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¿No vuelvo a ir a Benidorm?

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Playa de Levante en Benidorm. GTRESONLINE

Como si este blog fuese un vehículo en viaje de vacaciones hacia la costa levantina, de repente paro el cacharro y me doy una palmada en la frente. Me he dejado a Freda. Freda Jackson es la señora inglesa que se quejó a su agencia de viajes por llevarla a un hotel de Benidorm lleno de españoles. Freda tiene 81 años y probablemente esté haciendo lo que otros compatriotas: presentar una queja inventada a ver si se lleva algo a cambio; está feo pero tampoco es como para dejarla tirada por ahí. A Freda la  saqué de paseo en el texto anterior pero me enredé a analizar el estudio sobre viviendas turísticas de la CNMC y me olvidé de ella. Doy la vuelta, la subo de nuevo y trato de explicarle por qué Benidorm, que es símbolo del turismo masivo y popular y por eso diana de quejas y muecas de asco, es al mismo tiempo modelo turístico y urbanístico de éxito.

Le cuento a Freda que, aunque lo suyo ha sido noticia tanto en Reino Unido como en España, no parece que haya habido daño reputacional. Este agosto, la ciudad pone el cartel de lleno absoluto. O sea, este mes la población flotante puede llegar a las 500.000 personas en un lugar con algo menos de 70.000 habitantes empadronados. Benidorm no es moco de pavo: es el cuarto destino turístico de España, que es el segundo destino turístico mundial. En 2017, hubo 16,4 millones de pernoctaciones en la ciudad, sólo por detrás, y no demasiado, de Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. En general, sus cifras asustan.

En Benidorm hay 77 torres de más de 25 plantas y 27 de más de 100 metros de altura, entre ellas, In Tempo y Gran Hotel Bali, de 200 y 186 metros; es la segunda ciudad de España, tras Madrid, con más rascacielos de más de 150 metros; y la primera del mundo por habitante. Hay 130 hoteles con 28.000 habitaciones y más de 41.000 camas. Hay once campings y más de 4.500 apartamentos regularizados y no se sabe cuántas viviendas turísticas. Hay unas 60 agencias de viaje, más de 1.100 establecimientos de restauración, 25 discotecas y 29 salones de juego y azar. Benidorm es la ciudad de vacaciones de Europa, más de la mitad de los visitantes son de fuera (llegan a ser dos tercios, según la temporada), la mayoría británicos, como Freda, pero también muchos holandeses y franceses. De los de aquí, los más numerosos son los madrileños y los vascos, que van más o menos a la par. Sólo un dato más, de esos con comparación para epatar: en las duchas para pies de las playas de Levante y Poniente, en un mes como éste, se consumen casi 19.000 metros cúbicos de agua, suficiente como para llenar seis piscinas olímpicas.

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Las viviendas turísticas, la modernidad, la CNMC y una turista inglesa

¿Son así los habitantes modernos de las ciudades para la CNMC?

Una jubilada inglesa se ha hecho famosa esta semana por quejarse a su agencia de viajes. Al parecer, la señora pagó más de mil euros por dos semanas en un hotel de Benidorm y acabó en uno que estaba lleno de veraneantes locales. El asunto le ha sentado mal no sólo porque le parece que los ibéricos somos toscos y maleducados, sino porque no era lo que había contratado. “Los servicios de entretenimiento eran en español, ¿es que los españoles no pueden ir a otro lado en sus vacaciones?”, ha dejado escrito esta mujer en su queja.

La gente está choteándose ampliamente de esta señora en redes sociales y foros pensando que lo suyo es una ocurrencia muy tonta. Y no. En realidad, lo que reclama, Freda, que así se llama ella, es rabiosamente moderno. Lo que debe esperar un turista actual es que en el lugar al que viaja no quede nadie local, salvo que sea parte del servicio. ¿Por qué digo tal cosa? Porque así nos lo ha explicado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia justo el mismo día que nos enteramos de los problemas de esta consumidora inglesa.

