La “presión y coacción” de las editoriales de libros de texto para restringir la competencia: “El colegio se ha acojonado”

Un “mecanismo de presión y coacción” a competidores, centros educativos y responsables políticos con el que el sector editorial logra durante siete años “limitar la competencia y preservar el statu quo en el mercado de edición y comercialización de libros de texto no universitario evitando la presión competitiva, generando entre los participantes un ahorro de costes que no se traslada a los clientes y permitiendo por tanto incrementar sus márgenes”.

Así define la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la estrategia de las 34 empresas a las que ha multado, junto a la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), con cerca de 34 millones de euros por esas prácticas, canalizadas a través de un Código de Conducta con el que, según el organismo, buscaban ahorrarse un máximo de entre 40 y 80 millones de euros anuales en promociones comerciales.

Una de las muestras más gráficas de ese “mecanismo”, recogida en la resolución del expediente sancionador publicada esta semana, es un correo electrónico requisado por la CNMC que remitió un directivo de Santillana, la editorial que ha recibido las mayores sanciones (casi 9 millones de euros), bajo el título: “NOTA MUY IMPORTANTE. Leerlo con calma y pensar en cómo comunicáis: Cartas clarificatorias para utilizar en colegios”.

El correo se envió el 29 de mayo de 2012, poco después de la entrada en vigor, en abril de ese año, del citado código ético (conocido como CDC) con el que ANELE ideó, según Competencia, “un sistema de supuestas buenas prácticas en relación con las promociones” que hasta entonces ofrecía el sector a los denominados prescriptores de libros de texto “que, en la práctica, suponía el acuerdo entre los competidores de suprimirlas [las promociones]” y ahorrarse así decenas de millones de euros.

En ese correo, el directivo de Santillana se refiere a las cartas que los firmantes del CDC han empezado a remitir a través de ANELE a los directores de determinados centros educativos, advirtiéndoles de que aceptar cualquier descuento o “regalo” de las editoriales podía ser considerado un cohecho.

Dice así: “Todos los centros que nos estáis pasando y no quedamos satisfechos con la respuesta del competidor, la editorial amenazada puede solicitar que ANELE envíe esta carta, que va personalizada al Director del colegio. La carta es dura de narices. Anaya y Oxford la ha enviado por BUROFAX. En todos los centros que la han utilizado han salido muy satisfechos porque el colegio se ha acojonado…. Habrá que ver el final, pero ellos están contentos. […] Es muy buena esta carta”.

Además de a los colegios, según la CNMC se enviaron cartas a las editoriales que no habían suscrito el CDC “incluyendo amenazas de denuncias”. Y “cartas o burofaxes a altas instancias en materia de educación (Consejería de Educación correspondiente, inspección educativa) solicitando que se adoptasen medidas por la supuesta ilegalidad de las medidas comerciales llevadas a cabo”.

ANELE, que ha anunciado que recurrirá la multa, sostiene que el CDC solo buscaba evitar “situaciones de soborno y corrupción en la selección y prescripción de libros de texto”. La idea era prohibir la entrega de “regalos de materiales de aula ajenos al proyecto educativo, donaciones a centros en metálico o en recursos (colecciones de libros, ordenadores…) y en especial, los regalos personales a los denominados prescriptores”. Antes de implantarse el CDC, la práctica de “regalar los libros de los hijos de los profesores” se usaba “en todo tipo de centros”, públicos, privados y concertados, según Competencia.

Acuerdos y concertaciones

Pero, según la CNMC, ese acuerdo desbordó los objetivos de un código ético. Más que “evitar conductas contrarias a la ética empresarial”, se convirtió en una herramienta para no hacerse daño entre competidores, al implicar “la existencia de acuerdos y concertaciones tendentes a configurar una estrategia dirigida a restringir la competencia”, homogeneizar políticas y condiciones comerciales e intercambiar información sensible.

Así, el CDC tenía una clara “finalidad económica”, según la CNMC: ahorrar a las editoriales las millonarias partidas que venían destinando a acciones promocionales, cuyo coste estimó la propia ANELE en 2009 “entre el 10% y el 12% de la facturación, lo que supondría unos 80 millones de euros”. La patronal rebajaría en 2013 esa cifra a unos 40 millones. En cualquier caso, calificaba el coste de las promociones, según Competencia, de “barbaridad” y algo “insoportable”.

Para apuntalar su acusación, la CNMC esgrime otro correo de un directivo de Santillana el 16 de noviembre de 2011, que avanza el futuro acuerdo y dice: “Las negociaciones en ANELE para NO dar apoyos [promociones] el año 2012 sigue avanzando a buen ritmo. Todas las editoriales quieren eliminar este impuesto que nos está llevando a situaciones muy absurdas y de muchísimo coste en las cuentas de resultados”.

Al principio, el acuerdo prohibía entregar material informático a las aulas (como pizarras digitales, cañones de proyección, ordenadores o tablets) por su elevado coste, y fue extendiéndose “para que ningún competidor ofreciese formación al profesorado, muy valorada por los centros educativos”, y a la práctica “de regalar libros como medida promocional” o realizar descuentos promocionales a las AMPAS, resume la CNMC.

La CNMC sugiere que este “mecanismo” pudo influir al alza en los precios de los libros de texto: en el curso 2011/2012, fecha del acuerdo para implantar el CDC, “se experimentó un marcado ascenso de los precios de los libros de texto, que rozó el 3%. La situación se mantuvo el año siguiente con un incremento de precios del 2,39% en 2012/2013. El precio ha continuado subiendo cada año hasta la actualidad, aunque de manera menos acusada”.

Por las prácticas asociadas a ese código ético contrarias a la normativa de competencia, el organismo ha impuesto al sector multas que suman más de 32 millones de euros, el 95% de las sanciones que anunció el viernes. Sumando las multas al sector por obstaculizar el desarrollo del libro digital, las sanciones alcanzan en total los 33,88 millones.