El Gobierno no descarta acciones legales contra la concesionaria de Castor

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no descarta que el Gobierno emprenda acciones legales contra la concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS, según prevé el decreto ley que extinguía la concesión que señala esta posibilidad en caso de “vicios o defectos de ejecución”.

Ribera ha apuntado esta posibilidad durante una visita al delta del Ebro, y ha reconocido que ésta es una cuestión que “está mirando el servicio jurídico del Estado”.

No obstante, ha subrayado que “deshacer 20 años de historia de este proyecto no es tan sencillo, cuando hay tantos actores y niveles de intervención jurídica a lo largo del tiempo”.

El real decreto ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se extinguió la concesión del proyecto Castor y se indemnizaba a Escal UGS, participada en un 60 % por la empresa de Florentino Pérez ACS, facultaba al Gobierno a exigir responsabilidades a la concesionaria “a resultas de los eventuales vicios o defectos” en la ejecución del proyecto en los 10 años siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Ribera ha reiterado “el grado de compromiso del Gobierno” en “confirmar la convicción de que no tiene sentido mantener el Castor por un 'porsiacaso'”.

“Sabemos -ha explicado- que se procederá a la clausura definitiva y que por razones de seguridad se deberá proceder a las obras que permitan un taponamiento definitivo. A partir de ahí hay muchas cosas que quedan abiertas respecto el pasado y el futuro”.

La ministra ha querido dejar patente que “sellar los pozos no tiene riesgos, aunque es un proceso complejo”.

“Otra cosa -ha dicho- es el desmantelamiento de todas las instalaciones submarinas y superficiales. Habrá que ver de qué manera se pueden secuenciar en diferentes fases. Lo que tenemos claro en este momento es que se debe acometer cuanto antes este taponamiento definitivo”.

Ribera ha hecho estas reflexiones en Deltebre procedente de Barcelona, donde ha inaugurado el Simposio Empresarial Internacional organizado por la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM), que agrupa a las principales compañías del sector energético.

Ha augurado que los tribunales deberán acabar resolviendo las reclamaciones de los bancos que financiaron el Castor. “Es cierto que los bancos que cubrieron la financiación, al ver suspendido su derecho a cobro con cargo al sistema gasista, han iniciado acciones que son legítimas y que buscan recuperar lo cubrieron y tendremos que ver cómo evolucionan las cosas”, ha explicado.

Santander, Caixabank y Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años.

Ribera ha visitado el delta del Ebro, concretamente en la playa de Riumar y la Finca Bombita, en Deltebre, acompañada por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; el subdelegado del Gobierno en Tarragona, Joan Sabaté; la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Ana García Oñoro, y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Dolores Pascual Vallès.