La CNMC, tras recurrir las regulaciones de Bilbao, Madrid y San Sebastián la semana pasada, ha publicado un estudio en el que critica las tendencias regulatorias sobre viviendas de uso turístico (VUT) en España y dice cosas varias a favor de este modelo de negocio. Cosas como que uno de los efectos positivos de la proliferación sin control de VUT es “la modernización de barrios del centro de las ciudades”. Vamos a ver.

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Dejen a las ciudades gobernarse

Ayuntamientos como el de Madrid tienen muchos problemas que resolver y poca capacidad para hacerlo

Como era de esperar, la CNMC ha recurrido los planes de Madrid, San Sebastián y Bilbao que intentan regular la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT). Digo que era de esperar porque la CNMC ha estado recurriendo regulaciones turísticas desde hace unos cuantos años, principalmente de comunidades autónomas, y porque, en general, es un organismo que se dedica a tratar de reventar los intereses del bien común poniendo por encima los de las empresas, vengan de donde vengan. De hecho, su objetivo declarado es ése, como expone su web: “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas”. En el caso de las VUT, está claro que toma partido por un tipo de consumidores, los turistas, y por las plataformas y compañías que extraen recursos del mercado residencial para pasarlos al turístico. A la CNMC le da lo mismo que todos sepamos que esa forma de consumo y esas empresas están contribuyendo enormemente al problemón de vivienda que tenemos. Le da tan igual que tiene la cara dura de tirar de cinismo en su nota de prensa: “La normativa aprobada en estas tres ciudades no protege adecuadamente a los ciudadanos”. En fin.

La CNMC también ha hurgado en otro de los grandes asuntos urbanos del verano, el conflicto de los VTC y los taxis. Este organismo público fue quien presentó el recurso suficiente para que el Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbase la medida del Ayuntamiento de Barcelona que exigía una licencia extra a las VTC para operar en su ciudad. Después, vino la huelga.

En cualquier caso, no quería yo hablar de la CNMC ni de las VUT ni de las VTC, o no sólo. Quiero hablar de lo que se esconde detrás de estos temas y, en realidad, de casi todos los que tienen que ver con las ciudades. El melón es bien grande pero estamos en temporada. Lo abro: las ciudades, donde vivimos el 80% de los españoles y donde se genera por eso gran parte de la riqueza del país pero también de las desigualdades y de los problemas que nos afectan a la mayoría, están impedidas para gobernarse.

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Por qué la guerra del taxi es nuestra guerra (incluso si no te gustan los taxistas)

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Taxis de Barcelona en plena protesta.

Puede que te desagrade la violencia que exhiben algunos taxistas durante sus protestas. Puede que consideres que el del taxi es, en general, un servicio caro y que se podía ofrecer de mejor manera. Puede que aún conserves la imagen del taxista tosco, con la emisora de radio de tu disgusto puesta a tope y ciertos problemas de higiene personal. Puede que te parezca que es más que merecida la manía que mucha gente tiene al sector. Puede que tengas claro que un poco de competencia no le viene mal para darle un buen meneo. Puede que, por todo esto, sostengas que los taxistas deben perder esta huelga y que tu vida como cliente de servicios de transporte y como ciudadano sería mejor con miles de Uber y Cabify circulando sin límite y sin normas. Puede que tengas razón en parte de lo escrito anteriormente… salvo en la última frase.

La huelga de los taxistas, lo que se plantea en ella, va mucho más allá de las necesidades de ese colectivo. Tiene que ver con cómo pretendemos vivir en nuestras ciudades. Tiene que ver con derechos laborales y sociales, con regulaciones cuyo cumplimiento y respeto garantizan la convivencia. Tiene que ver con la movilidad que queremos, la contaminación que no queremos y un futuro que no deberíamos merecernos peor.

