Bruselas tendrá que responder si actuará para que el Gobierno deje de expulsar ilegalmente a migrantes
La Comisión Europea tendrá que responder sobre qué medidas va a tomar para que el Gobierno español “cumpla de manera efectiva” la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que condenó a España por las devoluciones en caliente de migrantes en Melilla, unas prácticas comunes en la frontera sur que, según ha concluido la Corte, son ilegales.
El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento Europeo con el objetivo de que la Comisión, institución encargada de garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros, se pronuncie sobre las actuaciones concretas que tomará para que el Gobierno español cumpla la legalidad, después de ser condenado por devolver de forma inmediata a migrantes en su frontera con Melilla.
Tras la sentencia del Tribunal de Estrasbugo, que concluye que las devoluciones en caliente -denominadas por el Ejecutivo 'rechazo en frontera- incumplen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Urbán pregunta también a la Comisión si se “tomarán medidas adicionales ante la violación de varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos de manera sistemática por parte del Gobierno Español”.
La Comisión Europea respaldó los “rechazos en frontera”
Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha asegurado que su equipo ha enviado la sentencia al comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, para que “de inmediato traslade a las autoridades españolas la exigencia de poner fina a las devoluciones en caliente”. Albiol asegura que “la sentencia del TEDH viene a confirmar lo que desde las organizaciones llevan años denunciando, que vulnera la convención de ginebra y el convenio europea de techos humanos”.
De esta forma, el comisario de Migración se podría ver empujado a modificar su última valoración sobre la normativa con la que el Gobierno trató de regular en 2015 las devoluciones en caliente. En febrero de 2015, Avramopoulos aseguró que el denominado “rechazo en frontera” en las vallas de Ceuta y Melilla era compatible con la Directiva de retorno europea.
Sin embargo, Acnur ha expresado en diferentes ocasiones que, en la práctica, los agentes de la frontera no respetan las garantías de derechos humanos y de acceso a la protección internacional que prevé la ley.
Las devoluciones en caliente son las expulsiones inmediatas de migrantes, sin que estos sean identificados y sin seguir ningún tipo de procedimiento administrativo. Según ha concluido el Tribunal, estas prácticas son ilegales porque incumple el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los que respecta a la prohibición de las devoluciones sumarias y la vulneración del derecho al recurso efectivo.
Los denunciantes, N.D. y N.T, de Mali y Costa de Marfil, respectivamente, acudieron al TEDH para denunciar la devolución en caliente de la que fueron objeto el 13 de agosto de 2014. Tras horas en lo alto, los dos ciudadanos terminaron bajando de la valla por la escalera que les suministró la Guardia Civil. Abajo, los agentes españoles los entregaron a las fuerzas marroquíes, según queda reflejado en la decisión judicial de Estrasburgo.
Además de concluir la ilegalidad de estas prácticas, la sentencia desacredita el argumento con el que el Gobierno intentó dar cobertura legal a las devoluciones inmediatas en Ceuta y Melilla. Según defiende el Ejecutivo, una persona no llega a España hasta que no supera el dispositivo de seguridad formados por los agentes de la Guardia Civil, por lo que no se produciría una “devolución” sino un “rechazo en frontera”.
El Tribunal de Estrasburgo echa por tierra esta teoría: “Desde el momento en que los demandantes bajaron de las vallas, estaban bajo el control continuo y exclusivo de las autoridades españolas”, reza el fallo.
