Casado propone dejar a las autonomías sin más de 5.500 millones de financiación anual con su rebaja fiscal
Los problemas de suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas (CCAA) para afrontar sus competencias en materias como la sanidad, la educación y la dependencia podrían empeorar de salir adelante la nueva propuesta impositiva de Pablo Casado. En plena polémica por la marcha atrás del Tribunal Supremo sobre quien debe pagar el impuesto sobre las hipotecas, el presidente del PP ha lanzado una idea para “defender la libertad individual, seguridad jurídica y propiedad de los españoles”: bajar algunos de los principales impuestos (renta y sociedades) y eliminar sucesiones y donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados (el impuesto a las hipotecas).
Se da la circunstancia de que estos impuestos son algunos de los más importantes que tienen cedidos por completo las autonomías. Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda, las comunidades recaudaron con estos tributos 5.525 millones de euros en 2017, más del 43% de lo ingresado por los impuestos cedidos (12.685 millones). En concreto, recibieron 2.411 por sucesiones y donaciones; 2.051 por actos jurídicos documentados y 1.063 por patrimonio.
La propuesta de Casado ha sido recibida con rechazo en algunos grupos políticos, que le reprochan pretender reducir al mínimo los servicios públicos. El portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos, Segundo González, afirma que “la política fiscal que propone Pablo Casado es la misma que la de Trump, Salvini o Vox, y consiste en eliminar todos los impuestos que afectan a los que más tienen, mermando la capacidad recaudatoria y la capacidad redistributiva del Estado”.
Las CCAA se encargan del 100% de la recaudación de los tributos que quiere eliminar Casado, y tienen sobre ellos una cierta capacidad normativa. Precisamente, esta competencia supone el establecimiento de reducciones, tipos impositivos y bonificaciones que en ocasiones se relacionan con el “dumping fiscal”, es decir, con la fuga de empresas de unas autonomías a otras para reducir su factura fiscal. Además, las autonomías tienen cedido un porcentaje del 50% de la tarifa autonómica del IRPF y del IVA, y el 58% de la recaudación de impuestos especiales, entre otros. Por tanto, si se cumple la rebaja del impuesto sobre la renta, que Casado no ha cuantificado, también se vería mermada su recaudación por ese otro lado.
“Para valorar la propuesta, habría que saber también qué se propone para compensar una pérdida de ingresos que sin ser dramática sería significativa. Quitarlos sin más dejaría un agujero importante en las cuentas de las Comunidades Autónomas que habría que compensar de alguna forma”, advierte por su parte el director de Fedea, Ángel de la Fuente.
Casado no ha explicado por el momento cómo se podría compensar a las comunidades, pendientes de una reforma que solvente las deficiencias del actual sistema de financiación aprobado en 2009, por la pérdida de 5.500 millones anuales de recaudación. Tan solo ha comentado que suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados “costaría menos que los 1.600 millones que el Ejecutivo socialista ha encontrado para transferir” al Gobierno catalán de Quim Torra, en alusión al acuerdo alcanzado con la Generalitat para aumentar un 30% la inversión en Cataluña.
Para De la Fuente, que participó a propuesta del anterior Gobierno en la comisión de expertos sobre financiación autonómica, “esto no supondría acabar con la financiación autonómica. Es verdad que estos impuestos están totalmente cedidos a las CCAA, pero suponen sólo una pequeña parte de sus ingresos. Las autonomías ingresan mucho más por sus participaciones en el IRPF, IVA e impuestos especiales y por transferencias del Estado que por estos tres tributos”.
Las comunidades llevan varios años inmersas en un proceso de reforma de su financiación que el Gobierno socialista ha dado por imposible en la actual legislatura, debido a la falta de apoyos suficientes. El anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio pasos en dirección a la reforma, pero tampoco cerró el proceso.
La comisión de expertos nombrada por el Gobierno del PP y las CCAA hizo una serie de propuestas para mejorar la autonomía financiera de las comunidades autónomas de régimen común (excepto las forales), tales como otorgar capacidad sobre el IVA a las regiones o acabar con el llamado statu quo, que es una cláusula que impide que ninguna comunidad autónoma pierda respecto al anterior sistema en caso de reforma. Los expertos terminaron sus trabajos con una fuerte división y un 40% de votos particulares. Una parte de los representantes de las comunidades autónomas cifraron en 16.000 millones el agujero entre lo que les proporciona el sistema de financiación y el coste real de los servicios prestados.
“Demagogia más que ignorancia”
Otro de los expertos que participó en esta comisión es el catedrático de Hacienda Pública de la UPF Guillem Lopez-Casasnovas.
Preguntado por la propuesta de Casado, afirma: “He de pensar que es demagogia más que ignorancia. Lo segundo en política sería peor. Lo primero un ciudadano sensato lo descuenta e imputa al demagogo. Los postulados técnicos de abolición de patrimonio, venta o transmisión mortis causa no los defendió ni la tradición liberal económica desde Adam Smith o Stuart Mill, ni empresarios actuales como Gates o Buffett. Ni The Economist, biblia liberal, defiende su abolición”.
Añade que está fuera de lugar que se hable de doble imposición, como en ocasiones se argumenta sobre impuestos como el de donaciones y el de patrimonio. “También lo sería el IVA, gravada ya la renta; no tiene sentido este argumento cuando sujetos pasivos y hechos imponibles difieren aunque se trate de gravar la misma base. Además, que tenga un impuesto efectos de eficiencia no es argumento de abolición si sirve a la equidad. La meritocracia necesita de estos impuestos para legitimar incluso al propio sistema capitalista”.
Por su parte, el portavoz de Presupuestos de Ciudadanos, Francisco de la Torre, opina que “el PP no tiene credibilidad. Hasta ahora desde el Gobierno del Estado y desde las CCAA, no sólo han exigido los impuestos sino que lo han aumentado”. “Me parece que en la sede del PP de Génova 13 ya no hay calculadoras ni hojas de cálculo”, bromea.
Segundo González recalca que eliminar esos impuestos conllevaría recortes en los servicios públicos fundamentales y una merma en la calidad de los mismos. “La revolución fiscal de Pablo Casado es un peligro para lo público y, por lo tanto, un peligro público”, concluye el portavoz de Presupuestos de la formación morada.