La historia ya se sabe. Había una norma que decía que por cada treinta licencias de taxi sólo podía concederse una de VTC, luego hubo un agujero legal por eso de la Ley Ómnibus de Zapatero por la que se colaron miles de licencias —hoy la cosa, según Fomento, está 1/8—, una reforma de Rajoy y compañía que volvía al 1/30 pero que no podía limitar las licencias ya solicitadas, muchos jaleos, protestas y manifestaciones de taxistas, muchos recursos también de quienes se habían metido al boyante negocio de las licencias VTC, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que Uber no es economía colaborativa y que debe estar regulado como transporte (contradictoria con declaraciones europeas anteriores), una sentencia del Supremo que avalaba lo del 1/30, muchas sentencias dando razón a los recursos de los solicitantes de VTC, una disposición reciente del Ayuntamiento de Barcelona por la que exige otra licencia extra para operar en la ciudad y la posterior suspensión de esta medida por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a partir de un recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por el propio ministerio de Fomento (que luego reculó al ver la que se estaba liando). A partir de ahí: titulares que señalan que los taxistas son unos macarras y testimonios que juran que nuestra vida va a ser muchísimo mejor si es conducida, al volante o en el asiento de atrás, en un coche negro lleno de botellitas de agua. Pues no necesariamente.

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Del diésel también se sale... y conviene hacerlo cuanto antes

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¿Seguiremos respirando el aire que sale de aquí?

Hace una semana una ministra dijo que la Tierra es redonda. En los días siguientes, la respuesta de las asociaciones de fabricantes de planisferios, de los medios de comunicación, de los sindicatos y de los partidos de la oposición (incluidos los que tienen en su programa que la Tierra es redonda) ha sido tanta y tan airada que a uno casi le llega a convencer de que la ministra ha dicho un tontería. Pues no. La Tierra es redonda, efectivamente, aunque Ribera no ha dicho eso sino algo que en el año 2018 debería ser una obviedad casi igual: “El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida”.

En el tiempo que ha pasado desde que pronunció estas palabras, a la ministra la han tirado de todo desde todos los lados, desde adjetivos como “enterradora” hasta acusaciones de crear “alarma social”. Ha pillado del PP y de IU, de la patronal de fabricantes de automóviles y de UGT, de medios monárquicos y de republicanos.

En su contra, también se han utilizado los números, que ya se sabe que en este país de letras son la verdad absoluta, sobre todo si van relacionados con la macroeconomía y el empleo y en estudios presentados por partes contratantes. Se le ha dicho que el 10% del PIB de España viene del sector del automóvil, que el sector mantiene 200.000 empleos directos e indirectos, que hay 17,9 millones de vehículos diésel (además de 13,6 millones que usan gasolina), de los que más de cuatro millones son profesionales. Incluso se ha publicado tal cual ( en este diario también) un estudio que dice que el diésel ya casi no contamina, un estudio cuyo origen es una empresa que se dedica a vender productos para motores diésel y que iba acompañado de palabras contra la ministra por parte de uno de sus directivos.

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Madrid Central, una buena noticia que podría ser muchísimo mejor

Un cartel publicitario en la presentación de ayer de Madrid Central

Ya llega. Ayer el Ayuntamiento de Madrid anunció la próxima puesta en marcha de la gran Área de Prioridad Residencial para el Distrito Centro. La implantación de esta APR, ahora bautizada como Madrid Central, será en noviembre y con ella se pretende reducir un 37% de los kilómetros recorridos y un 40% las emisiones de dióxido de nitrógeno (NOX) en la zona protegida. La medida, posiblemente la más relevante de este gobierno de Ahora Madrid y no sólo en materia de movilidad, llega inexplicablemente tarde. Se viene hablando de ella desde principios de la legislatura y, desde entonces, cuenta con apoyo de plataformas vecinales e incluso de algunas asociaciones de comerciantes. También del PSOE, que ha estado pinchando para que se lleve adelante. No se entienden muy bien, por eso, los sucesivos retrasos. Y menos si se analiza el asunto a nivel estratégico: aunque la implantación comience en noviembre, habrá dos meses de periodo de pruebas. O sea, que las multas van a llegar casi al mismo tiempo que la propaganda electoral.

