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Gobernar la vivienda para gobernar la ciudad

Mientras los precios de los alquileres suben, la inversión en vivienda social sigue bajo mínimos.

Igual con tanta noticia de cambio en los banquillos de ministerios y selecciones ha pasado desapercibido un titular que se clava en el centro del verdadero asunto del momento. Lo recupero, por eso: Barcelona quiere obligar a destinar el 30% de los nuevos edificios a vivienda social. La idea no es una ocurrencia de la alcaldesa, como sugieren algunos medios, sino que viene de la sociedad civil: parte de una moción municipal presentada en febrero por la PAH Barcelona, Sindicat de Llogaters, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible (ABTS) y el Observatorio DESC; una moción que contó con el voto a favor de todos los partidos con representación en ese ayuntamiento, menos el PP, y que se ha ido desarrollando en grupos de trabajo formados por miembros de esos partidos y los colectivos citados.

Además de la dotación de ese porcentaje para todas las promociones (y rehabilitaciones integrales, ojo), hay propuesto otro, del 40%, para los edificios dedicados a alojamiento turístico y se quiere extender el derecho de tanteo y retracto de forma que la administración tenga oportunidad de adquirir propiedades en proceso de compra-venta, además de seguir destinando edificios de titularidad pública a vivienda y ver la posibilidad de expropiar solares y edificaciones abandonadas para lo mismo. Por supuesto, la patronal inmobiliaria se ha llevado las manos a la cabeza pero la cosa avanza a su pesar, de momento. Y ojalá acabe siendo realidad porque, y esto también demuestra que no es ninguna ocurrencia, el éxito ya está comprobado.

En París, ahora mismo, el 21% del parque de vivienda es social y el objetivo es que sea el 30% en 2030. La reserva del 30% de las nuevas promociones es una de las normas que están contribuyendo desde hace años a este crecimiento. En Nueva York existe también algo similar; una regla que no sólo permite el rápido desarrollo de la vivienda pública sino que lo hace sin generar guetos, consiguiendo edificios y barrios menos segregados, todo un ideal urbano.

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Por qué hay que meter mano a los servicios privados de movilidad compartida

Manuela Carmena e Inés Sabanés, hace poco más de un año, presentando un servicio de alquiler de motos privado.

De repente, las ciudades se han convertido en un muestrario de vehículos. En esta feria del cacharro compartido y sostenible podemos admirar y usar coches, motos, bicis y hasta patinetes; todos chismes de alquiler y, menos las bicis, eléctricos. Madrid es una de las capitales europeas con más oferta: cinco marcas de motos, tres de coches, dos de bicis. Vendrán más y a más lugares. Y puede que no sea una mala solución de movilidad, pero deberíamos ser conscientes de cómo se están implantando estos servicios. El despiste ante este ataque de modernidad empieza en los gobiernos, ya sea transnacionales o locales. En los ayuntamientos del cambio, también.

Lo explicaba fantásticamente hace unos días Analía Plaza en este reportaje de El Confidencial: las motos y demás vehículos compartidos invaden nuestras calles, no pagan y los ayuntamientos no están muy por la labor de regular el asunto. En realidad, ya hay voces, al menos dentro del consistorio madrileño, que sí creen que hay que meter en cintura y cobrar un canon a estos servicios, pero mientras se deciden, Manuela Carmena y otros miembros del equipo de gobierno se van haciendo fotos en las presentaciones de estas empresas y poniéndose medallas que pueden llegar a pinchar en hueso. La cosa recuerda a la distracción generalizada con la implantación sin freno de Airbnb y demás plataformas de vivienda turística. Y justo en estos momentos estamos viendo lo difícil que se hace desandar caminos así.

La movilidad sostenible y la calidad del aire son cosas muy importantes pero quien tiene el bastón no debe olvidar que gobierna más cosas y, sobre todo, que gobierna las cosas de todos. Por si acaso, aquí van algunos argumentos para que las ciudades se pongan la pila y regulen (y cobren) estas ofertas de transporte.

