La batalla salarial por la inflación afronta su segundo asalto en 2023

Los salarios han sido el principal motivo de conflictos laborales y el foco de preocupación de millones de trabajadores en 2022 ante una inflación desbocada como no se veía en décadas. Con un balance de gran empobrecimiento de los sueldos en el último año, 2023 comienza de nuevo con los sindicatos situando la subida salarial como prioridad este ejercicio. La pelea por el aumento de las remuneraciones no ha terminado, sino que enfrenta su segunda vuelta, con un contexto de precios aún altos y nuevas urgencias en clave económica. “Y si no hay negociación, habrá conflicto”, repiten CCOO y UGT.

El debate sobre salarios va de la mano de la crisis de inflación y sus soluciones. Trata sobre cómo se reparte el coste del enorme auge de precios vivido hasta la fecha y que todavía visualiza un 2023 con una inflación media que ronda el 4%. De momento, el peso se ha cargado sobre todo sobre los trabajadores a costa de reducir su poder adquisitivo mientras que las empresas han salido de 2022 con un notable aumento de sus beneficios, como indica el Banco de España, entre otras entidades.

A falta de los datos oficiales sobre la evolución de los salarios del total de asalariados, la información de los convenios colectivos ya da muestra de la gran pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La subida salarial pactada alcanzó de media el 2,8%, tres veces menos que los precios, con una inflación media del 8,4%.

La gran brecha entre precios y salarios creada en 2022 y el notable aumento de beneficios empresariales es la imagen que los líderes de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han avisado que hay que revertir este 2023. “Debe haber reparto de los costes”, reiteran tanto Unai Sordo (CCOO) como Pepe Álvarez (UGT), que han emplazado a la patronal CEOE a que se siente de nuevo a negociar un gran pacto salarial a nivel estatal.

“Siempre dispuestos a negociar”, responden desde la patronal a consultas de este medio, un mensaje que reitera en sus intervenciones públicas el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, pero que no se salda con la reapertura de la mesa de diálogo.

Gran pacto de salarios o más desigualdad

Los líderes sindicales exigen a los empresarios que se retome este mismo enero la mesa sobre el llamado AENC, un gran pacto a nivel estatal de negociación colectiva con el que patronales y sindicatos más representativos lanzan una recomendación a empresas y sectores sobre cómo abordar las discusiones laborales. Aborda las subidas salariales, pero también otras muchas cuestiones clave en los centros de trabajo.

Sin embargo, cuando más se reclamaba un gran acuerdo salarial debido a la inflación tanto desde institucionales económicas nacionales como internacionales, los empresarios renegaron del AENC en 2022. Iniciados en el nuevo año, y pasadas las tensiones internas en la patronal por las elecciones a su presidencia, los sindicatos CCOO y UGT han urgido de nuevo a la CEOE a volver a la mesa de negociación.

La falta de una hoja de ruta estatal ha provocado el incremento de la desigualdad salarial, explican en los sindicatos. Una negociación colectiva “a dos velocidades”. Allí donde los trabajadores tienen más fuerza se han ido acordando subidas salariales “razonables”, muchas veces tras importantes movilizaciones sindicales, como las que ha protagonizado el sector del metal en varias provincias del país. Pero en los sectores y empresas donde la representación de las plantillas es más débil o donde no tiene tanta capacidad de movilización, los salarios no han subido o lo han hecho muy poco.

Sectores con importantes beneficios, como los bancos y las empresas energéticas, han pactado los menores incrementos salariales, como muestra el siguiente gráfico. El dato de las “actividades de los hogares” en realidad no es muy relevante, ya que solo se trata de dos convenios de los 3.000 que se tienen en cuenta.

También se ha notado la ausencia del AENC por el gran descenso de convenios colectivos registrados, en mínimos de los últimos años, con unos “2.500 convenios sectoriales menos en 2022 que en 2019”, cifraba esta semana Maricruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO. Por ello, en 2023 hay trabajo acumulado y una gran cantidad de convenios pendientes de negociar y otros que acaban de caducar y requieren de renovación. “Unos 1.200” a nivel sectorial, explicó Vicente.