En cualquier caso, es una buenísima noticia. Una que sitúa a Madrid en lo alto de la lista de ciudades que se adaptan a los nuevos tiempos de la movilidad y ponen límites a la circulación de vehículos contaminantes. Oslo, por ejemplo, ha sido elogiada por su intento de ser una urbe libre de coches pero la realidad es que la zona protegida por la capital noruega es mucho menor (170 hectáreas en Oslo frente a las 470 de Madrid). Barcelona también ha sido titular en el mundo por las supermanzanas pero el plan se ha ido ralentizando al paso de la legislatura y no llegará a tener el impacto de este Madrid Central. Casi todas las grandes ciudades y capitales tienen previsto prohibir la circulación de vehículos diésel a partir de, más o menos, 2020. Madrid llega antes y eso está muy bien. Pero…

A la APR de Centro se le ha colado una excepción que se entiende regular. Dice la nota de prensa: “A este área solo podrán acceder y circular libremente los residentes empadronados, vehículos para personas con tarjeta de movilidad reducida, vehículos con etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico Cero o ECO, bicicletas, los servicios públicos esenciales, sanitarios y de emergencias”. Ahí, entre tanta lógica de movilidad sostenible, hay algo que desafina. ¿Qué es eso de vehículos ECO? Dice la DGT: “Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GLP)”. O sea, que por Madrid Central seguirán circulando coches con capacidad de quemar gas y coches híbridos, es decir, coches de combustión como los de antes pero con un pequeño motor eléctrico que opera sólo a muy baja velocidad, coches que contaminan sólo un poco menos que los actuales y que cada vez se venden más (casi 9.000 en lo que llevamos de año sólo en la Comunidad de Madrid), coches de no residentes que seguirán usando el Distrito Centro como atajo y anulando buena parte de los beneficios de esta área restringida, tanto en materia de contaminación como de pacificación del tráfico y seguridad vial. A ver si el Ayuntamiento, en lo que va de aquí a noviembre, se lo piensa mejor y es coherente con su propio Plan A de calidad del aire.

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La vivienda como mercancía y la cultura de la propiedad: nuestros apegos feroces

Las casas, ¿son para habitarlas o para obtener rentabilidad?

Leo Apegos Feroces, de Vivian Gornick. El libro, estupendo, es algo así como unas memorias a trozos de la relación de la autora con su madre, un apego feroz contado con finura e inteligencia. También, en sus primeros capítulos, es un retrato del entorno en el que creció Gornick, un recuerdo sin abuso de la nostalgia que incluye la descripción de una forma de entender la vida en la ciudad que se ha desvanecido, de un barrio —el Bronx, pero podría ser cualquiera, también de los nuestros— en el que Vivian Gornick y su madre vivieron rodeadas de relaciones vecinales de apoyo y de comunidad que hoy, porque cerramos con llave las puertas de nuestras casas hasta cuando estamos dentro, se han quedado atrás. Leo a Gornick y pienso sobre este triunfo global del individualismo en el que, cada vez más, las relaciones son económicas o no son. Paso al siguiente libro en la cola de lectura y me doy cuenta de que en España tenemos un problema aún más gordo, y precisamente relacionado con esas casas en las que nos guardamos como si fueran cofres.

De la especulación al derecho a la vivienda. Más allá de las condiciones del modelo inmobiliario español, de Raquel Rodríguez y Mario Espinoza (Traficantes de Sueños, 2018), es un libro necesario para entender y para entendernos. Explica de forma clara cómo hemos llegado a meternos en este estado permanente de burbuja en el que vivimos y por qué es algo absolutamente estructural. Traza la historia de las políticas de vivienda en España desde mediados de los 50, cuando el ministro del ramo, José Luis Arrese, dijo eso de de “no queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. Desde entonces hasta ahora, todas las medidas y planes que se han diseñado —con pocas excepciones, como las leyes autonómicas de Andalucía, Cataluña y País Vasco tras el último estallido— han ido en la misma dirección: asentar aún más los pilares de nuestro modelo económico basado y especializado en turismo, bienes inmuebles y finanzas y en el que se entiende la construcción como vía fundamental de crecimiento económico y se impone, desde las políticas públicas, la cultura de la propiedad.