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El derecho a la ciudad (también) es cosa de niños

Derecho a jugar: una propuesta para transformar la ciudad desde la infancia

Si hay un argumento que puede transitar sin mucho daño la pelea partidista que bloquea tantas veces las transformaciones urbanas es la infancia. Los niños ganaron a los coches en Holanda, por ejemplo, cuando en los 70 se manifestaron junto a sus padres para pedir calles más seguras y cambiaron así la movilidad de las urbes del país. Los niños también recuperaron hace poco más de una década el cierre al tráfico los domingos en la calle Fuencarral, en Madrid, protestando con dibujos y pancartas después de que Gallardón amagase con incumplir su promesa de devolver ese espacio semanal a las personas tras la reforma de la vía. Los niños son vecinos a los que negamos, con la forma en que hacemos y entendemos la ciudad, el derecho a vivirla y a jugarla libres, independientes y seguros. Y, sin embargo, una ciudad disfrutable para los niños es una ciudad buena para todos.

Derecho a jugar es una iniciativa ciudadana que se propone que así sea Madrid, una propuesta que se ha presentado en Decide.Madrid.es hace menos de una semana y que ya lleva unos mil apoyos. “El juego colectivo y libre —se dice en la página— es esencial para el desarrollo de tu hijo. Los niños y niñas de hoy juegan al aire libre apenas la mitad del tiempo que lo hacían sus padres cuando tenían su edad”. La propuesta, por eso, pide mejores parques infantiles, más creativos, inclusivos, accesibles y sostenibles, áreas para juegos bajo techo y también dedicadas a crianza, y caminos escolares seguros y reformas urbanísticas que comprendan que el espacio público bien diseñado es una herramienta de cohesión también entre generaciones.

“La ciudad que proponemos es un lugar estimulante, accesible, seguro y sano; un lugar mejor para jugar y por lo tanto, un lugar más amigable donde vivir”. Son palabras de David Jiménez, uno los que participan en esta iniciativa, parte de un grupo abierto de familias, profesionales de la educación, expertos en diseño, arquitectura y urbanismo, artistas y, en general, gente “interesada en promover el derecho a jugar y transformar la ciudad para que sea más amigable con la infancia”. Vecinos que han dado forma a una de las propuestas mejor articuladas que han pasado por la plataforma de democracia participativa del Ayuntamiento. Necesitan 28.000 apoyos para que sea llevada a votación popular y por eso han pensado también en la comunicación: juegan con el hashtag #Derechoajugar y memes, vídeos e infografías para contar y viralizar la iniciativa. Lo dicho, muy bien trabajada.

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Guía rápida para desmontar argumentos contra la regulación de las viviendas de uso turístico

Una imagen ya habitual: turistas con maleta en busca de su casa temporal.

De un tiempo a esta parte, ayuntamientos y regiones de España (y el mundo) se han puesto a regularizar el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT). En general, lo han hecho tarde, cuando ya se había dado buena parte del trasvase de oferta residencial a turística y, con él, el daño, y con temores y dudas provocadas por razones varias: las competencias turísticas, a cargo de las comunidades autónomas, y las diferencias de criterios al respecto; la previsión de recursos por parte de plataformas, asociaciones de anfitriones y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); y, por encima de todo, ese relato oficial que nos hace creer que el turismo sólo es un gran invento y por tanto no puede provocar daños de ninguna manera. Ahora, con las normas propuestas, brotan también los argumentos a la contra en boca de agentes diversos: juristas, asociaciones empresariales, políticos y ciudadanos (con y sin mayúsculas). Cuatro o cinco frases repetidas con insistencia que se desmontan en 3, 2, 1…

