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CCOO carga contra Yolanda Díaz y exige que Trabajo cumpla con los reglamentos pactados en salud laboral

El secretario general de CCOO, Unai Sordo y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo.

Laura Olías

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Choque entre CCOO y la vicepresidenta Yolanda Díaz. El sindicato ha respaldado este miércoles a su responsable de Salud Laboral, Mariano Sanz, al que la vicepresidenta segunda acusó ayer de “mentir” y no actuar en nombre del sindicato por denunciar un “incumplimiento” del Ministerio de Trabajo al aprobar solo el anteproyecto de ley sobre prevención de riesgos laborales pactado con los sindicatos, sin los reglamentos también comprometidos en materias como el cambio climático y los riesgos psicosociales.

Preguntada en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Yolanda Díaz negó tal incumplimiento con visible enfado y acusó al responsable de salud laboral de CCOO de “mentir”, dado que en el texto firmado no había plazo para aprobar los reglamentos. Además, señaló que por jerarquía normativa debe tramitarse antes el anteproyecto de ley y después los reglamentos, algo que aseguró que cumplirá “a pies juntillas” en esta legislatura.

La Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato, liderada por Unai Sordo, ha lanzado un comunicado de respuesta, en el que “exige a la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno una mínima prudencia a la hora de referirse a cualquier discrepancia derivada de los espacios de diálogo con los agentes sociales”.

Por un lado, el sindicato advierte de que “la posición de CCOO ante los incumplimientos citados es la manifestada por Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente y portavoz en estas materias objeto de negociación con el Ministerio”. Es decir, no una opinión de personal y no del sindicato, como afirmó ayer Díaz.

Temor de que no se apruebe nada

Por otro lado, CCOO recuerda que en la firma del acuerdo con los sindicatos para modificar la ley de riesgos laborales y el reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, “se incluyó la aprobación de una serie de normas de menor rango, con el compromiso de que se iban a desarrollar en paralelo al procedimiento de tramite de la ley”.

“Hace 15 días, por carta, CCOO pedía información a la propia ministra por el avance en el redactado de los reglamentos. Desde el 10 de febrero hasta hoy CCOO no tiene noticias de la evolución de los textos comprometidos, y de hecho ha conocido por los medios de comunicación que el Consejo de Ministros aprobaría esta modificación de la ley”, denuncia el sindicato.

CCOO contraargumentan a Díaz además que los reglamentos comprometidos aluden a normas que “no necesitan aprobación del anteproyecto previamente”, porque son modificaciones de órdenes ministeriales ya vigentes o porque aluden “a algún real decreto urgente (se presenta un verano duro con elevadas temperaturas)”, como el de protección a las personas trabajadoras ante los efectos climáticos en el ámbito laboral.

El comunicado también denuncia que está comprometido por el Ministerio de Trabajo desde febrero de 2023, hace tres años, “un registro donde se recogerán las empresas y las personas trabajadoras que manipulan productos cancerígenos”, que tampoco está listo.

En el sindicato llevan tiempo insistiendo en la gran tardanza del Ministerio de Trabajo para sacar adelante la revisión normativa de la prevención de riesgos laborales, tras más de siete años de gobierno, y su temor de que finalmente se quede en un cajón. Todo indica que el anteproyecto de ley no saldrá adelante en el Congreso, con la patronal en contra y su influencia en las fuerzas conservadoras, por lo que los sindicatos mayoritarios insistieron en comprometer varios reglamentos, con el objetivo de que esta nueva legislatura no terminara de vacío.

Con la luz verde del Consejo de Ministros al anteproyecto de ley, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) celebró el paso del Ejecutivo, pero también apuntó que “dada la complejidad que el futuro proyecto de ley puede tener el futuro” numerosos de los cambios normativos necesarios “se pueden hacer por la vía del Real Decreto”, explica su portavoz, José Antonio Amate.

“El problema es que el tiempo de esta legislatura se está acabando, en el mejor de los casos nos queda prácticamente un año, y en este año o se aprueban los reales decretos o me temo que pasarán a un cajón del olvido”, añade Amate.

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