La Comisión Europea ha presentado, el jueves 28 de enero, un paquete de propuestas de lucha contra la evasión fiscal. Aunque engloba varias dimensiones necesarias en la lucha contra los agujeros en el sistema de los que se aprovechan las grandes empresas, la Comisión se queda corta. Parece evidente que la presión de los diferentes Estados está haciendo mella para que sea tan sólo un acuerdo de mínimos. Por ello, es más importante que nunca que la ciudadanía se exprese.
Oxfam Intermón ha puesto en marcha una recogida de firmas para impulsar una Ley contra la Evasión y Elusión Fiscal en España. El futuro Gobierno y el nuevo Parlamento tienen una doble responsabilidad. Por un lado, es clave que España no se contente con un acuerdo de mínimos a nivel europeo, sino que contribuya a alcanzar un consenso más ambicioso. Pero hay medidas efectivas que pueden y deben ponerse en marcha en nuestro país sin esperar a los movimientos que se produzcan en Europa. Los pactos de investidura que ahora se están planteando deben promover como prioridad esta Ley contra la evasión y elusión fiscal. Para más información se puede consultar la Nota de Prensa
Un dato que pone claramente en evidencia la desigualdad en nuestro planeta: las 62 personas más ricas poseen tanta riqueza como la mitad más pobre, como destaca el último informe de Oxfam publicado días antes de que se celebrara en Davos una nueva edición el Foro Económico Mundial.
El informe muestra como la tendencia en la concentración de riqueza está haciendo que los ricos sean aún más ricos. Pero también, y es aún más devastador, que los pobres estén sufriendo los efectos de esta desigualdad creciente.
La desigualdad tiene un mayor impacto en los más pobres y vulnerables de este planeta, principalmente en los países en desarrollo. La desigualdad pone en riesgo que millones de personas puedan salir de la pobreza, rompe la posibilidad de que el beneficio del crecimiento económico llegue a todos por igual e impide acceder a una sanidad y una educación pública de calidad, lo que es un derecho básico.
La Unión Europea tiene la responsabilidad de actuar para reequilibrar un mundo tan desigual, impulsando políticas que sean consistentes con los valores fundamentales de la UE: la equidad y la solidaridad. La Comisión Europea tiene una oportunidad de sentar las bases para este cambio, impulsando el paquete de reformas contra la evasión y elusión fiscal que se presenta este 28 de enero.
La desigualdad está a menudo anclada en modelos políticos y sistemas económicos diseñados por unos pocos muy poderosos para mantener los intereses de esa élite. Esta cumbre de Davos es un buen ejemplo, donde cada año se reúne un selecto grupo de grandes empresas e individuos con mucha capacidad de influencia, para debatir sobre los retos a los que se enfrenta el planeta.
La evasión y elusión fiscal es como un gran elefante en la cumbre de Davos, una obviedad que nadie puede ignorar pero… sobre la que poco se actúa. Más del 94% de las principales empresas del mundo, entre ellas las que apoyan la celebración de esta cumbre en Davos, tienen presencia en paraísos fiscales como recoge el informe Oxfam.
Aún peor. Los datos del FMI indican que la inversión en paraísos fiscales se ha multiplicado por 4 entre los años 2000 y 2014. Una espiral de crecimiento descontrolado que demuestra hasta qué punto los distintos Gobiernos han tolerado la existencia de estos resquicios legales que grandes fortunas y grandes empresas han utilizado para fugar grandes cantidades de recursos.
En pocas palabras, lo único que se ha logrado realmente ha sido alimentar una carrera a la baja muy peligrosa en materia fiscal, para atraer (o retener) inversión extranjera.
La evasión y elusión fiscal se traduce en cuantiosas pérdidas fiscales en todos los países donde estas grandes empresas operan. Según la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), los países en desarrollo pierden al año 100.000 millones de dólares (923,1 millones de euros) al año por la evasión y elusión fiscal de las grandes multinacionales a través de paraísos fiscales, lo que les priva de recursos vitales para financiar políticas sociales para el conjunto de la ciudadanía, como la educación o la sanidad.