El texto de Rodríguez y Espinosa es la descripción de un fracaso estrepitoso o quizás no, porque en realidad la incapacidad de los gobernantes para legislar a favor de los ciudadanos ha sido el éxito de las empresas constructoras, las promotoras, las inmobiliarias y los bancos, que son quienes se benefician de que en España consideremos la vivienda como mercancía y no como derecho. Todo está contado aquí: las leyes de suelo, las de arrendamientos urbanos, los planes generales, las (in)competencias de las distintas administraciones, la inacción ante las viviendas vacías, las causas de los bajísimos índices de vivienda social…

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Debajo de la playa (y de Norman Foster) está la ciudad

¿Cuántos Fosters hacen falta para que una ciudad brille?

“Mi impresión es que la ciudad de Madrid es una de las ciudades más visibles del mundo por su inversión, por la cantidad de proyectos que piensan de verdad cómo devolver una ciudad a los madrileños”. Estas palabras salieron de la boca de Luis Cueto, Coordinador General del Ayuntamiento de Madrid, el pasado miércoles durante la presentación de la remodelación del antiguo edificio Barclays de la plaza de Colón diseñada por Norman Foster. No estuve en el sarao así que no sé si Cueto estaba riéndose por lo bajini mientras hablaba o lo decía convencido. Tampoco sé muy bien por qué un miembro del consistorio, y además uno tan relevante, actuaba de padrino en la promoción de un proyecto arquitectónico privado impulsado por la propietaria del inmueble, CBRE Global Investors —por cierto, uno de los diez principales fondos inmobiliarios del mundo—. Lo que sí sé es que el llamado edificio Axis no devuelve nada de la ciudad a los madrileños. Y lo que no entiendo es por qué desde mi ayuntamiento se me intenta vender semejante burra. Por eso, para intentar descifrarlo, estoy escribiendo esto.

"Los iconos crean valor y Madrid va a valer más cuando Norman Foster lo concluya”. Según recogen las crónicas, esto dijo también Cueto en su discurso. Y aquí ya asoman razones. No se si él o alguien al mando aquí ha leído La arquitectura del poder, de Deyan Sudjic; si lo ha hecho, lo ha entendido al revés. Uno diría que a veces Madrid, quienes la gobiernan ahora como quienes la gobernaban antes, anhela ser una de esas ciudades que detalla Sudjic en las que la arquitectura es una herramienta que usa el poder, político y/o económico, para epatar. Uno diría, aunque nunca lo hubiera dicho hace tres años, que a veces Manuela Carmena y los suyos se imaginan Madrid como Dubái, esa ciudad que presume de diseños de postín, de atraer inversores, de reclamar turistas de compra compulsiva. ¿Exagero? No tanto: en estos mismos días también se está comentando la posibilidad de que el Ayuntamiento permita una playa privada en la misma plaza de Colón; ¿hay algo más dubaití que un parque acuático frente a un edificio de un arquitecto estrella?

Lo que se intuye tras ver noticias como ésta y muchas otras es que los que mandan, como los que mandaban, andan detrás del santo grial de la marca ciudad. Madrid, sus administradores, ha tenido siempre complejo de no poseer una identidad, de no tener un brillo que deslumbre al mundo entero y lo atraiga como sí tiene, por ejemplo, Barcelona, que es con quien se ha hecho siempre la comparación en este asunto. Esto, claro, no le ocurre sólo a quienes gobiernan mi ciudad, sino que es común en muchos otros sitios: se puja por edificios espectáculo y eventos espectaculares, se fomentan las grandes inversiones que se celebran junto a quienes se llevan la rentabilidad, se busca crear eso de la marca de una forma artificial que no suele funcionar siquiera en el ámbito del consumo pero que en ningún caso tiene éxito en la cosa urbana.

