Las ayudas a la calefacción central estarán condicionadas a que se individualice el consumo de cada vecino

Las ayudas a la calefacción central que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros el próximo martes estarán condicionadas a que se individualice el consumo de cada vecino.

Así lo confirman a elDiario.es fuentes gubernamentales, que apuntan que para la concesión de estas ayudas públicas “se tendrá en cuenta la instalación de contadores individuales para incrementar la eficiencia”.

El nuevo paquete de ayudas de 3.000 millones de euros anunciado el pasado jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluye la esperada solución para amortiguar la subida del recibo del gas de este invierno para las comunidades de vecinos con calefacción central, entre otras medidas para reforzar el apoyo a los consumidores vulnerables ante la crisis energética.

Actualmente las comunidades no pueden acogerse a la tarifa regulada del gas, la conocida como TUR, al superar de forma global los umbrales de consumo que marca la ley para esta tarifa, que desde hace un año tiene las subidas trimestrales limitadas.

Para solucionar esta situación, el Gobierno ha anunciado la creación de la denominada TUR 4 – Ahorro vecinal para limitar hasta finales de 2023 las subidas, como ya ocurre con las tarifas reguladas para calderas individuales desde hace un año.

La medida puede beneficiar a 1,7 millones de hogares y supondrá para sus beneficiarios, según el Gobierno, un ahorro superior al 50% en la factura con respecto a lo que pagarían este invierno si siguieran en el mercado libre, que actualmente es mucho más caro que la TUR, como consecuencia de la estratosférica subida del gas derivada de la guerra en Ucrania.

Pero para disfrutar de esas ayudas públicas se tendrá en cuenta la instalación de dispositivos que permitan desglosar qué consume cada vecino y evitar el despilfarro de energía, en un invierno que se presume muy crudo por la guerra en Ucrania y la amenaza de un corte total del suministro de gas ruso.

Instalación “voluntaria”

El plan de contingencia aprobado hace unos días por el Gobierno prevé la puesta en marcha de un plan de fomento para la instalación “voluntaria” de contadores y repartidores de costes en inmuebles con caldera comunitaria, “incentivando de esta forma el ahorro en calefacción”.

Según el documento, “se articularán mecanismos con el sector de instalación de estos contadores que permitan su financiación, de modo que los costes sean sufragados a cargo de los ahorros generados”. Se trata de una fórmula muy habitual en el sector de la eficiencia energética.

Desde 2020 un decreto del Ministerio para la Transición Ecológica obliga a la instalación de contadores individuales o repartidores de costes en los edificios de viviendas con sistemas centralizados de calefacción y agua caliente. La norma daba de plazo para ello, como máximo, hasta mayo de 2023, en función de las zonas climáticas y el número de viviendas por edificio.

Pero ese decreto, que se aprobó para cumplir con años de retraso una directiva europea, también establece una exención de la obligación de poner esos dispositivos. Basta con presentar un informe de una empresa instaladora que diga que la inversión no se va a recuperar antes de cuatro años.

La medida para permitir acogerse a la TUR a las comunidades de vecinos (que no afectaría a calderas de fuel o gasoil) aparecía esbozada en el plan de seguridad energética aprobado por el Gobierno el pasado martes. Entre las 73 medidas de actuación, se anticipaba la aprobación de un mecanismo de protección para consumidores domésticos de gas que forman parte de comunidades de propietarios con calderas comunitarias. Para ello, “el Estado adoptará las medidas presupuestarias necesarias”, apunta el plan. El actual tope a la TUR del gas lo costean los consumidores, al diferirse la diferencia para abonarla en el futuro.

El documento también incorpora un plan de despliegue de contadores inteligentes de gas que, según Transición Ecológica, va a estar dotado con 40 millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023. Esos fondos se usarán para cubrir el coste adicional de instalar los nuevos dispositivos digitales, de forma que el cliente pague exactamente lo mismo que con el contador analógico.

Parque envejecido

Actualmente, el parque de contadores de gas es muy antiguo. A finales de 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estimó que sería necesario cambiar 5,73 millones de medidores en 8 años, el 73% del total, al haber superado la vida útil de 20 años que establecía ese decreto de 2020, que prohíbe reparar o modificar esos dispositivos.

En un análisis sobre los costes y beneficios de la implantación de los contadores inteligentes, la CNMC estimó que, si bien tienen beneficios menores que los que aportan esos dispositivos en el sector eléctrico (en el que hay más margen para gestionar la demanda de los clientes domésticos), la implantación de contadores inteligentes de gas “generaría un importe significativo de beneficios para la sociedad”, sobre todo medioambientales, que cifraba en 110 millones de euros.

El estudio estimaba un resultado positivo para los consumidores de unos 320 millones y negativo para los distribuidores en 425 millones, para los que “sería necesaria una compensación” revisando al alza el precio del alquiler de los contadores. En ese caso, el beneficio para los consumidores “podría pasar a ser negativo”, advertía la CNMC.

En términos de ahorro, esa sustitución “conllevaría una reducción del consumo del 1,83%” por los cambios de hábito del consumidor, según el análisis del súperregulador, aunque el plan de ahorro del Gobierno se remite también a otro estudio elaborado por GRDF, principal distribuidor de gas en Francia, que analizó los ahorros en 385 consumidores con contadores inteligentes y que arrojó “una reducción del consumo cercana al 5%” en con los medidores analógicos.

El análisis de la CNMC advertía de que “si se implementa el contador inteligente, es imprescindible poner en marcha las medidas necesarias para que el consumidor sea capaz de utilizar la información disponible para ahorrar en su consumo, ya que, sin estas medidas, los potenciales ahorros que permiten estos contadores no se producirían. En este sentido, los consumidores más vulnerables, o con menor acceso a las nuevas tecnologías merecen especial atención”.