Una oportunidad para reivindicar que otra Europa es posible
La Unión Europea es un experimento exitoso, una parte privilegiada y pacífica del Planeta. Es el principal donante de ayuda al desarrollo y humanitaria del mundo. También es el único conjunto de estados nacionales en el que funciona un Modelo Social, basado en el progreso y el bienestar social, aunque los niveles de protección e inversión social difieren mucho entre sus miembros. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, tenemos una Carta de Derechos Fundamentales, que es vinculante cuando se aplica la legislación europea.
Sin embargo, la Unión Europea es también un proceso en construcción, en el que se pueden agregar o desmontar piezas. En el Modelo Social Europeo se puede seguir avanzando con medidas como una Estrategia Europa Integral contra la Pobreza, una Directiva de Rentas Mínimas (que permitan un nivel de vida decente para todas las personas sin recursos) y una Directiva que establezca Prestaciones Universales por Hijo/a a cargo menor de edad; todas ellas medidas que se proponen desde la Plataforma del Tercer Sector de España, para combatir la pobreza que afecta a 120 millones de personas y, de esta forma, reforzar el Modelo Social Europeo. Pero también se puede dar marcha atrás en los logros actuales, según los resultados de las futuras elecciones.
En muchos países, crece el euroescepticismo, la desconfianza en que la UE sea una experiencia positiva. Y, por otra parte, hay políticos que utilizan a la UE como chivo expiatorio. Muchas personas se preguntan ¿tiene al UE la capacidad de ocuparse de los asuntos que realmente preocupan a la ciudadanía?
La respuesta es afirmativa, aunque en este tema existe un gran espacio de mejora. En primer lugar, los mecanismos de participación de la sociedad civil son escasos y no son eficaces. Las consultas públicas que realiza la Comisión Europea, cuando propone legislación, no se difunden suficientemente para que haya participación y, peor aún, los resultados y recomendaciones que recibe no son vinculantes. Las Iniciativas Ciudadanas requieren 1 millón de firmas recogidas en 7 Estados Miembro, pero en la práctica existen enormes dificultades para lograr que se reconozcan legalmente dichas firmas. Otra debilidad similar al ejemplo anterior es que, una vez recibidas y aceptadas dichas firmas, la Comisión Europea no está obligada a iniciar las acciones que se le solicitan por esta vía. Por lo tanto, es necesario que se corrijan estos mecanismos y que se pueda ejercer una influencia directa por parte de la ciudadanía.
En segundo lugar, para que la gente recupere y aumente la confianza, es necesario que exista un aumento significativo de la transparencia en los mecanismos de decisión, en las reuniones, en las discusiones de temas relevantes, etc., que actualmente no existe. Muchas de las dudas ciudadanas vienen de la sospecha sobre el poder incontrolado de los lobbies corporativos en las oficinas de Bruselas. Después del 2008, las personas de a pie pensamos que, cuando se toleran los paraísos fiscales, el dinero se ríe de la democracia.
En tercer lugar, los Estados deberían ceder algo más en el campo social, para que se pueda avanzar desde una perspectiva comunitaria. En esta última década, ha habido grandes progresos en las competencias exclusivas de la UE (unión aduanera, política pesquera, política comercial, acuerdos internacionales), pero no tanto en las compartidas con los Estados Miembro, particularmente en la Política Social y la cohesión territorial.
La 'paradoja de la UE'
La 'paradoja de la UE' (una experiencia exitosa, con mala prensa) se debe a la responsabilidad de los Estados Miembro en el Consejo, y en la Comisión Europea, que ellos mismos nombran. No debemos olvidar que la UE es un proyecto político, y que a los políticos los elegimos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, dependiendo de a quiénes, a qué partidos políticos elegimos a nivel nacional, así será el color predominante del Consejo de la Unión Europea (los jefes de Estado actuales) y de la Comisión (miembros designados por los gobiernos anteriores y actuales, con mandato de 5 años). Estas dos instituciones, en particular la Comisión, son las que proponen la legislación y el Consejo tiene la capacidad de bloquear o anular cualquier iniciativa legislativa.
Un desafío importante es trabajar en la cohesión y la colegialidad, ya que con la crisis Europa ha vuelto a ser de tres velocidades: la de los que no están afectados por la crisis, la de los países periféricos afectados y endeudados (como es el caso de Grecia y de España) y la de los países de la ampliación. Los intereses estratégicos de estos tres grupos no son fácilmente compatibles, pero debemos apostar por la cohesión social europea, basada en el respeto de los Derechos Fundamentales, por encima de cualquier otro interés.
Hay mucho que pensar. En general, los ciudadanos de la UE conocen la importancia de las elecciones europeas como medio de participar en la vida democrática de la Unión. No obstante, algunos aún no son conscientes del efecto que estas elecciones tienen en su vida cotidiana, ni de las opciones políticas de que disponen, y esto puede incidir negativamente en el índice de participación en las elecciones europeas. Para la vida cotidiana de los 500 millones de habitantes que la componen, la importancia de Europa es creciente, ya que cada año se aprueban entre 50 y 70 directivas (las “leyes europeas”), que son de obligatorio cumplimiento en todos los Estados miembro.
Esta es la oportunidad para defender y seguir ampliando el Modelo Social Europeo, en el que se establezca la prioridad de erradicar la pobreza y la exclusión social en Europa y se apliquen los Derechos Fundamentales. No la podemos desaprovechar.