Lograr que grandes empresas y grandes fortunas paguen la parte justa que les corresponde es, sin duda alguna, un reto gran global. Pero sin abordarlo, difícilmente se podrá frenar la desigualdad extrema. Es fundamental que se logre un gran acuerdo mundial. Los Gobiernos de todo el mundo deben colaborar para construir un sistema fiscal internacional justo para todos los países, empezando por poner fin a la era de los paraísos fiscales.
Las Instituciones Europeas han declarado su compromiso en la lucha contra la evasión y elusión fiscal. Pero a pesar de algunos pasos incipientes por parte de la Comisión Europea, aún no hay respuestas efectivas. Este nuevo paquete de reformas contra la evasión y elusión fiscal (ATAP, por sus siglas en inglés Anti Tax Avoidance Package) que hoy se presenta es una clara oportunidad para ponerle coto.
La UE pretende dar un paso rápido para implementar los estándares internacionales en los que la OCDE ha estado trabajando, acordados en la cumbre del G20 en noviembre pasado. Pero este paquete de reformas del sistema fiscal internacional (conocido como BEPS) no alcanza a resolver el problema en toda su dimensión, en particular para los países más pobres.
Es una buena señal que el Comisario Pierre Moscovici se haya comprometido a que la UE vaya más allá de este estándar internacional, básico e insuficiente. Al menos con este nuevo paquete de reformas fiscales la Comisión planteará un listado armonizado de paraísos fiscales y medidas sancionadoras.
Sin embargo, la puesta en marcha de esta estrategia será responsabilidad de los Estados miembros, por lo que queda aún en el aire hasta qué punto la UE logrará poner su casa en orden. ¿Qué pasará con los países europeos que en la práctica son paraísos fiscales?
En cierta medida también, la Comisión tiene las manos atadas a la hora de impulsar reformas más ambiciosos porque la pelota está del lado de los Estados miembros. Al menos hasta ahora, sólo han mostrado interés por alcanzar acuerdos de mínimos. La resistencia de los distintos países europeos será un impedimento para lograr mayores avances en materia de transparencia, por ejemplo, y lograr así que las grandes empresas hagan público cuantos impuestos pagan y donde operan, desagregado país a país.
A esta resistencia de los Estados ante una mayor transparencia hay que añadir el lobby intenso que las grandes empresas están desarrollando para tratar de lograr que esta información siga siendo confidencial. ¿Transparencia sí, pero no demasiada? Pero la ciudadanía tiene derecho a saber, para exigir a las empresas que rindan cuentas por su comportamiento fiscal. Y los países en desarrollo deben poder rastrear las actividades globales de estos grandes grupos. La transparencia de la información fiscal es por tanto un paso vital.
De hecho, el Parlamento Europeo ya ha votado hasta cuatro veces a favor de una legislación europea en este sentido. Ahora, la pelota está en el tejado de los Estados, que deben trasponerla lo antes posible.
La ciudadanía europea también lo reclama. En una reciente encuesta publicada en noviembre pasado, 8 de cada 10 europeos insistían en impulsar los cambios legislativos que sean necesarios para acabar con los paraísos fiscales. ¿A qué esperan los Jefes de Estado europeos entonces?
Este artículo fue publicado en Eu Observer el 26 de enero de 2016Eu Observer
Sobre este blog
¿Ricos más ricos y pobres más pobres? Nuestra sociedad está llena de brechas que incrementan las diferencias entre unos y otros. (Des)igualdad es un canal de información sobre la desigualdad. Un espacio colectivo de reflexión, análisis y testimonio directo sobre sus causas, soluciones y cómo se manifiesta en la vida de las personas. Escriben Teresa Cavero y Jaime Atienza, entre otros.