Es mi casa y en mi casa puedo hacer lo que me da la gana. Sí, claro. Pongamos que vives en el 4ºB de un edificio en una calle cualquiera de una ciudad cualquiera. Pongamos que se te da de cine el estilismo capilar y que quieres abrir una peluquería, es decir, dedicar la mayor parte del tiempo y el espacio de tu vivienda al negocio de lavar y marcar. No se trata de que trasquiles a tus amistades de vez en cuando por hacerles el favor y por un dinerito que te ayude a llevar el día a día. No. Lo que pretendes es convertir tu residencia en un salón de estética. Vale, pues buena suerte porque te vas a encontrar multitud de normativas que te van a frenar, desde las de la propia comunidad de vecinos hasta las regionales pero, en cualquier caso, tendrás que pedir a tu ayuntamiento el cambio de uso residencial a terciario (así lo suelen recoger los planes generales de ordenación urbana) y cumplir una lista de requerimientos que igual te desaniman. Entonces, ¿no debería ocurrir igual si conviertes tu vivienda en una especie de hotel o una pensión, que es lo que son finalmente las VUT dedicadas todo el año al alquiler turístico? Debería. Lo que está pasando en ciudades de todo el mundo con las propuestas de regulación no es, como se dice constantemente, un ataque a la libertad de empresa ni, mucho menos, a las libertades individuales, es la normalización de una situación que es anormal. No, en tu casa no puedes montar el negocio que te de la gana; si es una vivienda, es para vivir.

Pero si es economía colaborativa. La idea esencial del negocio de Airbnb y similares es estupenda. Así nos lo ha parecido a todos hasta que la mayoría nos hemos dado cuenta de que la propuesta original ha cambiado. Todos los estudios y mapeos independientes señalan que entre un 30 y un 60% de las ofertas que aparecen en las plataformas vienen de anfitriones comerciales, los que tienen más de una vivienda en alquiler. Hay muchos que manejan centenares de ellas en una sola ciudad. De hecho, las directivas de las asociaciones que defienden los intereses de los gestores de VUT suelen estar copadas por estos profesionales que, por supuesto, defienden su negocio mucho más que el concepto de economía colaborativa, aunque lo usen como argumento en su defensa. La realidad es que este tipo de empresas están apartando a los ciudadanos que operan por su cuenta, que no pueden competir con los precios que ofrecen quienes manejan multitud de ofertas. Y que detrás, en la propiedad de edificios y pisos, hay desde inversores medios hasta fondos gigantescos y, sorpresa, hoteles. Finalmente, si acaso son las regulaciones las que están tratando de devolver todo esto al terreno de la economía colaborativa con normas como el máximo de 90 días, la de un propietario, un anuncio o el permiso para rentar sólo habitaciones.

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El Ayuntamiento de Madrid se propone ilegalizar casi toda la oferta profesional de viviendas turísticas

La cuatro áreas que marcan las distintas restricciones del plan de hospedaje del Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid prepara una regulación para los alojamientos turísticos. Llega tarde y lo hace —ante la inacción de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias sobre turismo— por la vía de la normativa urbanística. Y, por eso y por la especial dificultad del gobierno de la ciudad para explicarse, llega de forma complicada de entender; lo que provocará, sospecho, dificultades que trataré de contar en este texto. Pero lo primero es decir de qué va la cosa. En resumen: el gobierno de Ahora Madrid pretende prohibir el cambio de uso residencial a hospedaje dentro de la M30 (y alguna zona alrededor), tanto para hoteles y edificios completos de apartamentos como para viviendas de uso turístico (VUT) que se quieran ofrecer más allá de los 90 días que de momento establece la regla regional. Es decir, es una normativa estricta y coherente con el (fatal) estado de la oferta de vivienda en Madrid y con las legislaciones que se están estilando por todo el mundo. Una normativa en la que hay algunas excepciones que también trataré de contar aquí abajo (y que también traerán complicaciones a comentar).

Lo que se presentó ayer en la Mesa de Turismo a grupos políticos, agentes del sector y asociaciones vecinales es un borrador de algo llamado Plan Especial de Implantación de Uso de Hospedaje (PEH) que se sirve del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer límites a los usos de alojamiento en distintas zonas de la capital. Según datos recogidos en el diagnóstico del borrador para mostrar la necesidad de la norma, un 45,71% de la población del distrito Centro es turista (17,64% alojados en VUT y 27,07% en hoteles).

