El Tribunal Supremo avala a las gasolineras automáticas al no exigirles personal

El Tribunal Supremo ha dado la razón a las estaciones de servicio automáticas al desestimar los recursos presentados por Islas Baleares y la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares (Aesba), en la que exigían que este tipo de gasolineras contasen con personal para poder operar.

Ambas entidades recurrieron la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en la que se anulaba el artículo que obligaba a todas las estaciones a contar con personal. De esta forma se eliminaban las gasolineras automáticas, que abrían la competencia en el sector de la venta de carburantes en las Islas.

La comunidad autónoma de Baleares y Aesba argumentaron que se desatendía al consumidor. Sin embargo, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) argumenta que no tuvieron en cuenta que los intereses de los consumidores resultaban perjudicados con la eliminación de este tipo de estaciones, ya que se perdía un modelo de negocio que aportaba competencia al sector y disminuía los precios en las Islas Baleares (los más altos de España, según el geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica).

“El proceso judicial ha finalizado, después de dos años, con lo que parecía imposible: ganar a la Administración, a las estaciones tradicionales y consolidar la libertad de mercado y la libre competencia en el sector de la venta de carburantes en toda España”, sentenció el presidente de la Aesae, Manuel Jiménez Perona.

La patronal de las estaciones automáticas considera que las trabas seguirán, pero cada vez serán más difíciles de justificar, puesto que la sociedad empieza a ver el beneficio de la competencia en este sector, donde, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el consumidor puede ahorrar unos 300 euros al año pudiendo elegir dónde repostar.

Cada gasolinera sin personal que la atienda, las conocidas como 'gasolineras fantasma', supone la pérdida de seis puestos de trabajo. Es una de las advertencias del Consejo Económico y Social vasco (CES) en un dictamen que ha emitido sobre el Proyecto de Decreto sobre los requisitos que deben cumplir las instalaciones desatendidas para suministro a vehículos en Euskadi.