicio de salud de otra comunidad autónoma. Esta contradicción es la que pone sobre la mesa IU. El diputado nacional Gaspar Llamazares cree que detrás de esta “no intoxicación de los trabajadores” está “el objetivo escandaloso de la empresa por salvarse del proceso penal”, que sigue abierto a la espera de la decisión judicial para determinar el grado de intoxicación y de responsabilidad.
Llamazares asegura que la situación de estos trabajadores es la “historia de una irresponsabilidad de la empresa” y de unas administraciones públicas más preocupadas “por no tener en cuenta el deterioro de estos trabajadores, que responder a su situación”. “La mayoría de ellos están de alta, pero es evidente que cada vez están peor y no encuentran trabajo porque, cuando pasan por la revisión médica, las empresas no los contratan”, explica.
El diputado de IU critica las actuaciones de la mutua, de Sanidad y del Instituto Nacional de la Seguridad Social que “no han cumplido con sus obligaciones de protección de los trabajadores, al no reconocer que hubo una intoxicación, que sus síntomas obedecen a la misma y al no reconocerles la incapacidad para trabajar”.
En el Parlamento asturiano, IU exigirá que la Consejería de Sanidad explique las medidas que está tomando en relación a este grupo de trabajadores afectados por el envenenamiento de mercurio y también quiere conocer los protocolos de prevención adoptadas en el lugar donde se produjo el accidente hace dos años.
