El Consejo de Economistas aboga por acercar el Impuesto de Sucesiones entre CCAA
Las diferencias en lo que se paga por recibir una herencia entre comunidades autónomas está provocando campañas ciudadanas e incluso manifestaciones para exigir un acercamiento de los tipos impositivos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Hoy el Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales (REAF-REGAF) se ha alineado con Clavelina, la mujer asturiana de 82 años que ha iniciado una recogida de firmas tras haber pagado 80.000 euros al fisco al heredar una casa de su hermano valorada en 300.000.
En pleno debate sobre la reforma de la financiación autonómica, se han mostrado además partidarios de acabar con el Impuesto de Patrimonio, que a su juicio “no tendría sentido” dado que existen otros tributos que ya gravan las posesiones, como el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Volviendo a las herencias, el presidente del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín, ha afirmado que su “conclusión técnica, no política” es que debería haber unos tipos mínimos en Sucesiones “que no fomentaran demasiada creatividad”.
“Hay que hacer unos tipos mínimos y a partir de ahí cada uno que espabile”, ha defendido por su parte el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.
A juicio del organismo, es “absurda” la “campaña tremenda” de recogida de firmas o manifestaciones sobre este impuesto “con lo poco que recauda”. “La gente está obsesionada”, ha concluído Sanmartín.
La recaudación por impuesto de Sucesiones y Donaciones ha caído un 14,74% entre 2009 y 2014, según los datos manejados por REAF-REGAF (que pide disponer de información más actualizada sobre la recaudación y los beneficios fiscales de los tributos cedidos). En ese último ejercicio, los ingresos totales por el impuesto que grava las herencias fueron de 2.207 millones para el conjunto de las autonomías.
El Consejo pone algunos ejemplos de las diferencias entre regiones sobre este gravamen. Así, un soltero de 30 años que herede 800.000 euros (200.000 correspondientes a la vivienda del fallecido) tendría que pagar 164.049 euros en Andalucía, frente a los 134 euros que pagará en Canarias. En la Comunidad de Madrid, una autonomía a la que otras han acusado de hacer “dumping fiscal” para favorecer atraer la riqueza a través de rebajas de impuestos, este supuesto heredero abonaría 1.586 euros.
No obstante, este organismo hace hincapié en que los mayores ingresos autonómicos provienen de los “grandes impuestos” cedidos, es decir, IRPF (31.831 millones en 2014, el 35,70%), IVA (28.192 millones) e Impuestos Especiales (14.301 millones). De todos ellos, las autonomías sólo tienen capacidad normativa sobre el impuesto sobre la renta.
Exuberancia creativa en impuestos propios
Para Valentín Pich, el panorama de los impuestos autonómicos muestra una conclusión clara: existe una “exuberancia creativa” que conlleva una variedad de conflictos que debe dirimir el Tribunal Constitucional en algunos casos.
Así, existen 79 impuestos propios aprobados por las comunidades autónomas, algunos de los cuales están en suspenso, bonificados al 100% o declarados inconstitucionales. Y este “esfuerzo legislativo” teniendo en cuenta, recalca el Consejo, que la recaudación por impuestos propios es de tan solo el 2,2% del total (según datos de 2015).
Según el Consejo, “en algunos casos es muy probable que la recaudación del impuesto no llegue a cubrir los costes derivados de su establecimiento y recaudación”.
En realidad, los objetos imponibles no son tantos, y son los tributos relacionados con el agua los que acaparan el 77,3 % de la recaudación.
Teatralidad
Asimismo, para Pich, “sorprende la teatralidad de las novedades” tributarias aprobadas por las comunidades autónomas, que a su juicio “juegan a bajar y subir impuestos pero en realidad, la incidencia que eso tiene en el presupuesto es mucho menor que la que tiene de cara a los votantes”.
El Consejo cree que la reforma del sistema de financiación autonómica es necesaria porque “no es transparente” sino “espeso e incomprensible” y los resultados de financiación que arroja son “arbitrarios, manteniendo unas diferencias que no se explican por las necesidades de gasto”.
Un sistema, el de la financiación autonómica, que a su juicio “fomenta debates territoriales e institucionales estériles”, y hace por tanto aconsejable acometer una reforma de la financiación autonómica que “debido a las estrecheces presupuestarias, no va a resultar fácil”, advierten.
