El endeudamiento, el legado de Alberto Fabra
Esta semana se conocía que la Generalitat Valenciana concluía 2014 con una deuda de 37.376 millones de euros, lo que suponía un incremento superior al 15% respecto a 2013 y situaba a la valenciana como la segunda comunidad más endeudada de España después de Catalunya. Esto supone un desvío de 4,5 puntos con respecto al objetivo previsto y la deuda se sitúa en el 37,9% del PIB.
El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, justificaba esta situación al recordar que la deuda contraída por la Comunitat el pasado ejercicio fue con el Estado, “a tipo cero” y que este dinero se destinó a gasto social.
Así, Moragues insistió en que en 2014 el ministerió 'prestó' 3.058 euros a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), además de otros 2.221 millones en el marco del Plan de Pago a Proveedores, así como que también se revisaron las condiciones de estos mecanismo extraordinarios de financiación, de forma que la devolución de estos más de 5.000 millones no incluirá ningún tipo de interés.
Situación “muy preocupante”
Las críticas por parte de la oposición no se han hecho esperar, de modo que el PSPV, a través de su portavoz en Les Corts, Antonio Torres, calificaba de “muy preocupante” el incremento del endeudamiento, “Fabra se irá de la Generalitat en mayo dejándonos en una situación muy difícil y complicada por el nivel de deuda que ha alcanzado la Comunitat Valenciana y que nos sitúa a la cabeza de España”.
“Aumento sin control”
La diputada de Esquerra Unida, Marga Sanz, también llamaba la atención sobre la deuda, que consideraba que es “un auténtico disparate” ya que “aumenta de forma desbocada y sin ningún tipo de control”. En este sentido, explicaba que Fabra ha dejado un legado “muy difícil al futuro gobierno de la Generalitat por no haber querido empoderar al gobierno valenciano frente a Rajoy, exigiendo una financiación justa, la condonación de la deuda histórica, y poniendo además en marcha una reforma fiscal que hiciera pagar más a quienes más tienen”.
Sin embargo, ha concluído Sanz, “lo que hace es poner en peligro los servicios públicos esenciales de los valencianos, como es la educación, la sanidad o la atención a las personas con dependencia”.
