Deuda y austeridad amenazan los derechos humanos más allá de nuestras fronteras
Hace unos días se hacía público el informe del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, en el que éste afirmaba que los recortes sociales en España han conducido a un “preocupante incremento de la pobreza”, poniendo en peligro la garantía de los derechos humanos. El reciente informe de Intermon Oxfam “La trampa de la austeridad” alertaba asimismo que “si las medidas de austeridad continúan, en 2025 entre 15 y 25 millones más de europeos se habrán sumido a la pobreza”. El informe de IntermonOxfam afirma además que que “existen claras semejanzas entre estos programas de austeridad y las ruinosas políticas de ajuste estructural impuestas en América Latina, el Este Asiático y África subsahariana en las décadas de 1980 y 1990”.
Desgraciadamente no hay que mirar al pasado para encontrar dichas similitudes. Esta misma semana el ministro de economía del Grenada, Oliver Joseph, publicaba una carta abierta en The Guardian en la que afirmaba que su país cargaba con el peso de una deuda que no podía sostener. Una deuda que se ha disparado en los últimos años a causa de los impactos de la crisis económica, la disminución del turismo y los impactos de huracanes durante la última década. Joseph reclamaba a los acreedores internacionales, en el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, un acuerdo para reducir la deuda de su país, a la vez que afirmaba que estaba dispuesto a “asumir su parte del coste”, en referencia clara a las medidas de austeridad que cree deberán aplicar si se le concede dicho alivio de deuda.
El problema no es exclusivo de esta pequeña isla del Caribe. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptaba hace poco más de un año una resolución en la que afirmaba que “la deuda de los países en desarrollo ha seguido aumentando, y no solo ha limitado sus perspectivas de desarrollo sino que también ha mermado su capacidad para crear las condiciones que se requieren para el ejercicio de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales”.
De hecho la deuda total de los “países en desarrollo” ha pasado de 2,1 billones de dólares en 2000 a 4,9 billones de dólares en 2011. Especialmente en los últimos años, los países más empobrecidos han tenido que acudir al crédito internacional para hacer frente a los impactos de la crisis global en sus economías, al reducirse los ingresos por exportaciones o por remesas de migrantes. Los precios de las materias primeras se han vuelto extremamente volátiles, las ayudas al desarrollo han caído y las empresas multinacionales han incrementado los niveles de repatriación de beneficios, a la vez que siguen profundizando sus estrategias de evasión de capitales y fraude fiscal. Todo ello ha llevado a incrementos de deuda en los países del Sur Global.
Como muestra un reciente estudio publicado por Jubilee Debt Campaign en el Reino Unido, países como Jamaica, Paquistán, Filipinas y El Salvador “el peso de deudas injustas sigue siendo un obstáculo para el desarrollo”. Todos ellos, junto con Irlanda y Grecia, entre otros, dedican más de una quinta parte de sus ingresos a pagar la deuda. De hecho, según datos del propio FMI, una quinta parte de los países de renta baja afrontan problemas de deuda o están en riesgo de afrontarlos. Incluso países que han recibido cancelaciones de deuda, como Etiopía, Mozambique y Níger, están destinando ahora más recursos al pago de la deuda que antes de recibir dichas cancelaciones. La cuestión de la deuda es especialmente grave para pequeños países isleños, como Jamaica, St. Kitts y Nevis o Seychelles afrontan elevados niveles de deuda (por encima del 100% de su PIB) y nuevos “rescates” por parte del FMI, como siempre condicionados a la aplicación de programas de ajuste.
Otro reciente informe, “La era de la Austeridad”, de Isabel Ortiz y Mathew Cummins, revela que las medidas de austeridad no son hoy exclusiva de Europa. Según su estudio, entre 2010 y 2012, en 100 países se eliminaron o redujeron subsidios sobre el petróleo, agricultura y alimentación; en 98 se recortaron salarios públicos, incluyendo sanidad y educación; en 80 se “racionalizaron” las políticas sociales; en 86 países se aplicaron reformas de pensiones; en 37 se realizaron reformas de la sanidad; y en 32 países se aplicó mayor flexibilización laboral. Por el lado de los ingresos, en 94 países se han aplicado aumentos de los impuestos de valor añadido (IVA) sobre los productos básicos, algo que afecta de forma adversa a las poblaciones más vulnerables..
A pesar de un cierto cambio en la retórica del FMI en cuanto a la austeridad, a raíz del caso Griego, éste sigue imponiendo o dando su beneplácito a los recortes y reformas neoliberales en todo el mundo. El FMI afirma que su política ha cambiado y que sigue, al menos en los países con menos ingresos, una política de protección de los más vulnerables y reducción de la pobreza. Pero lo cierto es que incluso la revisión interna que el Fondo publicó en 2012 sobre las condicionalidades que impone a sus “ayudas”, admite que se siguen aplicando medidas de austeridad que tienen impactos sociales sobre los más empobrecidos.
Si la deuda, la austeridad y la consecuente violación de derechos humanos son un problema global, resulta vital que las luchas por la justicia económica y social sean también globales. De la misma forma, es necesario encontrar soluciones integrales, duraderas y justas al problema de la deuda. Soluciones que no impliquen más austeridad. Soluciones que no premien a los acreedores que han actuado de forma irresponsable, incluso criminal. Soluciones que no hagan recaer todo el peso en los más vulnerables, mientras los responsables del problema se siguen enriqueciendo. Soluciones que, en definitiva, garanticen que no se violan los derechos humanos de millones de personas con el objetivo de pagar las deudas.