Por eso, en la propuesta hay una zonificación que divide el mapa en cuatro áreas con distintos matices de restricción. El área 1 es ese distrito Centro sobresaturado; el área 2 es el resto del centro histórico; el área 3, lo que queda de la almendra y algunos barrios limítrofes en los que los técnicos de Desarrollo Urbano Sostenible consideran que puede haber peligro de saturación; y el área 4, el territorio municipal que queda. Y aquí ya se puede meter el primer pero: se echa de menos mayor protección de barrios como Usera, Carabanchel y Vallecas que están a pocas paradas de metro del centro, que ya están golpeados duramente por la crisis de oferta y que pueden sufrir aún más saturación por causa de quienes decidan sacar sus VUT de las zonas más protegidas para llevarlas allí.

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Una cita para aprender a hacer ciudades dignas de ser amadas

Cartel del evento València Ciutat Amable.

Quizás no haya lugar más apropiado en España para hacer este año un encuentro sobre bicis y mejores ciudades que Valencia. La capital levantina ha sido históricamente una de las adelantadas en esta materia pero últimamente está muy a tope. Ejemplo: en doce meses, el anillo ciclista ha incrementado su uso en un 30% y ha hecho que el tráfico de coches en su entorno de influencia se reduzca más del 2%. Bien por el Ayuntamiento, muy bien por la gente que hace suyos los cambios y también muy bien por Valencia en Bici, el colectivo local que lleva más de dos décadas reclamando este tipo de actuaciones y muchas otras y que hoy sigue fresco como una lechuga y con ganas de que la ciudad siga siendo más habitable. Y por esta razón, porque cuando se habla de fomentar la bici se habla de fomentar una vida mejor, han llamado como han llamado al evento del que toca escribir aquí hoy.

València Ciutat Amable es el nombre de este sarao que tiene lugar del 16 al 20 de mayo. “Para nosotros —habla Belén Calahorro, coordinadora del asunto, miembro de Valencia en Bici, impulsora de Aula en Bici—, la bicicleta no es un fin sino una herramienta para lograr mejorar no sólo la movilidad, sino transformar la ciudad en materia de espacio público y de derechos; para que el diseño y el concepto de lo urbano tenga en cuenta por igual las necesidades de todos”. El programa, por eso y como ya ocurrió en la edición del año pasado en Zaragoza, es mucho más que el XV Congreso Ibérico de la Bicicleta de Conbici y la Federación Portuguesa de Cicloturismo y Usuarios de la Bicicleta (FPCUB): es un foro para avanzar en el buen desarrollo de las ciudades —llamado La bicicleta y la ciudad—, un Encuentro de mujeres ciclistas y un festival — Bicifest— que se vive y se comparte por las calles de Valencia. De hecho, y como me cuenta Belén, que también es parte de la Junta Directiva de Conbici, generar actividades de este calibre que se abran a la ciudadanía y que miren mucho más allá del manillar es uno de los retos de este colectivo de colectivos.

La agenda que empieza el miércoles 16 va cargada. Hay un plenario inicial al que el Ayuntamiento de Valencia ha invitado a alcaldes de toda España para buscar compromisos y no sólo promesas; hay, en esta línea de implicar a las administraciones, una reunión de la Red de Ciudades por la Bicicleta y otra para seguir con el Plan Estratégico de la Bicicleta. Además, hay ponentes internacionales de postín, como Morten Kabell, director general de la consultora danesa Copenhaguenize, o Lake Sagaris, la escritora, urbanista y activista canadiense residente en Chile. Y también hay más gente llegada de fuera para compartir experiencias, activistas de distintos países de América Latina (Colombia, México, Chile…) en los que los colectivos ciclistas están llenos de energía, creatividad y capacidad de movilización. Un ejemplo es Bere Zambrano, miembro del grupo Bicitekas de la Ciudad de México, que estará en Valencia para explicar cómo tras el terremoto del 19 de septiembre se activó un movimiento ciudadano horizontal para análisis de daños y asistencia que llegó donde el estado no era capaz de llegar. Y llegó en bici.

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Cómo llenar la España vacía

¿El problema del despoblamiento es sólo en los pueblos o también en las ciudades?

