El trabajo temporal de los empleados públicos aumenta sin freno hasta el 26% pese al acuerdo para reducirlo
Uno de cada cuatro trabajadores públicos tiene un contrato temporal. El 26,3% del total, según los últimos datos de la EPA. El Gobierno central firmó en 2017 y 2018, todavía en manos del PP, un acuerdo con los sindicatos más representativos para disminuir la tasa de temporalidad hasta el 8%. En lugar de acercarse a esta ambiciosa meta, con el horizonte fijado en 2020, las Administraciones Públicas por el momento se alejan cada vez más.
Carlota (nombre ficticio) es enfermera, de 25 años, y una de las trabajadoras de la sanidad pública que encadena contratos temporales. Desde mediados de 2017 no le ha faltado trabajo, ha hilado ocho contratos temporales en el mismo hospital público “aunque en diferentes servicios”, explica la joven trabajadora a eldiario.es. La duración varía entre “menos de un mes y hasta 6 meses”, todos para cubrir bajas de compañeros fijos. “En general, donde he estado hay mucha carga laboral, falta gente”, sostiene la enfermera.
Según los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, la alta temporalidad en las administraciones públicas responde a esa necesidad de personal estructural y permanente en los servicios públicos sin que se haya convocado la oferta de empleo necesaria. La crisis restringió la creación de plazas nuevas en la Administración, pero también el relevo del personal que se jubilaba o dejaba libre su plaza por otros motivos gracias a las tasas de reposición.
“La Administración debería plantearse que no se puede estar tantos años sin convocar plazas. Como no se hace eso, se acumula un déficit muy importante, se contrata personal temporal y se llega a una situación insostenible”, critica Frederic Monell, secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT. “La clave para nosotros es eliminar la tasa de reposición y que las administraciones convoque cada año las vacantes que son necesarias, para que no se acumule un volumen tan grande de plazas por estabilizar”.
La temporalidad, en máximos de la última década
Después de que la tasa de temporalidad se redujera en los años de crisis, el porcentaje no ha dejado de crecer en los años de recuperación económica. Pese a los dos acuerdos firmados en 2017 y 2018 para mejorar el empleo público, que incluyen el compromiso de limitar la proporción de contratos temporales al 8% en 2020, el año pasado ha cerrado con la mayor tasa en la última década en el último trimestre, según los datos de la EPA.
La excesiva temporalidad es un problema del mercado laboral español en su conjunto: la tasa de asalariados con contratos de duración limitada ascendió en el último trimestre del pasado año al 26,9%, dos décimas más que en el mismo periodo de 2017.
Si se mira esta tasa en función de si los empleados trabajan en el sector público o privado, se observa que es más elevada entre los trabajadores ocupados en el ámbito privado (un 27%), pero se ha reducido ligeramente (tres décimas en 2018 respecto a 2017). En cambio, la temporalidad del sector público se ha incrementado algo más de dos puntos en el último año: del 24,1 al 26,3%.
El desglose del tipo de contrato de los trabajadores públicos que ofrece la EPA muestra que la mayoría del incremento de los empleados temporales corresponde al alza de los contratados para cubrir la ausencia “total o parcial” de otro trabajador.
Por tipo de Administración, según el análisis de CCOO de los microdatos de la última EPA, las entidades con mayor tasa de temporalidad son las corporaciones locales, con un 31,7% de empleados con contratos eventuales. Le sigue la administración autonómica (29,3%), las empresas públicas e instituciones financieras (22,5%) y a mucha distancia la Administración General del Estado (10,7%).
Hacia el 8% de temporales en 2020
Los sindicatos más representativos explican que el aumento de la temporalidad en 2018, primer año de vigencia del II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, se explica porque “la mayoría de los procesos de estabilización del empleo están todavía en tramitación. Algunos se han iniciado y hay borradores, pero la mayoría están pendientes”, explica Juan del Campo, secretario de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.
Las organizaciones sindicales confían en la viabilidad del acuerdo, de reducir a un tercio la temporalidad en los próximos dos años, pero urgen al Ejecutivo y a las administraciones locales a avanzar en las convocatorias de estabilización. “Creemos que no está yendo con la celeridad que debiera”, lamenta Francisco Iglesias, vicepresidente de CSIF.
El sindicato de funcionarios reconoce que “la puesta en marcha de las convocatorias requiere de un proceso administrativo complejo”, pero llama a las administraciones a cumplir con los compromisos. En su opinión, “en ningún caso” las convocatorias de empleo público deberían demorarse más de un año. “Y, por ejemplo, el sistema de salud andaluz todavía tiene pendiente de resolver una convocatoria de 2015”, critica Iglesias.
