Los niños podrán denunciar violaciones de sus derechos ante la ONU
Los niños tendrán un apoyo más para perseguir las violaciones de sus derechos. Este lunes 14 de abril entra en vigor el III Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) que crea un mecanismo de denuncias ante las Naciones Unidas sobre violaciones de los derechos de la infancia. La vía abre la posibilidad de iniciar las comunicaciones con la ONU a los propios menores, sus representantes y los Estados firmantes del protocolo.
“Es una medida muy positiva”, afirma Mª Ángeles Espinosa, directora del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) de la Universidad Autónoma de Madrid. “Era muy necesario una vía para denunciar las violaciones de los derechos de la infancia”, apunta.
La entrada en vigor ha sido posible tras la ratificación del protocolo por parte de Costa Rica el pasado enero, lo que cifraba en diez los Estados que se sumaban al documento. Para Adolfo Lacuesta Antón, vicepresidente de la Plataforma por la Infancia, que España esté dentro de esta reducida lista de países –con Albania, Alemania, Bolivia, Gabón, Eslovaquia, Montenegro, Portugal y Tailandia– es “una gran noticia”.
El Comité de los Derechos del Niño es la instancia encargada de investigar las vulneraciones de derechos. Este órgano, formado por 18 expertos, supervisa la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), aprobada en 1989 y que constituyó el primer instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos.
La CDN es el tratado internacional más ratificado de la historia. Sólo dos países no han aceptado el documento: Estados Unidos y Somalia. Desde su entrada en vigor en 1990, 54 artículos reconocen el derecho a la no discrimación de los menores, a vivir con sus padres y a que se tenga en cuenta su opinión en los asuntos que le afectan, entre otros.
Los Estados firmantes de la Convención están obligados a cumplir lo dispuesto por la ONU y, a partir de ahora, tendrán que rendir cuentas ante su Comité si son denunciados. “Puede que esa obligatoriedad de responder ante la ONU sea lo que ha provocado que aún no se hayan sumado más países al protocolo, pero esperamos que en poco tiempo se unan más”, indica Lacuesta.
Cuándo podrán dirigirse a la ONU
Los hechos que pueden denunciarse son aquellas violaciones de los derechos que reconoce la Convención y los dos protocolos suscritos posteriormente, sobre la venta de niños y la prostitución infantil y el relativo a la participación de los niños en conflictos armados. El Comité de la ONU investigará los casos una vez se haya agotado la vía interna de los Estados parte o en caso de dilataciones injustificadas de los procesos en el país en cuestión.
Las vías para denunciar son fundamentalmente dos: las comunicaciones individuales y las comunicaciones entre Estados. En las primeras, cualquier menor (o grupo de menores), así como sus representantes u organismos que sean conscientes de vulneraciones de derechos de la infancia, podrán solicitar una investigación al Comité de los Derechos del Niño. En el caso de las segundas, los Estados solo podrán denunciar las irregularidades cometidas por otro país que haya ratificado el protocolo. De momento, esta vía solo es posible entre los diez países mencionados.
Las violaciones denunciadas deben ser posteriores a la fecha de entrada en vigor de la disposición, este lunes, “ya que los tratados no se aplican con carácter retroactivo”, explica Mª Ángeles Espinosa.
Antes de efectuar la investigación y resolver la denuncia, el Comité podrá notificar al Estado parte la demanda para que este adopte las medidas provisionales necesarias para evitar posibles daños irreparables a las víctimas. Además, se intentará llegar a una “solución amigable” en la que los países colaboren esclareciendo cada situación e intentando solucionar los problemas existentes.
Como ocurre con otros tratados internacionales, las conclusiones y recomendaciones que emita la ONU una vez finalizada la investigación no son vinculantes, pero Espinosa no subestima el poder de lo dictado por la ONU: “Lo que marca las Naciones Unidas afecta moralmente a los Estados, les avergüenza a nivel internacional cuando no quedan bien parados”.
Además, el Comité incluirá en el informe que presenta cada dos años un resumen de la actividad que haya realizado a propósito de este tercer protocolo.
Difundir las herramientas entre los niños
Para Adolfo Lacuesta Antón, uno de los principales retos a los que se enfrenta la coalición de la Plataforma de la Infancia y el resto de la sociedad es “difundir información asequible para los niños sobre sus derechos y las posibilidades que les ofrece este protocolo”.
A pesar de que los niños pueden acudir a las instancias internaciones, Mª Ángeles Espinosa admite que su dependencia y condiciones no siempre harán fácil que conozcan las vías para reclamar justicia. Por ello, la Plataforma de la Infancia (y las 53 organizaciones que la integran) trabajan para hacer más accesible toda la normativa que afecta a la infancia, en lo que denominan como “versiones amigables”. La píldora informativa sobre el tercer protocolo ha quedado en manos de Save The Children.
La organización puso cifras al drama de muchos hogares españoles: la pobreza. Save the Children calcula que casi un tercio de la población infantil en España –más de dos millones y medio de niños– vive en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza. El informe del pasado enero ponía especial hincapié en los derechos de la infancia vulnerados como consecuencia de la precariedad y la crisis económica.
Según los datos de la ONG, el 24% de las familias que participan en sus programas de atención afirma que sus hijos no comen frutas ni verduras todos los días y el 42% no pueden celebrar cumpleaños ni acontecimientos especiales. En el 21% de los hogares, los niños no tienen un lugar adecuado en casa para hacer los deberes.
Aunque el respeto a los derechos de los niños en España es mayor que en otros países, el empeoramiento de sus condiciones de vida no dejan indiferentes a las asociaciones. “La pobreza infantil ha aumentado mucho con la crisis. Estamos trabajando para pedir un pacto de Estado sobre el tema”, añade Lacuesta. Además, Mª Ángeles Espinosa apunta a los derechos a la participación de los menores como de las asignaturas en las que España puede mejorar. “Hay trabajo por hacer y, ahora, con el respaldo de las Naciones Unidas”, concluyó Lacuesta.
