La agenda 2030, una segunda oportunidad para la cooperación española tras una década perdida
El Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas finaliza este jueves tras nueve días de debates sobre los próximos pasos de la agenda 2030 en Nueva York. España ha dado un fuerte impulso político a esa agenda de desarrollo sostenible, uniéndose a ese abordaje contando con el impulso de administraciones desde lo local hasta lo nacional, de ONG y también de actores privados.
Mientras el foro de los ODS transcurría en Nueva York, hemos sabido que vuelve a aumentar el número de personas que pasan hambre, y también la cantidad de personas víctimas de crisis humanitarias, y que los problemas de la deuda en África son más acuciantes, todos ellos problemas interconectados con el cambio climático.
Ahora se espera que España defina y explique su contribución a abordar esos retos globales, ejerciendo un papel visible en liderar la lucha contra la desigualdad, más allá de sus transformaciones domésticas. Tras el foro político, hay dos momentos clave para ello: la Asamblea general de Naciones Unidas y la elaboración de los próximos presupuestos.
En ocasiones, llega una segunda oportunidad. Ese parece ser el caso para España tras su prolongado abandono de la cooperación internacional que ha durado un decenio. Aunque no es posible borrar lo que hemos bautizado en el informe La Realidad de la Ayuda como “la década perdida” de la cooperación española, ha llegado una oportunidad única y un contexto político que nuestro país puede aprovechar para recuperar el tiempo perdido. En una década, España redujo su cooperación 5 veces más que ningún otro país donante (mientras la mayoría aumentaba su Ayuda Oficial al Desarrollo hasta un 24,5% en total en el período, tras un frenazo solamente en 2010-2012). Hoy por hoy aportamos a esa tarea solidaria y compartida el 0,2% de la renta nacional frente al 0,5% que, de media, dedican los países europeos, que nos miran de reojo como al vecino que hace tiempo que no paga los gastos esenciales de la comunidad, en este caso de la humanidad.
La Agenda 2030 es esa oportunidad única: la apuesta para una sociedad y una economía donde el freno a la desigualdad, la justicia de género y la sostenibilidad ambiental sean centrales. En España el conjunto de los partidos políticos, ONG, agentes sociales y también actores privados han abrazado esta agenda aunque aún queda mucho camino por recorrer.
El Gobierno en funciones creó en su momento el Alto Comisionado para la Agenda 2030 con la función de divulgar y avanzar en ella en las instituciones y en la sociedad. Esa debe dar paso ahora a otra de ejecución y actividad, y la cooperación internacional es la herramienta con la que el Gobierno español podrá impulsar esa agenda a nivel global. De ese modo nuestro país volverá a ser un buen vecino y contribuirá de manera acorde a su dimensión económica a los retos globales del cambio climático, la desigualdad extrema o los efectos de conflictos y crisis humanitarias.
En la Asamblea General de Naciones Unidas o en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, los países hacen dos cosas: o bien explican sus acciones para mejorar su propia economía y su sociedad. O explican al mundo sus planes para contribuir al bien común y expresan sus compromisos financieros con países o regiones que están en desventaja. España debe volver a este segundo grupo este mismo año, con vigor y credibilidad.
Debería hacerlo anunciando ante la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) su compromiso de inversión al menos en dos focos: en las respuestas humanitarias en Siria y el Territorio Palestino y en el Fondo Global contra el VIH, la malaria y la tuberculosis, que contó desde sus inicios con un fuerte liderazgo científico español.
El contexto internacional hace que se espere con los brazos abiertos a un país dispuesto a contribuir tras una ausencia prolongada. La beligerancia del presidente Donald Trump contra todo acuerdo multilateral, los desequilibrios traídos a la UE por el Brexit y la deriva nacionalista de Italia dejan un espacio muy importante que España puede ocupar para liderar la cooperación europea del futuro junto a Francia y Alemania, y con un enfoque anclado en el multilateralismo de reglas y principios.
Pero en el mundo además hay otros elementos de contexto: el impacto de la degradación ambiental, la creciente desigualdad, la tensión entre China y EEUU reflejada en el mundo en desarrollo, el cierre de espacios y la hostilidad hacia la sociedad civil y las defensoras de derechos humanos y el medio ambiente, así como el repunte del hambre o la ralentización de la reducción de la pobreza. Todos ellos son asuntos que requieren de acción concertada y compromisos globales. A todos ellos la Agenda 2030 ofrece una vía de solución, pero el compromiso de cada país es esencial para llevarlo a la práctica.
La receta de futuro de la cooperación española pasa por cinco claves. En primer lugar, asentar una estrategia y una inversión para el período que sitúe a España en el promedio europeo de AOD, el 0,5%, asegurando el arranque de un programa de reformas basado en el consenso.
En segundo, potenciar la integración de la acción multilateral española, hoy dividida entre dos ministerios fundamentalmente para enfocarla al logro de la Agenda 2030 y los problemas más acuciantes y asumiendo un fuerte protagonismo en la UE.
La tercera clave es abordar una reforma institucional y operativa integral que pasa por el anclaje de una nueva Secretaría de estado de Cooperación para los ODS (SECODS) dentro de una Vicepresidencia 2030, poner a las entidades de la cooperación española a funcionar como un grupo de empresas con la AECID como pilar principal, avanzando hacia la creación de un Banco de Desarrollo.
En cuarto lugar, potenciar la acción humanitaria, los programas de justicia de género y lucha contra la desigualdad, así como el fomento de la innovación impulsando la gestión del conocimiento, las alianzas multiactor para los ODS y la cooperación triangular. Asimismo, proteger, prestigiar y fomentar el papel de un sociedad civil hostigada y perseguida, esencial para evitar la degradación democrática y liderar la defensa de los derechos humanos.
Por último, se debe promover y ampliar la coherencia de políticas, en especial en los campos de comercio de armas, fiscalidad internacional, empresas y derechos humanos y gestión migratoria.
