Maria Oliver: “A Compromís le ha faltado cumplir su programa electoral”

Maria Oliver es la candidata de Unidas Podemos al Ayuntamiento de Valencia. Durante este mandato ha sido portavoz de València en Comú en el consistorio, agrupación que queda disuelta y pasa a integrarse en el acuerdo de Podemos con Izquierda Unida.

Oliver, concejal de Educación y con competencias en Vivienda, ha sido especialmente beligerante con sus socios (PSPV y Compromís) respecto a la relación del puerto de Valencia con la ciudad y el modelo urbanístico planteado.

Los resultados autonómicos y estatales han señalado un descenso de apoyos a Unidas Podemos ¿Les da miedo no llegar al 5% en la ciudad?

Creo que ninguna encuesta nos da por debajo de esa barrera. Se está haciendo una lectura de los resultados autonómicos, pero no una a nivel estatal, donde han sido buenos. Creo que la gente está diciendo que tenemos un electorado que hace un voto inteligente y está discriminando territorios. Eso se vio claramente el pasado 28 con un voto flotante en el bloque progresista.

¿No les asusta el voto dual que fue especialmente significativo con Compromís?

Queremos poner en valor nuestro papel en el Govern de la Nau. Nos gustaría llegar al máximo de gente para poder explicar lo importante que es que estemos en el gobierno. Y es lo que estamos haciendo yendo barrio a barrio.

¿Cree que los valencianos han notado el cambio en el Ayuntamiento de Valencia? ¿Y su papel?

Creo que sí. Hemos marcado una línea política muy clara, que a lo mejor Compromís no se ha atrevido o le ha faltado liderazgo. Creo que es necesario que estemos. Cuando ha habido que enfrentarse a determinadas minorías de privilegiados, que llevan mandando en esta ciudad sin presentarse a las elecciones demasiado tiempo, nuestra posición firme ha sido determinante.

La ZAL, la ampliación del puerto, la V-21... han sido muy beligerantes con estos temas contra los socios de Gobierno. ¿Qué cree que les ha faltado?

En Compromís, cumplir su programa. En la campaña de 2015 se era muy contundente con temas contra la ZAL o la relación puerto-ciudad, que es bastante tóxica, en detrimento de la sostenibilidad de Valencia ciudad. Es Compromís quién ha cambiado su postura respecto a su programa y ha generado el conflicto, creo que nosotras no hemos sido conflictivas en absoluto porque nos hemos mantenido en nuestro programa.

¿Y del PSPV sí os esperabais esta actitud?

El PSPV lleva gestionando el puerto desde el año 86. Claro que nos esperábamos su postura. Estaba claro que con el número de concejales que tiene Compromís (9) y los tres nuestros, hubiera sido justo que el modelo de ciudad se pareciera más al que llevábamos ambos en nuestro programa electoral que a la postura histórica del Partido Socialista.

¿Cree que en una reedición del Pacte de la Nau las posturas del PSPV y Compromís seguirán siendo las mismas y se pueda generar un conflicto más grave?

Yo espero que Compromís recapacite. Pero tendrá mucho que ver el resultado de las elecciones y cuál es el mensaje de la ciudadanía. Nosotras nos mantenemos firmes porque creemos que nos estamos jugando mucho: el modelo de ciudad para los próximos años en clave de sostenibilidad, y esto se tiene que comunicar bien. En muchos casos, los planes de la Autoridad Portuaria para la ciudad son desconocidos para los propios barrios a los que afectan. El puerto está teniendo un impacto negativo para nuestro entorno y Valencia no se ve compensada. Creo que la ciudadanía debería participar en estas negociaciones.

¿Cuál debería ser la relación del puerto con la ciudad?

Tenemos previsto crear una mesa de trabajo puerto-ciudad que resuelva los problemas que el puerto genera. Se está planteando una ampliación que supone multiplicar por cuatro la capacidad del puerto, sobre todo en tráfico de camiones; se está planteando reforzar la terminal del puerto como gasolinera de Mediterráneo, que implica tener 100 buques al año, cargados de petróleo, que ponen en peligro nuestro entorno natural; en el tema de los camiones, no hay ninguna previsión realista y clara para que puedan llegar al puerto cuando acabe la ampliación. Nos preocupa la ampliación de la V-21, que se niega que es para este fin... Nos gustaría que la ciudadanía de Valencia estuviera informada.

¿Estas medidas serían condicionantes para reeditar el pacto?

Por lo menos, replantear las relaciones con el puerto. Y que nosotras estuviéramos en las negociaciones. Nos gustaría que si el alcalde va a hablar con el Puerto lo hiciera con el consenso previo de sus socios de gobierno, que no ha ocurrido hasta ahora.

En Valencia durante estos cuatro años se han promovido unos cuantos PAI (Plan de Acción Integrada) y nuevos proyectos urbanísticos. ¿Ha cambiado algo en cuatro años la política urbanística respecto a la del PP?

Bueno, no se han aprobado esos PAI. Sobre el PAI del Grao, en cuanto salió en prensa dijimos que era un proyecto continuista y no lo íbamos a aprobar en esos términos.  Sobre el PAI de Benimaclet, creo que hay un trabajo con los vecinos bastante positivo, pero una de las cuestiones que ponen los vecinos encima de la mesa es la reducción de la edificabilidad, que no se ha tenido en cuenta. Se está generando un modelo urbanístico absolutamente caduco. Tenemos unos retos por delante que tienen que ver con desarrollar Valencia en unos estándares de calidad de vida y sostenibilidad como los de la Unión Europea. Pero hay que ser realistas y con uno de los ayuntamientos peor financiados de Europa es difícil asumirlos. Tanto el Estado como la Generalitat se tienen que implicar con las ciudades para que podamos alcanzar este modelo urbanístico. Esta es nuestra propuesta y no es nada descabellado, ya que en algunos lugares como el Cabanyal, con las ayudas para regenerar el barrio, actuamos así. Unidas Podemos reclama para las ciudades mayores recursos para afrontar estos retos.

