El Gobierno aprueba un traslado de 80 migrantes desde Melilla a la península pero rechaza descongestionar el saturado CETI a pesar del brote

Tras la tensa protesta desatada este jueves en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) por el miedo al brote de coronavirus, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha anunciado el traslado de 80 migrantes a la península. No obstante, ninguno de ellos serán derivados desde el saturado CETI, sino desde la plaza de toros de la ciudad autónoma. A modo de castigo contra quienes protagorizaron los disturbios surgidos este jueves, el Ejecutivo rechaza descongestionar el centro, a pesar de las condiciones de hacinamiento y el brote de coronavirus detectado en su interior.

“No va a haber ningún traslado a la península de residentes del CETI. La salida que se está preparando desde hace una semana corresponderá a personas vulnerables o sujetas a protección internacional que se encuentran en la plaza de toros”, ha aclarado Moh en varios tuits lanzados tras una rueda de prensa en la que no había aclarado este extremo. “Reitero que la violencia no va a ser el camino y que los actos de ayer no van a tener como consecuencia el traslado a la península de ningún residente del CETI”, ha añadido la delegada del Gobierno en Melilla.

“No vamos a tolerar que nadie agreda a nuestras instituciones, a nuestros agentes o que se actúe violentamente y, el que lo haga, deberá saber que no quedará impune”, ha apuntado. La plaza de toros se habilitó durante el estado de alarma para recibir a las personas de origen marroquí que se habían quedado atrapadas en la ciudad autónoma debido al cierre de fronteras del país vecino. Posteriormente, una vez que la Secretaría de Estado de Migraciones ordenó impedir nuevas entradas en el CETI de Melilla, decenas de migrantes han sido alojas en esta instalación, también masificada pues acoge a 500 personas.

La delegada del Gobierno ha descartado un futuro traslado de los residentes del CETI que tengan decretada una orden de expulsión del país, como muchos de los tunecinos, marroquíes y argelinos acogidos en la ciudad. Según Moh, estas personas “no son susceptibles de traslado a la península”. El Ejecutivo tampoco abrirá nuevos centros de acogida en la ciudad autónoma: “En ningún momento se ha contemplado abrir ningún centro en ni un emplazamiento de la ciudad para albergar inmigrantes, en lo que se está trabajando es en salidas para descongestionar las instalaciones de la ciudad”, ha concluido.

Este miércoles, el aumento de casos detectados por coronavirus en el centro melillese ha aumentado la tensión. Alrededor de 200 migrantes protestaron para solicitar su traslado a la península y denunciar sus condiciones de hacinamiento en plena pandemia, después de haber conocido que al menos cuatro compañeros habían dado positivo en coronavirus. La concentración terminó con la intervención de agentes antidisturbios. Según la Delegación del Gobierno en la ciudad, once guardias civiles, cuatro policías, un agente de Policía Local y cinco vigilantes del CETI resultaron heridos leves “alcanzados por piedras”. Otros dos migrantes del CETI también fueron lesionados, “como consecuencia del impacto de piedras lanzadas por las propias personas que protestaban”.

La delegada del Gobierno ha dedicado buena parte de la rueda de prensa a atacar a quienes protagonizaron la protesta, comparándolos con el “comportamiento ejemplar” de los “españoles”. “Los melillenses, al igual que el resto de los ciudadanos españoles, sabemos lo que es estar confinados durante semanas, porque lo vivimos durante el Estado de Alarma y sabemos la complejidad de la situación, pero nada justifica ni actuaciones incívicas ni los actos violentos”, ha incidido sobre los migrantes acogidos en el CETI, quienes también cumplieron con un primer confinamiento durante el estado de alarma, sin tener posibilidad de guardar la distancia de seguridad debido a la saturación constante del centro, que aloja a más de 1.300 personas a pesar de contar con 782 plazas.

“Los españoles somos un pueblo solidario, cumplimos con todas nuestras obligaciones de respeto a los derechos humanos y acuerdos internacionales y lo hacemos de forma ejemplar”, ha expuesto la Delegada. “No vamos a tolerar que nadie agreda a nuestras instituciones, que nadie agreda a nuestros agentes o que se actué violentamente. Y aquel que lo haga que sepa que tendrá que afrontar las consecuencias”, ha incidido Moh, quien ha aclarado que “no todos” los residentes del CETI formaron parte de los disturbios. “No quiero criminalizar a todos los residentes del CETI porque hay que aclarar que se trata de un grupo los que han protagonizado los altercados, mientras que la inmensa mayoría”, ha señalado.

La versión de los migrantes acogidos en el CETI difiere de la oficial. “Es terrible e increíble lo que está pasando aquí desde hace días”, ha lamentado Ali, un hombre tunecino alojado en el centro.Su testimonio refleja el miedo al virus desatado entre las verjas del CETI, cerrado este miércoles por el Ejecutivo melillense a pesar de la oposición de la justicia. “Algunos están aquí dentro contagiados por la COVID-19. Pero, en vez de protegernos, nos cierran la puerta y nos obligan a quedarnos aquí hasta todos estemos infectados”, ha explicado a elDiario.es . “Les pedimos que nos separen, pero no les importamos, ni nosotros ni nuestras palabras”, responde. “La protesta iba a ser sin violencia, solo pedíamos protegernos de esta pandemia. Pero un agente de la Guardia Civil golpeó a una mujer siria, nos empezaron a provocar y después dispararon el cartucho de gas y todo se convirtió en catastrófico”, ha relatado.

El Defensor del Pueblo lleva pidiendo desde abril al Gobierno la salida de la ciudad autónoma de todos los solicitantes de asilo y en situación “de especial vulnerabilidad”, incluidos migrantes de perfil de riesgo frente a la COVID-19, mujeres solas y menores. “He tenido conocimiento de que continúan allí más de 1.300 personas, de las cuales aproximadamente 150 son mujeres y 143 son menores. De ese total, más de 250 son solicitantes de protección internacional, con su petición admitida a trámite”, destacó Fernández Marugán en la notificación enviada a Interior a finales de julio, en la que le recordaba el incumplimiento de su recomendación. “Me preocupan especialmente las mujeres solas, a las que la situación de sobreocupación de las instalaciones no les puede garantizar un entorno seguro libre de violencia sexual y de género. De otra parte, los niños y las niñas a los que no se les puede garantizar unas condiciones mínimas, tras las traumáticas situaciones que han atravesado antes de llegar a nuestro país”, alertaba la institución en el escrito difundido este miércoles.