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Eurodiputados piden a la Comisión "medidas" para evitar el pago de la indemnización por el Castor

La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo da el visto bueno a un informe muy crítico con la actividad del BEI, que financió el polémico almacén

El documento, del que ha sido ponente Ernest Urtasun (ICV), insta a "evitar que España tenga que abonar 1.300 millones de euros en compensaciones por un proyecto precedido por una evaluación desastrosa"

Gobierno catalán quiere impugnar que se repercuta en la tarifa la indemnización de Castor

El fallido almacén de gas Castor.

Los miembros de la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo han pedido este lunes a la Comisión Europea (CE) y al Banco Europeo de Inversión (BEI) que evalúen mejor los proyectos que financian y sus posibles riesgos para evitar futuros casos como el del almacén Castor en España. Un informe de evaluación del trabajo del BEI aprobado este lunes en Estrasburgo (Francia) y del que ha sido ponente el español Ernest Urtasun (ICV), "lamenta el papel del BEI y de la Comisión en el proyecto Castor", e insta a ambas instituciones a "tomar medidas a fin de evitar que España tenga que abonar 1.300 millones de euros en compensaciones por un proyecto precedido por una evaluación desastrosa".

Los eurodiputados destacan que la evaluación de riesgos del proyecto "no tomó en consideración el riesgo del aumento de la actividad sísmica asociada a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios, que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación". Tras esa y otras experiencias fallidas, los eurodiputados piden una evaluación exhaustiva de los proyectos piloto sobre la base de un proceso de consulta abierto e inclusivo, informa Efe.

En el mismo sentido, reclaman a la CE que presente una propuesta legislativa que ayude a mejorar la futura estrategia de obligaciones para la financiación de proyectos con indicadores de inversiones de calidad e índices que ayuden a medir el impacto de los proyectos a nivel social y ambiental.

Finalmente, destacaron el papel "decisivo" que jugará el BEI en el llamado de plan Juncker (que recibe ese nombre por el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker), que pretende movilizar más de 300.000 millones de euros en los próximos años.

Pero advierten de que "una participación adecuada del BEI en un plan de inversión de la UE precisará una ampliación sustancial de sus límites máximos de préstamo y empréstito en los próximos cinco años con miras a aumentar significativamente su balance", un aumento que traería consigo una nueva ampliación de capital y garantías para las nuevas líneas de crédito.

Tras el visto bueno a este informe, después quedaría el voto en el plenario para mediados o finales de abril, donde será más complicado sacar adelante la iniciativa. No obstante, obligaría a retratarse a ciertos grupos cuya postura no está del todo clara, como la bancada de los socialistas (S&D) o la de los liberales de Alde. El informe sólo ha tenido el voto en contra del Partido Popular Europeo, informa la agencia catalana ACN.

La indemnización a Escal UGS, controlada por la constructora que preside Florentino Pérez, ACS, se abonó a finales del mes pasado (la adelantó un 'pool' de bancos liderado por el Santander) y está previsto que la paguen los consumidores a través de su tarifa del gas durante los próximos 30 años. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que la minuta ascenderá, incluyendo los correspondientes intereses, a 4.731 millones de euros.

El almacén de gas Castor, un monumental depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a la costas de Castellón y Tarragona y promovido por el Gobierno socialista, fue el primer bono-proyecto (“project bond”) del BEI adjudicado a la filial de ACS en julio de 2013. Al ser asignado en aquellas fechas, tiene cabida en este informe que evaluaba la actuación del BEI durante ese ejercicio. Para financiarlo ACS se benefició de la fórmula de los bonos de proyecto o project-bonds del BEI, concebidos en el 2012 para relanzar la inversión en la UE como una especie de vehículo público-privado consistente en un aval que el BEI da a una empresa privada cuando ésta contrae un préstamo para financiar un proyecto. En el caso del Castor, el BEI aportó una garantía de 200 millones de forma que resultara más atractivo para los inversores. 

"Capitalismo concesional"

El proyecto terminó siendo una chapuza porque los trabajos ocasionaron más de 500 seísmos en la costa levantina desde septiembre de 2013. A finales de 2014, el Gobierno del PP indemnizó con 1.350 millones a la empresa de Florentino Pérez, en lo que Urtasun ha definido como "un ejemplo del capitalismo concesional, de los contactos y amiguetes, en el que grandes empresas hacen negocio en beneficio de todos: si va bien, por los beneficios ingentes; si va mal, porque se las rescata”.

Sectores de la izquierda en el Parlamento Europeo ya han advertido de que el macroplan de inversiones de Jean-Claude Juncker puede repetir los errores de del Castor. La Fiscalía de Castellón ha rechazado investigar a los actuales responsables del Ministerio de Industria por su gestión del Castor, pero sí ha decidido iniciar actuaciones contra las personas al frente del Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS. De momento, hay 18 imputados por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

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