La Agencia Antifraude valenciana mantiene bajo protección a 20 denunciantes para evitar represalias

La Agencia para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana mantiene bajo su protección a 20 personas desde que comenzara su actividad. El dato consta en la memoria del organismo que dirige Joan Llinares y que ha presentado pese al confinamiento, por vía telemática, en el registro de las Corts Valencianes.

La presentación es previa a la comparecencia del director ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts, que se podrá realizar una vez se reanude el período ordinario de sesiones, interrumpido por la crisis sanitaria. El responsable de la agencia destaca la necesidad de entregar la memoria en tiempo y forma pese al estado de alarma por la epidemia de coronovirus. “En un momento especialmente difícil para el conjunto de la sociedad, en el que toda la atención está centrada en el mantenimiento de la salud de la población en su conjunto, cobra más importancia, si cabe, no bajar la guardia en la vigilancia de aquellas actitudes, hechos y conductas que transgreden la frontera de la ley y de la ética pública y originan fraude y corrupción”, señala en un comunicado.

Desde 2017 la Agencia Antifraude valenciana ha abierto una treintena de expedientes de protección a petición de los afectados. Según los datos del organismo, uno corresponde al año 2017, 21 a 218 y una decena a 2019. De ellos, 20 han recibido protección, una situación que se mantiene y de la que se realiza un seguimiento periódico. “Es necesario realizar [el seguimiento], pues estas personas padecen represalias con motivo de las denuncias realizadas de forma habitual”, explica la memoria. Durante 2019 han quedado por resolver de manera expresa el resto de las solicitudes, “que se encuentran en este momento desestimadas por silencio administrativo”.

La Agencia ha efectuado su seguimiento “velando para que no sufran represalias como consecuencia de las denuncias presentadas, puesto que durante 2019 han sido habituales los actos de hostigamiento y de acoso laboral, las comparecencias en juzgados y tribunales en defensa del interés general, las repercusiones económicas negativas que traen causa de la necesaria defensa de sus derechos o los cambios forzosos de puestos de trabajo”.

“Todas las personas a las que se ha concedido el estatuto, bien están sufriendo represalias como consecuencia de haber denunciado, bien temen sufrirlas en un período breve de tiempo”, indica el organismo en la memoria.

Los responsables de la Agencia consideran que las denuncias se han ido estabilizando desde que iniciara su actividad. En 2019 se presentaron 168, mientras que en 2018, año de pleno funcionamiento de la entidad, fueron 181. En su primer año de actividad recibió 35 denuncias.

Con los mismos datos, el organismo recalca el buen funcionamiento del buzón de denuncias, vía por la que han registrado el 76% del total. El buzón es una herramienta “anónima y segura” que la Agencia pone a disposición de todo el funcionariado y de la ciudadanía. El principal ámbito de denuncia es la gestión de recursos humanos y la contratación pública, que concentran cerca de un 70% de los procedimientos, según indica el gabinete de Llinares.