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El Gobierno de Cifuentes oculta qué subvenciones cobró la diputada del PP que esconde negocios en República Dominicana

La diputada Carmen Álvarez-Arenas, en una imagen de archivo.

Antonio M. Vélez

El Gobierno de Cristina Cifuentes se ha negado a precisar qué subvenciones cobró en época de Esperanza Aguirre una empresa de la hoy diputada nacional del PP Carmen Álvarez-Arenas, entonces alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Álvarez-Arenas ocultó durante tres años al Congreso la existencia de esas subvenciones y ahora ha multiplicado sus negocios en República Dominicana con una empresa creada en 2013 que no figura en su preceptiva declaración de bienes y rentas, como informó eldiario.es.

En enero de 2016, el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Eduardo Gutiérrez Benito preguntó al Gobierno madrileño por el “total de subvenciones recibidas por la empresa Centro Especial de Empleo Genser, S.L., en los últimos ocho años, detalladas por año”, después de que eldiario.es informase de que esa empresa de limpiezas de interiores, de la que Carmen Álvarez-Arenas es administradora única, se había beneficiado de un cambio legal a través de una norma de la que ella misma fue ponente como portavoz de Empleo del PP en el Congreso.

El Gobierno de Cifuentes contestó el 31 de marzo de 2016 de forma genérica. En su respuesta, confirmó la existencia de esas subvenciones y el cobro de al menos cuatro de ellas por parte de la empresa de la hoy diputada en 2007 y 2008, cuando Álvarez-Arenas era viceconsejera de Empleo del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Pero el Gobierno madrileño no aportó ninguna cifra sobre el detalle de esas ayudas, como le había pedido el diputado de la formación morada.

“El Centro Especial de Empleo Genser, SL ha recibido subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad contratadas en el mismo, a través de ayudas para cubrir los costes salariales en los ejercicios 2007-2015; dos subvenciones para proyectos generadores de empleo-interés social en 2008 y 2009 y una para la eliminación de barreras arquitectónicas en 2008”, señalaba el escrito del viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero.

Álvarez-Arenas, número 9 en las listas del PP por Madrid en las dos últimas elecciones generales, tiene una relación distante con Cifuentes, a la que en enero pasado criticó públicamente por defender que el líder del PP sea elegido por primarias.

La empresaria y política, hija de un destacado militar de la dictadura franquista, ya ocultó durante tres años al Congreso (hasta junio de 2014) que sus dos centros especiales de empleo (empresas de limpieza en las que al menos un 70% de la plantilla está compuesta por personas con una discapacidad superior al 33%) cobraban subvenciones públicas. Aseguraba entonces que no tenían “ninguna relación con el sector público”, pero no era cierto. Después rectificó su declaración para señalar que recibe “subvenciones regladas de aplicación automática de la normativa vigente”.

En diciembre de 2015, Álvarez-Arenas aseguró que no había “ ninguna incompatibilidad” en el hecho de haber participado en la redacción de una ley que benefició a sus empresas, porque en ese momento estaba en el Congreso, y no en el Ejecutivo. “Si estuviera en el Gobierno, sí sería incompatible”, razonó. También dijo que le traía “sin cuidado” que esa norma disparase las sanciones por incumplir una normativa de la que dependen sus empresas, hecho que, aseguró, “desconocía”, aunque durante el debate de la norma en el Congreso había asegurado que las multas se elevarían “cuantiosamente”. 

Respecto a las subvenciones que cobró Centro Especial de Empleo Genser SL de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid cuando ella era número dos del máximo responsable de ese departamento, Juan José Güemes, indicó que “no había ningún problema porque no estaba en la gestión de la empresa, estaba mi marido”, fallecido en 2010.

Ahora, las cuentas anuales de la empresa familiar de limpiezas de la que Álvarez-Arenas es administradora única reflejan que una filial en República Dominicana creada en 2013 multiplicó el año pasado sus beneficios por nueve, hasta 173.090 euros. El pasado jueves, Álvarez-Arenas dijo que “no recuerda” si incluyó esa sociedad extranjera en su declaración al Congreso y afirmó que “no hay ninguna situación de engaño”.

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