Albert Banal-Estañol es profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Acaba de presentar el informe '¿Hacia cero emisiones netas? Regulación de la infraestructura e inversión en el sector del gas en España,’ en un momento donde la política energética y todo lo que tiene que ver con la gestión gasista están en el punto de mira, dada la espiral inflacionista.
Una de las infraestructuras por las que ahora apuesta el Gobierno español, con el respaldo de Alemania, es el Midcat, una interconexión a través de los Pirineos que, en un escenario como el actual, podría elevar el peso estratégico de la Península Ibérica como eje esencial en el envío de gas hacia el resto de Europa. Sin embargo, esa infraestructura -que Francia no apoya- también puede convertirse en un lastre, si el gas deja de ser relevante en los próximos años. Su factura, como ha ocurrido con proyectos como el fallido Castor, acabarían pagándola los ciudadanos.
“A corto plazo, el Midcat serviría para llevar gas a Europa pero, en realidad, ahora no estamos utilizando toda la capacidad [de envío] que tenemos. No solucionaría el problema, porque las dos interconexiones [con Francia] no están a la máxima capacidad”, explica Banal-Estañol a elDiario.es. “A corto plazo, no soluciona. ¿Y, a largo plazo, quién lo paga? ¿Lo pagamos todos los españoles; o lo pagan todos los europeos?”, se pregunta.
Lanza la señal equivocada
Pero esa no es, en su opinión, la principal cuestión. “El gran problema es que el Midcat lanza una señal equivocada, la de que seguimos con el gas. Una señal que puede retrasar la transición a las renovables”, ahonda. “Puede ser una inversión varada, que sea irrecuperable, porque podemos dejar de consumir gas”.
El profesor de la UPF asume que la construcción del Midcat puede ser rápida y que, como apuntó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, podría estar construido en ocho o nueve meses. Eso sí, solo por el lado español. “Puede construirse deprisa y sería un tiempo récord, pero hablamos de un plazo que no permitiría que estuviese listo para este invierno”, ahonda el profesor. Una infraestructura que, según las últimas estimaciones, podría costar más de 400 millones de euros, en la parte española. En cambio, el Gobierno de Emmanuel Macron eleva el coste base a 3.000 millones de euros.
El Midcat y aumentar el flujo de gas hacia el norte de Europa, en un contexto como el actual, “permitiría rebajar los precios en el mercado Europeo, en Holanda o Alemania; pero, para España, tendría poco impacto”, argumenta el profesor de la UPF. Ahora bien, de momento, parece que el proyecto no tiene visos de salir adelante por la oposición de París.
La estrategia actual del Ejecutivo español es dar el salto en la relevancia de esta infraestructura, dado que ya no se trata de un proyecto que tenga repercusión para España y Francia, sino que actualmente se plantea como un proyecto comunitario. “Es una conversación que va más allá de la relación bilateral. No es una cuestión de una infraestructura entre dos países. Hay una fotografía más amplia, que tiene que ser considerada”, ha asegurado Teresa Ribera en una entrevista con el diario británico Financial Times.
El enfoque del profesor Albert Banal-Estañol pasa por mirar más a largo plazo. “Ahora no hay problemas para hacer llegar gas de España a Francia y, a largo plazo, lo que deberíamos hacer es aumentar la capacidad de exportar electricidad. Esa sería nuestra ventaja competitiva”, por el alto peso y potencial de las renovables en España. Eso conllevaría mejorar la interconexión eléctrica hacia la Península, una de las eternas tareas pendientes del sector energético europeo. “Deberíamos invertir en interconexión en electricidad limpia”, recalca el profesor.
En paralelo al Midcat está el 'Plan B', en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, la construcción de una nueva interconexión submarina entre España e Italia, que tendría un coste estimado en 3.000 millones de euros, a razón de 1.500 millones por cada uno de los dos países. “De nuevo es una interconexión muy costosa”, incide Banal-Estañol.
Enagás, el gestor de la red gasista española, contempló esta nueva conexión en su nuevo plan estratégico. Su previsión es que pueda estar lista en 2028 y que sea susceptible de recibir fondos europeos, por tratarse de un proyecto clave en la transformación hacia las renovables. “Pueden tener subvenciones de entre el 30% y el 40%”, porque, después de 2030, ya no se utilizarían solo para transportar gas, también hidrógeno“, detalló el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, al explicar el potencial de las nuevas infraestructuras que proyecta la compañía participada por el Estado.
Pero el hidrógeno verde aún no es una realidad. “En el hidrógeno estamos en una cuestión preliminar. Va a servir para algunas industrias pero no sabemos si va a servir para toda la población”, explica el profesor de la UPF. “Ahora estamos diciendo que necesitamos infraestructura de hidrógeno de España a Alemania; pero ¿y si lo óptimo es que esa industria se venga a España?”, se pregunta.
Replantear el modelo de financiación
De fondo, la necesidad de hacer corresponsables a las empresas de los riesgos que conllevan los proyectos y no solo a los consumidores. “El Castor lo vamos a pagar durante 30 años. Hay que hacer a las empresas partícipes de los riesgos. Si les pagas todo, van a decir que sí”. En el caso del fallido almacén de gas Castor, el coste supera los 1.600 millones.
El Castor lo vamos a pagar durante 30 años. Hay que hacer a las empresas partícipes de los riesgos
En el informe presentado hace unos días, elaborado junto al también profesor de Economía Olivier Masso, se concluye que “España tiene ahora un problema de sobreinversión en sobrecapacidad”, que se aprecia en Castor y la regasificadora de El Musel, en Gijón. “El proceso de toma de decisiones que ha llevado a España a la situación actual debe contrastarse con el caso de Francia, donde los contratistas aprobados por el gobierno construyeron primero la planta y luego la vendieron a inversores privados, y no al revés”.
Los profesores aducen que España podría haber alcanzado ya sus objetivos en materia de infraestructuras de gas, aunque, al mismo tiempo, la capacidad de almacenamiento sigue siendo escasa.
Y el riesgo de estas se ha trasladado al consumidor final. “El 40% de las facturas de energía de los españoles han sido peajes para el mantenimiento, y a veces el mantenimiento de instalaciones inutilizadas como El Musel”, indican. “España debería reconsiderar el equilibrio de riesgos entre los inversores privados, el gobierno y los consumidores. Si el riesgo va a ser asumido por el consumidor en el futuro, se deberían realizar de forma sistemática estudios económicos y medioambientales más amplios para evitar resultados desastrosos como los de El Castor”, concluyen.