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Gobernar la vivienda para gobernar la ciudad

Mientras los precios de los alquileres suben, la inversión en vivienda social sigue bajo mínimos.

Igual con tanta noticia de cambio en los banquillos de ministerios y selecciones ha pasado desapercibido un titular que se clava en el centro del verdadero asunto del momento. Lo recupero, por eso: Barcelona quiere obligar a destinar el 30% de los nuevos edificios a vivienda social. La idea no es una ocurrencia de la alcaldesa, como sugieren algunos medios, sino que viene de la sociedad civil: parte de una moción municipal presentada en febrero por la PAH Barcelona, Sindicat de Llogaters, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible (ABTS) y el Observatorio DESC; una moción que contó con el voto a favor de todos los partidos con representación en ese ayuntamiento, menos el PP, y que se ha ido desarrollando en grupos de trabajo formados por miembros de esos partidos y los colectivos citados.

Además de la dotación de ese porcentaje para todas las promociones (y rehabilitaciones integrales, ojo), hay propuesto otro, del 40%, para los edificios dedicados a alojamiento turístico y se quiere extender el derecho de tanteo y retracto de forma que la administración tenga oportunidad de adquirir propiedades en proceso de compra-venta, además de seguir destinando edificios de titularidad pública a vivienda y ver la posibilidad de expropiar solares y edificaciones abandonadas para lo mismo. Por supuesto, la patronal inmobiliaria se ha llevado las manos a la cabeza pero la cosa avanza a su pesar, de momento. Y ojalá acabe siendo realidad porque, y esto también demuestra que no es ninguna ocurrencia, el éxito ya está comprobado.

En París, ahora mismo, el 21% del parque de vivienda es social y el objetivo es que sea el 30% en 2030. La reserva del 30% de las nuevas promociones es una de las normas que están contribuyendo desde hace años a este crecimiento. En Nueva York existe también algo similar; una regla que no sólo permite el rápido desarrollo de la vivienda pública sino que lo hace sin generar guetos, consiguiendo edificios y barrios menos segregados, todo un ideal urbano.

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Por qué hay que meter mano a los servicios privados de movilidad compartida

Manuela Carmena e Inés Sabanés, hace poco más de un año, presentando un servicio de alquiler de motos privado.

De repente, las ciudades se han convertido en un muestrario de vehículos. En esta feria del cacharro compartido y sostenible podemos admirar y usar coches, motos, bicis y hasta patinetes; todos chismes de alquiler y, menos las bicis, eléctricos. Madrid es una de las capitales europeas con más oferta: cinco marcas de motos, tres de coches, dos de bicis. Vendrán más y a más lugares. Y puede que no sea una mala solución de movilidad, pero deberíamos ser conscientes de cómo se están implantando estos servicios. El despiste ante este ataque de modernidad empieza en los gobiernos, ya sea transnacionales o locales. En los ayuntamientos del cambio, también.

Lo explicaba fantásticamente hace unos días Analía Plaza en este reportaje de El Confidencial: las motos y demás vehículos compartidos invaden nuestras calles, no pagan y los ayuntamientos no están muy por la labor de regular el asunto. En realidad, ya hay voces, al menos dentro del consistorio madrileño, que sí creen que hay que meter en cintura y cobrar un canon a estos servicios, pero mientras se deciden, Manuela Carmena y otros miembros del equipo de gobierno se van haciendo fotos en las presentaciones de estas empresas y poniéndose medallas que pueden llegar a pinchar en hueso. La cosa recuerda a la distracción generalizada con la implantación sin freno de Airbnb y demás plataformas de vivienda turística. Y justo en estos momentos estamos viendo lo difícil que se hace desandar caminos así.

La movilidad sostenible y la calidad del aire son cosas muy importantes pero quien tiene el bastón no debe olvidar que gobierna más cosas y, sobre todo, que gobierna las cosas de todos. Por si acaso, aquí van algunos argumentos para que las ciudades se pongan la pila y regulen (y cobren) estas ofertas de transporte.

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