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Interior ignora desde abril la petición del Defensor del Pueblo de trasladar a migrantes del saturado CETI de Melilla a la península por el riesgo de contagio

Imagen del interior del CETI tras la protesta de 200 migrantes por miedo al coronavirus ante las condiciones de hacinamiento en las que viven

Gabriela Sánchez

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Las advertencias han llegado por numerosas vías, hasta que un brote de coronavirus ha surgido en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla y las personas acogidas, agotadas de denunciar sus condiciones de hacinamiento, han explotado este miércoles en una tensa protesta contenida por agentes antidisturbios. El Defensor del Pueblo ha difundido la última recomendación enviada a Interior a finales de julio en la que “rogaba” a Fernando Grande-Marlaska que facilitase los traslados a la península desde el centro melillense de “solicitantes de protección internacional y en situación de especial vulnerabilidad, tales como personas enfermas y de riesgo frente a la COVID-19, familias con menores y mujeres con un perfil altamente vulnerable”. El Ministerio ignoró durante cinco meses sus peticiones y, en estos momentos, las autoridades tratan de controlar el brote surgido en un centro público donde ha sido imposible cumplir con las medidas sanitarias durante toda la pandemia.

El escrito, publicado por la institución este miércoles, buscaba insistir en la petición enviada a Interior el 1 de abril con el mismo objetivo. “La situación de hacinamiento del CETI no ha mejorado por lo que me veo obligado a reiterarte mi preocupación” ante el riesgo de expansión de la COVID-19 en el centro de acogida. En estos momentos, las autoridades sanitarias han detectado cuatro positivos entre los migrantes residentes y cerca de cuarenta más se encuentran en cuarentena por ser “contactos estrechos” de los infectados. El centro acoge a 1.375 personas a pesar de contar con una capacidad de 782 plazas.

“He tenido conocimiento de que continúan allí más de 1.300 personas, de las cuales aproximadamente 150 son mujeres y 143 son menores. De ese total, más de 250 son solicitantes de protección internacional, con su petición admitida a trámite”, destacó Fernández Marugán en la notificación enviada a Interior. “Por tanto, las razones que motivaron mi Recomendación continúan desafortunadamente vigentes”, apuntó el Defensor, quien llamó especialmente la atención sobre las mujeres solas y lo niños atrapados en el centro.

“Me preocupan especialmente las mujeres solas, a las que la situación de sobreocupación de las instalaciones no les puede garantizar un entorno seguro libre de violencia sexual y de género. De otra parte, los niños y las niñas a los que no se les puede garantizar unas condiciones mínimas, tras las traumáticas situaciones que han atravesado antes de llegar a nuestro país”, alertaba la institución, que reconocía no haberse quedado satisfecha con la respuesta del equipo de Grande-Marlaska a su primera recomendación.

En su contestación, Interior justificaba su rechazo a aprobar un mayor número de traslados. Según defendía, “se han establecido las medidas de contención estrictamente indispensables para proteger la vida y la salud de la ciudadanía, para limitar la progresión de la enfermedad y para reforzar el sistema sanitario”, recoge el escrito de Fernández Marugán. Por esta razón, según detalla el Defensor en su escrito, el Ministerio consideraba que los traslados de solicitantes de asilo, menores y mujeres solas eran un asunto “complejo de abordar” de forma “inmediata y en su totalidad”.

Desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo se han realizado únicamente dos traslados de residentes del CETI hacia la península: 51 personas en el mes de abril y otras 136 en mayo. En ese mismo mes se desplazaron hasta 50 migrantes con diversas patologías a un hotel para evitar que un posible contagio agravara su situación. Para el Defensor del Pueblo, no es suficiente.

“Te ruego que valores de nuevo el contenido de la Recomendación, en el sentido de facilitar los traslados a la península de estos residentes del CETI de Melilla, solicitantes de protección internacional y en situación de especial vulnerabilidad, tales como personas enfermas y de riesgo frente a la COVID-19, familias con menores y mujeres con un perfil altamente vulnerable”, concluía la petición de Fernández Marugán, quien recordaba su petición atendía a los criterios reiterados por el Defensor del Pueblo, la Directiva de acogida 2013/33/UE, las Directrices de la Comisión Europea sobre asilo y retorno y reasentamiento de 17 de abril de 2020, la Convención sobre los Derechos del Niño y el interés superior del menor.

Más allá del Defensor del Pueblo, las solicitudes de acelerar los traslados de Melilla a la península durante la pandemia se produjeron a través de distintas vías. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Solidary Wheels y No Name Kitchen han denunciado la situación de hacinamiento del CETI en repetidas ocasiones. “La sobreocupación impide la puesta en marcha de las recomendaciones de distanciamiento social, prevención y respuesta frente al COVID-19”, ha argumentado el organismo“, alertó Acnur a mediados de abril. Sus llamadas de atención precipitaron la derivación de alrededor de 200 migrantes, una cifra insuficiente para descongestionar el centro.

Los ruegos también llegaban desde el interior del espacio de acogida. Los migrantes, algunos atrapados en Melilla desde hace más de un año, se han manifestado por su traslado a la península en distintas ocasiones desde el estado de alarma. Este miércoles, su manifestación alcanzó mayores niveles de tensión que de costumbre. Los cuatro casos positivos confirmados en el CETI aumentaron el nerviosismo entre sus residentes, angustiados por las condiciones de hacinamiento y su bloqueo en la ciudad autónoma. La concentración acabó con varios destrozos, nueve agentes heridos y 10 migrantes detenidos, según informa la Delegación del Gobierno.

“En vez de protegernos, nos cierran la puerta hasta que acabemos todos infectados”

“Es terrible e increíble lo que está pasando aquí desde hace días”, lamenta Ali, un hombre tunecino alojado en el centro. Su testimonio refleja el miedo al virus desatado entre las verjas del CETI, cerrado este miércoles por el Ejecutivo melillense a pesar de la oposición de la justicia. “Algunos están aquí dentro contagiados por la COVID-19, están en la enfermería y en la escuela. Pero, en vez de protegernos, nos cierran la puerta y nos obligan a quedarnos aquí hasta todos estemos infectados”, sostiene. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones aseguran a elDiario.es que todas las personas contagiadas confirmadas han sido aisladas en el centro COVID-19 de la ciudad autónoma.

Pero el temor a la enfermedad ya se ha expandido en el CETI y quienes siguen encerrados temen ser los siguientes en caer. “Les pedimos que nos separen, pero no les importamos, ni nosotros ni nuestras palabras”, responde Ali a través de Whatsapp desde el CETI. “La protesta iba a ser sin violencia, solo pedíamos protegernos de esta pandemia. Pero un agente de la Guardia Civil golpeó a una mujer siria, nos empezaron a provocar y después dispararon el cartucho de gas y todo se convirtió en catastrófico”, dice Ali, relatando su versión de los hechos.

La sensación de pánico ha calado en algunos de los residentes tras la tensa protesta y las cargas policiales. “Ya no confiamos en nadie. Tenemos miedo hasta de que nos pongan pastillas en la comida. Sinceramente, si nos quedamos aquí, todos vamos a morir”, clama Ali desde el interior del centro en el que se siente atrapado.

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