Las administraciones públicas impulsan las filtraciones anónimas que la Justicia sigue persiguiendo
Las administraciones públicas han encontrado en los ciudadanos anónimos algunos de sus mejores aliados para preservar la ley. Desde hace años se vive en España y en Europa una tendencia imparable de crear buzones anónimos para que los ciudadanos dejen pistas sobre posibles fraudes que faciliten así el trabajo de los servicios públicos. Estos buzones coexisten con delitos del código penal como la “revelación de secretos” que pisan una delgada línea roja. Tampoco la Agencia de Protección de Datos está a favor de este tipo de buzones con los que Hacienda, Empleo o Competencia han logrado mejorar su efectividad.
Esta misma semana, Europa Press accedía a los datos de inspecciones fiscales abiertas a raíz de una denuncia anónima en el buzón que tiene habilitado la Agencia Tributaria. Al buzón llegaron 12.555 denuncias, casi un 27% más que el año anterior con lo que se abrieron actas por un valor total de 116 millones de euros. En los últimos cinco años, la Agencia ha recibido 50.000 denuncias. Los inspectores de Hacienda son partidarios de fomentar aún más esta figura del delator, sopesando el pago de cantidades como se hace en otros países, como Alemania, o mediante los mistery shoppers, esto es, infiltrados.
Estos infiltrados los puso en marcha hace apenas un par de años la CNMV para vigilar la mala comercialización de productos financieros que dieron lugar a malas praxis como las de las preferentes. El buzón anónimo de la Inspección de Trabajo, que se puso en marcha con mucha polémica en 2013, afloró más de 4.000 empleos sumergidos en sus dos primeros años de vida, mejorando cada año el número de denuncias que recibe.
Pero si desde un ámbito de la Administración Pública se ha fomentado el uso de estas figuras es en el ámbito de la Competencia. Este sector es uno de los que más aprecia el papel de wistleblower al fomentar que una de las partes de un cártel se chive del resto para rebajar su multa. El organismo de competencia nacional, CNMC, tiene habilitados además un buzón para denuncia ciudadana y un buzón interno para que los propios técnicos denuncien las presiones a los que les somenten las empresas reguladas o el personal del Gobierno a la hora de imponer sus multas. Este buzón es especialmente novedoso y en él se preserva el anominato para el mejor funcionamiento del sistema interno de la entidad.
Pero a un paso más de sofistificación ha llegado la Comisión Europea que la semana pasada anunció la creación de un buzón encriptado para que los ciudadanos denunciaran estos cárteles de empresas. La Comisión quiere que todos los delatores se sientan progetidos pero fomentar la bidireccionalidad de estos buzones ya que el anonimato complicaba, sin el apoyo tecnológico, la interacción con la fuente. Gracias a este buzón, y siempre que se dé permiso, los funcionarios europeos pueden entablar una conversación segura y encriptada con la fuente para pedir aclaraciones.
Este furor delator (sin entrar en las investigaciones policiales) contrarresta con la persecución legal a la que pueden ser sujetos los delatores con varios delitos en el código penal que ponen freno a estas prácticas. Pese a los beneficios que las administraciones ven para la competencia en desvelar prácticas de este tipo, el código penal reconoce en su artículo 279 que “la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.
El ánimo de lucro, la obtención lícita o ilícita de la información o el delito asociado a la denuncia introducen en terreno resbaladizo el enjuiciamiento de este tipo de conductas. Sin embargo, en todos estos buzones anónimos financiados con dinero público, no se verifica el origen lícito o ilícito de las fuentes. Y tal y como hemos avanzado, en otros países de la UE se premia incluso a los delatores. Es más, la Hacienda española investiga los datos fiscales por los que otros países han pagado. Es el caso reciente de unos CD con datos fiscales de Suiza que compró Renania del Norte-Westfalia y por los que pagó 18 millones de euros a un delator para luego distribuírlos a fisco como el español.
También entra en conflicto aparente con estos buzones anónimos el artículo 197 del código penal, que persigue la “revelación de secretos”. La difusión de los datos es una de las características que marcan este tipo de delitos. Sin embargo, de nuevo las Administraciones Públicas se sirven de filtraciones periodísticas que acaban siendo perseguidas por ley para hacerla cumplir en otros terrenos. Ayer mismo difundía El Confidencial que las revelaciones de los Papeles de Panamá han servido para que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, realice catorce informes de inteligencia financiera sobre 209 sociedades que se encuentran en la base de datos del bufete panameño Mossack Fonseca.
También recientemente el Supremo ha avalado el uso de la Lista Falciani para perseguir delitos fiscales, dejando claro que el uso de estas pruebas es compatible con la legislación española. El tribunal que tomó en consideración su extradición a Suiza no consideró acreditado que se hubiera intentado lucrar con esta información y sí su relevancia pública. En Suiza, Hervé Falciani ha sido condenado a cinco años de prision que no cumplirá mientras no pise el país. La condena del país helvético penalizó el “espionaje económico” pero no la violación del secreto bancario.
Otro caso de una filtración mediática ha reavivado estos días el debate sobre la unificación de las normativas europeas. Se trata de la sentencia que el pasado miércoles dictó la justicia de Luxemburgo contra los delatores del escándalo LuxLeaks.
La Corte de Apelación de Gran Ducado condenó a Antoine Deltour a seis meses de cárcel y una multa de 1.500 euros y a Raphael Halet, a una sanción de 1.000 euros. El periodista Edouard Perrin fue absuelto. Para unificar los distintos criterios la Comisión Europea ha lanzado ahora una consulta pública para proteger a los delatores. Clarificar estas zonas de grises en el uso de información de relevancia pública urge.
