Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, las comunidades en las que más profesores van al paro en verano

Este verano ha sido el más duro para el sector educativo en términos laborales en los últimos años. Entre mayo y julio se han destruido 163.455 puestos de trabajo, la cifra más elevada para ese periodo de la última década, según los datos de afiliación media de la Seguridad Social. Entre las comunidades autónomas más perjudicadas, con pérdidas superiores al 20% de sus trabajadores en el sector, destacan la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias.

La destrucción media de empleo es de un 17,4%, el dato más alto desde 2009, último año para el que muestra cifras la Seguridad Social. Si atendemos a los porcentajes de caída, encabezan la pérdida de puestos de trabajo la Comunidad Valenciana (-21,2%), Andalucía (-21,1%) y Canarias (-20,7%).

Dentro de la categoría de “Educación” como actividad económica en las estadísticas de la Seguridad Social se incluye a un gran número de profesionales. Desde los profesores de Educación infantil a la Universidad, así como profesionales empleados en la “Educación deportiva y recreativa”, “Educación cultural”, academias de clases particulares y los profesores de autoescuelas, entre otras.

Las cifras récord llegan después de las celebraciones por una sentencia del Tribunal Supremo del pasado junio que parecía que cambiaría la tendencia al alza de las bajas al concluir el calendario escolar. El tribunal declaró que los despidos en verano de los docentes interinos que trabajan el curso completo, para no pagarles los meses de vacaciones de julio y agosto, son discriminatorios.

Aunque el Supremo falló sobre un caso concreto de unos interinos murcianos, los sindicatos y expertos en Derecho Laboral destacaban que sus conclusiones podían tener repercusión a nivel general, tanto en la educación pública como en la privada, y abrían la puerta a que los profesores afectados por estos despidos en el pasado reclamaran sus derechos.

No todos los despidos o extinciones de contrato de profesores en verano son irregulares, pero están bajo la lupa de sindicatos y la Inspección de Trabajo para comprobar que se ajusten a derecho y no sean una maniobra de empresarios y administraciones públicas para ahorrarse el pago de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social.

Tras la sentencia del Supremo, la Seguridad Social dictó un criterio de actuación por el que advirtió a las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas de su obligación de mantener el alta de estos docentes interinos no universitarios durante el verano. Izquierda Unida ha registrado varias preguntas al Ejecutivo para saber cómo va a responder el Gobierno ante este gran número de despidos acontecidos estos meses y qué hará ante las comunidades que incumplan el criterio del Supremo.

Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que “el Gobierno estará vigilante para intentar corregir un práctica irregular que, además, afecta a todas las Comunidades Autónomos porque es un problema a nivel educativo, una cultura que se ha generalizado tanto en la enseñanza pública y privada”. Por el momento, piden esperar a septiembre para que las actuaciones de la Inspección de Trabajo puedan continuar y evaluar también las contrataciones del principio de curso.

Las Administraciones acusan a la privada

Las comunidades autónomas con la tasas más altas de destrucción de empleo en el sector educativo se defienden asegurando que la pérdida de puestos de trabajo no se ha producido entre profesionales de la enseñanza pública. “No es cierto que la Comunidad Valenciana sea una de la autonomías que más ha destruido empleo este verano en el sector educativo, al menos en lo que respecta a la educación pública y concertada”, apuntan desde la Consellería de Educación.

En términos absolutos, 21.000 profesionales han salido del sector educativo en esta Comunidad entre los meses de mayo y julio. Desde el Gobierno valenciano explican que en esta autonomía abonan los sueldos de julio y agosto a los interinos que se incorporar entre septiembre y diciembre, y continúan dando clase hasta junio.

De los 163.455 afiliados menos en el sector educativo entre mayo y julio, 31.196 son empleados públicos. Un 19% del total, por lo que el grueso de las salidas pertenecen a la enseñanza privada. Aunque las estadísticas de la Seguridad Social desagregan los datos generales por comunidades autónomas, no ocurre así en el caso de las cifras de empleo público.

Desde la Junta de Andalucía también argumentan que esas cifras no proceden de la educación pública y se defienden argumentando que pagan las vacaciones a los interinos que han trabajado más de siete meses.

Melilla es otro de los territorios con un porcentaje elevado de destrucción de empleo en este ámbito, un 20,3%. En esta ciudad autónoma, que depende del Ministerio, el profesorado que ha trabajado cinco meses y medio cobra julio y agosto.

En Aragón, con una tasa del 19,7%, estos docentes interinos comienzan a cobrar los meses estivales tras completar seis meses trabajados. Por ahora desde el Gobierno de Pedro Sánchez no tienen programado encontrar un criterio homogéneo a este asunto con las comunidades autónomas, según apuntan desde el Ministerio de Educación.

La Rioja presenta una tasa del 16,9%. Esta comunidad autónoma registró 6.251 afiliaciones en julio, 1.274 menos que en mayo. Según los datos facilitados por el Gobierno regional, durante el último curso trabajaron 1.641 interinos en el sistema educativo riojano. De ellos, 1.379 están cobrando el verano completo. Al resto (262) no se lo abonan “porque la duración de sus contratos ha sido igual o inferior a 168 días”. Estas fuentes oficiales aclaran que estos dos centenares de profesionales probablemente no se dieron de baja a la vez en julio. “Puede ser gradual o contratos solo de una semana o varios meses”, inciden.