Rajoy anuncia 100 millones de euros en ayudas para luchar contra la despoblación en la España rural. El titular, que se pudo leer el penúltimo día de la semana pasada, tenía buena pinta. Yo hasta llegué a pensar que el presidente había sido capaz de terminar un segundo libro en esta legislatura después de Patria y que, al tocarle La España vacía, de Sergio del Molino, se había dado cuenta de que el país tiene un verdadero agujero poblacional pero también económico entre Madrid y la costa y por eso había tomado la decisión de arreglarlo. Pero no. Debajo del titular, la realidad demuestra lo que hay: una filigrana electoralista para tratar de eliminar la pujante competencia naranja en los grandes caladeros de votos del PP (y del PSOE, ojo) por eso del sistema electoral y la edad media de los votantes de cada marca. Fue el propio M. Rajoy, en el acto de Zamora donde dio el aviso, el que descubrió sus cartas con alusiones vagas como la que sigue: “Algunos se apuntan ahora a hablar del mundo rural, aunque no les ha importado nunca”. El problema es que lo rural no le ha importado nunca ni a esos algunos ni, en realidad, al PP ni a nadie. Por eso es un auténtico problemón.

Las medidas anunciadas por el presidente se centran principalmente en municipios de menos de 5.000 habitantes y en una visión principalmente agrícola y campesina de las regiones afectadas, olvidándose de las ciudades intermedias y pequeñas y de cualquier otro tipo de actividad económica capaz de revitalizar esos lugares. Es decir, fallan no sólo en la solución sino hasta en el diagnóstico. Un par de días después, un texto de Analía Plaza centraba más el tiro. En él, se dice lo siguiente: “La despoblación no sólo afecta a los pueblos de interior. Los municipios que más habitantes pierden en España son ciudades medianas”. Y después se listan las localidades que más habitantes pierden, entre las cuales están Valladolid (más de 20.000 habitantes menos en veinte años), León, Salamanca…

Otro excelente texto, éste de Carlos Herrera Yagüe en Medium, termina de dar en el clavo: El fracaso del estado autonómico como herramienta de descentralización económica en tres gráficos, se llama. Lo que dice, básicamente, es que la descentralización política ha ido acompañada de un aumento de la centralización económica. Cito: “En la España autonómica, las comunidades compiten entre sí por atraer las inversiones… y siempre gana Madrid”. De hecho, el análisis es bueno porque también apunta a lo relativo de esas inversiones, generalmente grandes infraestructuras de transportes que garantizan muchos votos pero muchísimos menos resultados reales en las economías locales. Es decir, que no basta con tener una estación de AVE en una capital de provincias, sino que hay que potenciar muchas otras cosas para que sea un lugar donde apetezca y se pueda vivir. De todos modos, lo revelador del artículo viene al final: todo esto a Madrid no le viene nada bien.

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"El Plan de Vivienda del Gobierno es echar gasolina a un incendio"

La subida de los precios de los alquileres supone uno de los grandes problemas urbanos.

Hay titulares que definen una civilización. La nuestra, la de ahora, se puede resumir en el siguiente: la patronal turística de San Francisco culpa a la abundancia de personas sin hogar de frenar los datos turísticos del último año. Un detalle: el freno al que se refiere es en realidad un aumento del 1,4%. Otro matiz: el ser humano que ha dicho esto dice también, quizás para suavizar su afirmación, que los visitantes que pasan por la ciudad no pueden entender cómo en un lugar tan rico hay tantísima gente viviendo en la calle y añade que el panorama demuestra un fracaso social. Fascinante, ¿verdad? Pues no tanto como lo que pasa por aquí.