¿Cómo es la Valencia que quiere Unidas Podemos?

Una Valencia que cuide de la gente, que tenga equidad social y entre barrios. Tenemos un análisis bastante claro de desequilibrios dotacionales entre barrios y deberíamos llegar a un pacto, con los socios de gobierno y con la oposición, para romper la brecha. Todos sabemos que en una legislatura esto no se puede abordar y la ciudadanía no tiene por qué pagarlo. Los barrios que menos pueden presionar son los que más ayudas necesitan y menos llegan.

También está el tema medioambiental. Las nuevas generaciones están muy concienciadas, saben que con el sistema económico que tenemos el planeta no aguanta. Las ciudades tenemos que tener responsabilidad; los grandes núcleos de consumo estamos generando problemas. Creo que Valencia, a nivel metropolitano, tiene que hacerse cargo de que sus decisiones políticas afectan al área metropolitana, a la huerta, y al mar. Su relación con el mar ha pasado de vivir de espaldas al mar a una relación extractiva en dos cuestiones incompatibles. Tenemos una ciudad que tiende al turismo de excelencia, a ser reclamo de empresas a nivel internacional, y a la vez se genera un puerto que agrede a las playas que usamos como atractivo, y al parque natural. Hay muchas empresas, igual no tan grandes, que invierten en otro modelo de ciudad y en algún momento van a chocar.

Uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es la relación entre la vivienda de calidad, su precio, y el turismo. ¿Cómo se controla que el alquiler no se dispare? ¿Puede haber un equilibrio?

Es importante que los municipios tengan buena relación con las administraciones del Estado. Muchas cosas que nos suceden las hemos sabido articular en la red de ciudades del cambio, que compartimos realidades, y las planteamos al Ministerio. Hemos hecho mucho trabajo para concienciar sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos. Desde que cambia en 2014 comienza una subida del 45% en los precios. La otra circunstancia es el potencial turístico. Barcelona y Valencia compartimos esta situación: hay presión sobre ciertos barrios y se da un efecto dominó en los barrios colindantes. Se expulsa a vecinas de barrios, se van a los colindantes, y aumentan los precios. En Torrefiel, por ejemplo, si subimos los precios del alquiler, destrozamos a las familias. Y cualquier posibilidad de vivir en esta ciudad se ve dinamitada. Si los trabajos son precarios, el salario sube un 1% y el alquiler un 45%... Estamos en una situación dramática ¿Soluciones? El cambio de la ley, la regulación de los precios en las zonas tensionadas...

¿Sólo en las zonas tensionadas?

En principio sí. Y que cada municipio declare sus zonas tensionadas. El efecto dominó es muy claro. Si evitas que suba el alquiler en Ciutat Vella, Russafa y Marítim... Si no sube en el Cabanyal, no sube en la Malvarrosa. El gran problema que genera el turismo es que desaparece la oferta. Hemos estado trabajando en poner en paralelo el tema de vivienda con el turismo. Ahí entra nuestro plan general, que tiene una normativa muy clara sobre dónde tener una vivienda turística y lo que queremos es que se cumpla. Si alguien ha dado de alta un apartamento fuera de donde está previsto, creemos que no tiene derecho.

Han puesto mucho empeño en que haya más vivienda social pública. ¿Por qué se ha tardado tanto en poner en marcha?

Valencia viene de una situación dramática. Cuando llegamos al ayuntamiento no existía concejalía de vivienda, era un tema que no estaba en la agenda. Lo más importante era atender la emergencia, poner en marcha las ayudas de alquiler, que llegan a 1.500 viviendas de alquiler asequible y queremos duplicarlas, llegar a las 3.000... Por lo menos cubrir a la gente que tiene mucha necesidad.

Puestas en marcha las ayudas, vamos arrancando proyectos de construcción. Vamos por el estudio geotécnico de un edificio en Quatre Carreres de 100 viviendas, Aumsa  (Actuaciones Urbanas de Valencia S.A., la empresa pública del Ayuntamiento) ha iniado proyectos similares. En cuatro años podríamos tener 400 viviendas más. Barcelona tiene 12.000; la diferencia entre ciudades es muy grande. A nivel estatal, queremos hacer la reflexión de que la vivienda de protección pública que se construye para venta es una opción nefasta porque lo único que consigues es hacer un esfuerzo económico enorme por parte de la administración que a los 10 años pasa al mercado, con lo cual, nunca tenemos parque de vivienda pública. Es una opción que deberíamos abandonar. A nivel municipal, la concejalía de vivienda debería estar asociada a Aumsa para asumir el esfuerzo. Aunque los ritmos de la Administración son los que son.

Entonces construir no es la solución...

Hay que hacerlo. Hay colectivos con necesidades específicas que necesitan vivienda pública protegida. Los perfiles son variados y no queremos generar guetos. Pero hay que tener la mirada muy amplia, ver qué genera el problema, y sin dejar de construir y dar ayudas, actuar sobre los factores que lo generan.