Un sector de la Eurocámara se moviliza para revocar la millonaria indemnización a ACS por el fiasco del Castor
Este lunes tendrá lugar en Estrasburgo una reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en la que el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun será ponente de un proyecto de informe sobre la actividad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2013. Y será un informe que puede sembrar polémica, porque además de tratar hasta diez apartados (inversiones, instrumentos de riesgo compartido, bonos para proyectos...) aborda un tema crucial: ¿debe España pagar la factura abonada por el fiasco del almacén de gas Castor?
Se trata de un informe de ocho páginas que, en líneas generales, es muy crítico con el papel jugado hasta ahora por el BEI y su falta de transparencia a la hora de asignar proyectos. Uno de ellos es el fracasado Castor, promovido por Escal UGS, mayoritariamente participada por ACS, la constructora que preside Florentino Pérez. Urtasun insta “a la Comisión y al BEI a tomar medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que pagar a través de un déficit público superior o de elevar los costos de energía 1.300 millones de euros en concepto de indemnización en un proyecto desastrosamente evaluado”.
La indemnización se abonó a finales del mes pasado (la adelantó un 'pool' de bancos liderado por el Santander) y está previsto que la paguen los consumidores a través de su tarifa del gas durante los próximos 30 años. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que la minuta ascenderá, incluyendo los correspondientes intereses, a 4.731 millones de euros.
En su informe, el representante de ICV en Bruselas lamenta “en particular el papel del BEI y de la Comisión en el proyecto Castor” porque entiende que “la evaluación de riesgos no tomó en consideración el aumento de la actividad sísmica asociada a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertaban claramente de los peligros potenciales de esta operación”.
El almacén de gas Castor, un monumental depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a la costas de Castellón y Tarragona y promovido por el Gobierno socialista, fue el primer bono-proyecto (“project bond”) del BEI adjudicado a la filial de ACS en julio de 2013. Al ser asignado en aquellas fechas, tiene cabida en este informe que evalúa la actuación del BEI durante ese ejercicio.
Los project-bonds se pergeñaron en el 2012 para relanzar la inversión en la UE, y son una especie de vehículo público-privado consistente en un aval que el BEI da a una empresa privada cuando ésta contrae un préstamo para financiar un proyecto. En el caso del Castor, el BEI aportó una garantía de 200 millones de forma que resultara más atractivo para los inversores.
“Capitalismo concesional”
El proyecto terminó siendo una chapuza porque los trabajos ocasionaron más de 500 seísmos en la costa levantina desde septiembre de 2013. A finales de 2014, el Gobierno del PP indemnizó con 1.350 millones a la empresa de Florentino Pérez. Y es esto lo que el de ICV pretende evitar. “¿Cómo hemos podido dejar a una empresa multinacional firmar un contrato que por un lado la permite obtener beneficios seguros si todo sale bien pero, por otro, obliga a España a intervenir en caso de pérdidas?”, se escandaliza el eurodiputado. “Es un ejemplo del capitalismo concesional, de los contactos y amiguetes, en el que grandes empresas hacen negocio en beneficio de todos: si va bien, por los beneficios ingentes; si va mal, porque se las rescata”.
Urtasun confía en lograr los apoyos suficientes este lunes, aunque después quedaría el voto en el plenario para mediados o finales de abril, donde será más complicado sacar adelante la iniciativa. No obstante, obligaría a retratarse a ciertos grupos cuya postura no está del todo clara, como la bancada de los socialistas (S&D) o la de los liberales de Alde.
El grupo socialista está de hecho dividido con relación a este asunto. El Partido Popular Europeo enmendará el texto y votará con toda probabilidad en contra. Los conservadores del ECR harán lo propio mientras que la izquierda del GUE votará a favor.
El informe relaciona el fiasco del Castor con el denominado Plan Juncker, el plan de inversión de 300.000 millones que recurrirá también a los project-bonds para financiar proyectos por toda la UE. Entre otras cosas, Urtasun reclama “una evaluación exhaustiva de los proyectos piloto sobre la base de un proceso de consulta abierto e inclusivo”. Sectores de la izquierda en el Parlamento Europeo ya han advertido de que el macroplan de inversiones de Jean-Claude Juncker puede repetir los errores de del Castor.
La Fiscalía de Castellón ha rechazado investigar a los actuales responsables del Ministerio de Industria por su gestión del Castor, pero sí ha decidido iniciar actuaciones contra las personas al frente del Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS. De momento, hay 18 imputados por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.