Para entender que es muy difícil entender nada de lo que se está haciendo con nuestras viviendas, y por eso con nuestras vidas, no hay que irse a California; basta con quedarse en España, tan metidos o más que allá en una crisis de alojamiento de primera y con similares planteamientos en los que se insiste en culpabilizar a las víctimas. Sí, aquí, en Barcelona y en Madrid sobre todo, pero ya en muchos otros territorios del país, se habla muy poco de la burbuja del alquiler y de la emergencia habitacional presente. Y, lo que es peor, cuando desde muchos medios y unos cuantos partidos políticos se trata la vivienda, se señala a los okupas como el principal problema que tenemos. Quizás sea el colmo del cinismo, quizás el de la ignorancia, quizás el de la indecencia; en cualquier caso, es insoportable. Si hay gente en la calle o metiéndose donde puede meterse es un síntoma evidente de que nuestra sociedad, efectivamente, se desmorona no sólo por impedir el acceso a un derecho básico como es la vivienda a todo el que no es —no quiere o no puede ser— propietario (clases medias, clases trabajadoras, gente joven, muchísimas personas a pesar de lo que digan los porcentajes en cualquier caso crecientes), también por no contar con la sensibilidad y solidaridad para ver y entender el problemón que en realidad vamos a pagar todos.

El Sindicat de Llogaters de Barcelona y el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid están trabajando desde hace tiempo para cambiar todo esto. Son vecinos de estas ciudades que se han juntado para defender el derecho a la vivienda y un alquiler asequible, estable, seguro y digno.“Los inquilinos e inquilinas habíamos estado solos, habíamos vivido esta flagrante injusticia que se da en esta sociedad, pero hemos dicho basta, nos hemos organizado y cada vez tenemos más fuerza y defendemos no sólo los derechos de los inquilinos sino el derecho a la ciudad en general, el derecho a vivir en ciudades más justas”. Hablo por teléfono con Irene Sabaté y Jaime Palomera, portavoces del Sindicat, mientras entran y salen de distintos despachos del Congreso de los Diputados. Están visitando a todos los grupos políticos. Bueno, a todos no: el PNV nunca respondió a sus mensajes y el PP ha anulado la reunión. “Venimos a presentar nuestras demandas a los grupos parlamentarios para saber cuál es su posicionamiento en materia de vivienda y alquiler. Vamos a hacer pública sus posiciones para que toda la gente las conozca, tanto quienes viven de alquiler como la ciudadanía en general, porque éste es un problema de todos, una nueva burbuja inmobiliaria, una emergencia habitacional que afecta a todas las ciudades y áreas metropolitanas”.

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Es la economía social, estúpido

Koiki, una empresa social que fomenta el empleo inclusivo y la movilidad sostenible, estará presente en el evento de MARES.

Stephen Hawking decía últimamente que la Inteligencia Artificial (IA) se podía convertir en el peor acontecimiento de la historia de nuestra civilización. Elon Musk también insiste en ello cuando le preguntan. Yuval Noah Harari no dice exactamente eso en Homo deus pero sí deja abierta la posibilidad de que la IA haga con nosotros lo que nosotros hacemos con el planeta y la mayoría de sus habitantes (animales pero también humanos): esclavizarnos. Claro que hay quien es un poco menos pesimista, como la Universidad de Oxford, que sostiene que la IA y la automatización sólo hacen peligrar el 47% de los empleos en los próximos 10 o 20 años. ¿He dicho sólo? La cosa es tan preocupante que ya hay quien, como Bill Gates, recomienda que los robots paguen impuestos y que con el dinero recaudado se costeen los gastos sociales y la renta básica universal.

Aunque casi todo el mundo habla de esto como si fuese un futuro distópico, la realidad es que está pasando. Vivimos en una revolución tecnológica que va a toda mecha y ya se nota en la economía y en el empleo, en sus formatos y remuneraciones. Tenemos muy presentes los usos de comercialización de espacios privados como la vivienda (Airbnb y similares), el vehículo (Uber y demás) y lo que haga falta. También se extienden esos modos de microempleo sin red que promueven Glovo y otras marcas de lo que se llama gig economy. Por supuesto, sufrimos la bajada de salarios y costes laborales generalizada por una competitividad que siempre viene relacionada con lo tecnológico. Y, claro, nos vamos acostumbrando sin darnos cuenta a confundir el crecimiento de las cifras de empleo con el aumento del empleo precario, estacional y temporal en el sector servicios, el ocio, el turismo y tal.

