Rato dice que no incurrió en delito y apunta a una “interpretación maliciosa”

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato considera que las conductas que se le atribuyen tras las pesquisas no corresponden a los supuestos delitos de corrupción entre particulares, blanqueo y administración desleal y señala una “interpretación maliciosa” de los hechos.

Así lo expresa en un nuevo escrito en el que recurre a la Audiencia Provincial de Madrid que un juez investigue los pagos percibidos tras su paso por Telefónica y Lazard ya que el magistrado asumió “acríticamente” las valoraciones de la Unidad Central Operativa (UCO) sin entender que son cláusulas de no competencia “que se firman en el 100 % de los contratos de alta dirección”.

Según el atestado de la UCO, Lazard favoreció a Rato con un crédito de 2,2 millones de dólares “en plena presidencia de Bankia” que no fue recogido en la declaración de intereses que presentó a la entidad el exvicepresidente del Gobierno, quien subraya que se trató de un préstamo perfectamente legítimo, a interés de mercado y garantizado al doble de su montante.

Pero la UCO destaca además que el banco de inversión amplió “sustancialmente” su negocio coincidiendo con el periodo en el que el exministro estuvo al frente de Bankia.

La defensa considera improcedente tal argumento y alega que en 2010 y 2011 todos los proveedores de servicios profesionales incrementaron su facturación ante una fusión y una salida a bolsa.

Rato recuerda además que los 6,2 millones de euros recibidos entre 2011 y 2013, también investigados, fueron una indemnización por sus servicios en Lazard totalmente legal, “más beneficiosa para el banco” que incluso para él y declarada a Hacienda.

El recurso al que ha tenido acceso Efe también considera “llamativo” que la UCO trate de criminalizar la prestación de servicios a través de sociedades profesionales cuando “ni los tribunales ni la propia Agencia Tributaria” lo recogen.

Así lo denuncia en alusión al informe presentado por la ONIF, Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, que ponía el foco en el contrato por el que Rato percibía su remuneración en Telefónica a través de su empresa Kradonara 2001.