El despido de doce consejeros de los antiguos organismos reguladores costó 1.034.078,88 euros
El despido de doce consejeros de los cuatro organismos reguladores que fagocitó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que echó a andar en octubre del año pasado y fue vendida por el Gobierno como un “ahorro de costes”, ha costado a las arcas públicas 1.034.078,88 euros, según los datos de retribuciones de altos cargos que ha publicado este miércoles el organismo que preside José María Marín Quemada, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de transparencia.
De esa cifra, el 39,8% del total, 412.254,72 euros, se destinó a pagar las indemnizaciones de cuatro exconsejeros de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), incluyendo las del expresidente Bernardo Lorenzo (que cobró 112.679,28 euros) y el expresidente Marcel Coderch (107.184,48 euros).
Otros 253.942,2 euros, a 84.647,4 euros por cabeza, fueron para indemnizar a tres exconsejeros de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC): Julio Costas Comesaña, Luis Miguel Díez y María Jesús González López.
De la antigua Comisión Nacional de la Energía se recogen dos indemnizaciones: la del expresidente Alberto Lafuente (105.151,68 euros) y la de Joan Batalla, que antes de ser consejero fue jefe de Gabinete de la penúltima presidenta del organismo, María Teresa Costa, y cobró 93.777,6 euros de indemnización.
Las últimas cuentas anuales de la CNE ya recogían un ingreso por importe de 610.000 euros “al dar de baja la provisión que estaba constituida para tres consejeros que cesan y renuncian a la compensación por realizar otra actividad remunerada y para los dos consejeros de la CNE que son nombrados consejeros de la nueva entidad CNMC”, los nacionalistas Idoia Zenarrutzabeitia (PNV) y José María Guinart (CiU).
El documento de la CNMC revela que la retribución de los nueve miembros del consejo de administración del organismo, trienios incluidos (en el caso de los cinco que además son funcionarios), asciende en total a 980.029,38 euros brutos anuales.
El presidente, José María Marín Quemada, cobra 118.880,86 euros brutos al año, de los que 110.978,98 corresponden a retribución y los 7.901,88 euros restantes, a sus trienios como funcionario. El resto de los vocales, incluyendo a la vicepresidenta, María Fernández Pérez, cobran 105.809,2 euros anuales, sin contar trienios.
Los cuatro directores de instrucción del organismo se repartieron, trienios incluidos, 407.173 euros. Su retribución anual es de 100.100 euros, muy por debajo de lo que cobran muchos de los directivos de las empresas a las que controlan. Por ejemplo, y según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en 2013 un alto directivo de una empresa del Ibex35 cobraba, de media, 786.000 euros al año.