De lo que no se habla tanto es de la posible alternativa a este panorama. Una alternativa que lleva presente años haciendo funcionar muchas empresas y dando trabajo y sueldos decentes a bastante gente. Porque, todo esto de la innovación tecnológica aplicada al trabajo y a la producción, ¿por qué es? ¿Para qué? ¿Quién se beneficia? Todo esto sucede, sobre todo, porque las empresas invierten en ello para mejorar sus métodos y reducir sus costes y, así, aumentar sus beneficios. Es lo que tienen que hacer para cumplir con el mandato de sus propietarios y accionistas. Bien, ése es un modelo económico, el dominante, de hecho. Pero, ¿no puede haber otro? ¿No sería conveniente, casi más que pensar en si los robots deben pagar impuestos, plantearse trabajar con otros objetivos? La respuesta, la alternativa posible a la economía de libremercado, es la economía social.

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Confirmado: Black Panther no vive en Barcelona

¿Es el tranvía de la Diagonal de Barcelona o el que recorre las calles de Golden City, Wakanda?

Wakanda, el reino que gobierna T’Challa, más conocido como Black Panther, es un sitio estupendo no sólo porque luce una naturaleza apabullante. El país inventado por Marvel para su primer héroe negro es una utopía africana y tecnológica en la que —más allá del pequeño detalle de ser una monarquía en la que el rey es elegido por el poco democrático sistema de la pelea ritual con jefes de otras tribus—, se vive tan bien que se tienen que esconder del resto del mundo no vaya a ser que alguien descubra sus yacimientos de vibranium y todo se vaya al garete. La capital, por ejemplo, es el paraíso del urbanismo responsable: convenientemente densa, con enormes rascacielos pero también edificios más amables, una mezcla de usos estupenda, llena de vida en la calle, sin contaminación en el aire y ni un solo coche circulando. Por Golden City pasan tranvías sin conductor para los trayectos cortos y unos trenes maglev (de levitación magnética) para los viajes más largos. El resto de los itinerarios en la metrópoli inventada para el cine se hacen a pie, caminando sobre una calzada cubierta en parte por hierba. Así, el lugar luce un espacio público muy saludable que ha llamado la atención a un montón de medios y periodistas norteamericanos interesados en temas urbanos, que lo han puesto como modelo para cualquier urbe del mundo.

Barcelona no es Golden City. Tampoco España se parece a Wakanda. A nuestro rey no se le elige, ni siquiera a puñetazos, y la única identidad secreta que se sospecha de nuestro presidente, la de M. Rajoy, no da tanto para un tebeo de Stan Lee como para uno de Vázquez. Barcelona no es Golden City, digo, a pesar de que también ha sido puesta como modelo en materia de movilidad sostenible y transformación del espacio público por medios de todo el planeta. Fue hace un par de años por eso del relanzamiento de la estrategia de las supermanzanas —qué nombre más propio para este texto—. La pena, y eso los titulares extranjeros lo están contando menos, es que la realidad ha superado a la ficción y la implantación de las superilles ha sido frenada un poco por el desacierto en la implementación de la primera de esta serie, la de Poblenou, y bastante por el lamentable aprovechamiento político posterior de partidos de oposición a los que se suponía comprometidos con el modelo. De eso, de los supervillanos de la política lamentable, van estas letras o al menos parte de ellas.

Acaban de volver a actuar. Ha sido el martes y con la excusa del tranvía de la Diagonal. El proyecto de conexión de los dos tramos se debería votar en pleno el próximo 23 pero ERC ya ha anunciado que va a decir que no y que, por tanto, se lo va a cargar. Alfred Bosch, presidente de ese grupo municipal, ha sido capaz de asegurar sin sonrojarse demasiado que “para la ciudad es mal negocio”. Básicamente, Bosch y su partido se han pasado por la piedra su programa electoral, las lógicas de movilidad imperantes en Europa y las acuciantes necesidades de esa ciudad de reducir el tráfico y la contaminación. ¿Por qué? ¿Para qué? Sospecho que para lo que ellos creen que sí será un buen negocio, en este caso electoral.

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