De colegios a desaladoras: la Audiencia avala las inspecciones de la CNMC a otro presunto cártel de constructoras

Imagen aérea de una desaladora.

La Audiencia Nacional ha tumbado los recursos de ACS, Acciona y Sacyr contra una batería de inspecciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llevó a cabo en 2017 en sus sedes, y que derivaron en un expediente sancionador contra esas compañías y otras cuatro grandes del sector: Corsan-Corviam, FCC, Ferrovial Agromán y OHL.

Competencia advierte de que los cárteles para repartirse contratos públicos copan la mitad de las multas que impone

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La CNMC investiga desde 2018 a esas siete empresas por posibles amaños en licitaciones públicas para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios. En las sentencias dictadas el 29 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por esos tres gigantes del sector para intentar tumbar las órdenes de investigación dictadas en mayo de 2017 por la Dirección de Competencia de la CNMC que permitieron inspeccionar sus sedes y recabar ingente documentación.

Los registros domiciliarios se realizaron entre el 30 de mayo y el 2 de junio de 2017. La Audiencia entiende que con ellos no se vulneró la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio en la medida en que las decisiones de entrada y de registro eran razonables y proporcionales.

"No estamos ante una inspección genérica dirigida a la búsqueda de documentos o pruebas inculpatorias ya que se precisaba y se detallaba la operativa concreta de actuación de las recurrentes al especificar que diversas empresas competidoras en los sectores de la construcción y rehabilitación de infraestructuras, la construcción y rehabilitación de edificios y el diseño y construcción de infraestructuras de tratamiento de agua podrían estar realizando actuaciones concertadas para un reparto de mercado, sin que sea exigible en ese momento una relación fáctica más extensa y concreta", razona la Audiencia.

Desde 2001 "hasta la actualidad"

Las posibles conductas anticompetitivas, según los indicios recabados por la CNMC, "se habrían venido llevando a cabo, al menos, desde el año 2003, en los sectores de construcción y rehabilitación de infraestructuras y de la construcción y rehabilitación de edificios, y desde el año 2001 en el sector del diseño y construcción de infraestructuras de tratamiento de agua, pudiendo continuar en todos los casos hasta la actualidad".

La investigación se abrió tras el hallazgo casual, en noviembre de 2014, de once correos electrónicos en el registro de una filial de ACS, Drace, en el marco de otra investigación.

Según explicó en 2018 la CNMC, las prácticas anticompetitivas habrían consistido en acuerdos e intercambios de información para restringir la competencia "en el ámbito de las licitaciones convocadas por las distintas Administraciones Públicas en España, para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios".

Esos acuerdos "habrían tenido una especial incidencia en la preparación de sus ofertas técnicas de cara a dichas licitaciones y se habrían instrumentado, entre otras vías, mediante la constitución de un grupo estable y formal constituido por las citadas empresas", que "decidían con carácter semanal si contrataban conjuntamente los distintos aspectos que incluía la oferta técnica de las licitaciones que iban haciéndose públicas".

La orden de investigación mencionaba la posible existencia de prácticas anticompetitivas en tres mercados: construcción y rehabilitación de infraestructuras ("entre otros, autovías, puentes, líneas ferroviarias de alta velocidad, urbanizaciones de terrenos, etc."); construcción y rehabilitación de edificios ("colegios, hospitales, promociones de Vivienda Protección Oficial, bibliotecas, etc.") y diseño y construcción de infraestructuras de tratamiento de agua ("depuradoras, desaladoras, estaciones de tratamiento de agua potable, etc.").

Expediente caducado

En julio de 2020, y ante la imposibilidad de resolver en el plazo de 18 meses que exige la ley, la CNMC acordó declarar caducado el expediente e instó a la Dirección de Competencia a iniciar de nuevo su tramitación. Los motivos: un defecto de forma y "la complejidad que supone tener que investigar y analizar unas conductas que se han desarrollado durante un periodo de tiempo muy prolongado y que han afectado a una gran cantidad de licitaciones públicas".

La construcción ha copado en los últimos años buena parte de las sanciones de la CNMC y ya ha pedido inhabilitar como contratistas de la Administración a todas las grandes de este sector tras desarticular en agosto un nuevo cártel de contratos de carreteras del Ministerio de Transportes. El veto, que dependería de un informe de un órgano en el que está representada la patronal de constructoras, no se ha materializado porque las sanciones no son firmes. Según Competencia, los cárteles para repartirse contratos públicos copan la mitad de las multas que impone y están entre las prácticas más dañinas para los consumidores.

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