El foco de la polémica: las cláusulas de revisión

Con vistas a esta multitud de negociaciones, CCOO y UGT emplazan a los empresarios a negociar un nuevo AENC. Los sindicatos mantienen su enfoque de subidas salariales “moderadas” para 2022 (que sitúan alrededor de un 4%, la mitad de la inflación, seguido de un 3,5-4% en 2023 y 2,5%-3% en 2024), pero con cláusulas de revisión salarial para que los trabajadores recuperen más adelante el poder adquisitivo perdido.

Estas cláusulas ligadas a los precios son las que los empresarios han rechazado con gran recelo hasta la fecha, pese a los movimientos de los sindicatos en sus términos y letra pequeña. Por ejemplo, con la opción de que se compensara un porcentaje de la inflación (no toda), incluir algún otro indicador en el debate, etc.

Incluso ante las quejas de los empresarios a un pacto estatal por la diferente situación de los sectores, CCOO lanzó un órdago a la patronal esta semana: acepta incluir la marcha de las empresas en la cláusula de revisión. Eso sí, con datos objetivos que den cuenta de su situación económica real, que el sindicato ya anuncia que es buena de manera generalizada, según los datos publicados por Hacienda.

Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, estima que la negociación colectiva pactará aumentos salariales del 4,3% en 2023. Aunque la situación mejore respecto a 2022, “los hogares a día de hoy siguen perdiendo poder adquisitivo” por lo que “aún en los próximos meses las condiciones económicas no son las más propicias para el consumo”, valora.

“Salario o conflicto” sigue en 2023

Y, si no hay negociación con la patronal, “habrá conflicto”, insisten desde CCOO y UGT. Ya lo ha habido en 2022, con un aumento del 17% de las jornadas de huelgas en lo que llevamos de año respecto a 2021, según los datos de la Seguridad Social.

Aunque ha habido alguna marcha y acto a nivel estatal, las movilizaciones y huelgas en 2022 se han centrado sobre todo en los sectores y empresas afectadas por conflictos en lla negociación de sus convenios colectivos.

De cara a 2023, en CCOO marcan la misma línea de acción. “Seleccionar convenios con mayores condiciones objetivas para dar la batalla (entre 100 a 200 convenios), para una batalla fuerte en clave de movilización y que estos convenios hagan de arrastre al conjunto de la negociación colectiva”, explicaba Unai Sordo esta semana. En UGT, su secretario general avisaba este viernes de escalar a una “movilización general”, advirtió Pepe Álvarez.

En cualquier caso, debe haber reparto. “El año 2022 no puede pasar en blanco”, avisa Maricruz Vicente. Por una cuestión de justicia, indican los sindicatos, pero también de estrategia económica. En 2023 será clave el consumo interno y la población ha agotado gran parte de sus ahorros en lo que llevamos de crisis inflacionista. Además, las subidas de tipos se reflejarán en aumentos de las hipotecas y 2023 sigue siendo un alto de inflación, en torno al 4%. El país necesita del bolsillo de los trabajadores y este no da para más, insisten en CCOO y UGT.

El conflicto es solo la opción B, reiteran los representantes de los trabajadores, que llaman a la patronal a solucionar el conflicto sobre una mesa de negociación. Fernando Luján, secretario confederal de UGT, advertía a este medio el “irresponsable” mensaje que están mandando los empresarios. “Donde hay conflicto se están subiendo los salarios”, recordaba, por lo que la falta de negociación empuja a la conflictividad y la inestabilidad del país.

Ojo al salario mínimo y las administraciones públicas

Los sindicatos CCOO y UGT también han instado al Gobierno a la subida urgente del salario mínimo, como ya ha hecho la gran mayoría de países europeos y que se espera para este mes de enero. Las organizaciones de trabajadores han reiterado esta semana sus reivindicaciones de que el SMI se situé entre los 1.082 y 1.100 euros, pero además han advertido al Ejecutivo de la necesidad de cambiar la legislación para evitar un bloqueo a las alzas salariales de miles de empleados dependientes del sector público.

Se trata de trabajadores en servicios externalizados por las administraciones públicas. Es decir, subcontratados en terceras empresas y que debido a la legislación de contratos públicos y de desindexación con las subidas salariales vigentes desde el mandato de Mariano Rajoy impiden en la práctica que miles de asalariados, muchos de ellos mujeres (como en limpieza, ayuda a domicilio) puedan ver mejoradas sus condiciones salariales.