Los embargos de vivienda habitual caen cerca de un 57 por ciento desde el año pasado

Las ejecuciones hipotecarias (o embargos de una propiedad para su venta) tras el impago de un crédito para una vivienda habitual disminuyeron un 56,8 % en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2016 y un 34,8 % desde el trimestre anterior, según los datos del INE.

Las cifras facilitadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la tendencia iniciada hace unos meses se ha consolidado, y confirman que lo peor de la crisis ha quedado atrás.

El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, achaca en parte este descenso al esfuerzo de los bancos por facilitar las condiciones financieras a las familias con dificultades, ya que las entidades que forma parte de la AEB “son especialmente sensibles a las dificultades generadas por la crisis”.

Más de un millón de familias, prosigue Campuzano, se han beneficiado de la mejora de las condiciones ofrecidas por las entidades financieras en los últimos años, todo ello como “complemento al resto de las medidas aplicadas, como el Código de buenas prácticas que incluye el Fondo Social de viviendas”.

El director del gabinete de estudios de pisos.com, Manuel Gandarias, recalca que se trata de un síntoma claro de la buena marcha del sector y de la recuperación de las entidades financieras frente a los impagos que se han producido durante la crisis.

Lo cierto es que entre enero y marzo fueron embargadas 4.274 viviendas habituales, frente a las 2.788 del segundo trimestre; en el primer trimestre estos embargos se redujeron un 30,6 % en comparación con el mismo periodo de 2016.

Los datos no significan necesariamente que ese número de personas haya perdido su casa, porque no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios, recuerda el INE, ya que un procedimiento judicial puede dar lugar a varias certificaciones por ejecución de hipoteca.

El número total de viviendas -habituales y de otro tipo- que fueron objeto de una ejecución hipotecaria se elevó a 6.937, un 24,2 % menos que en el trimestre anterior y un 42,3 % menos que un año antes.

Y las inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el segundo trimestre se elevó a 13.605, un 20 % menos que en el trimestre anterior y un 35,2 % menos que en el mismo periodo de 2016.

Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 2.788 eran habituales en propiedad (un 56,8 % menos que en el mismo trimestre de 2016) y 864 no eran residencia habitual de los propietarios (un 48,1 % menos).

Si se toma como referencia el total de viviendas familiares existentes en España en el segundo trimestre (18.505.200), el 0,02 % iniciaron una ejecución hipotecaria en ese periodo.

Por la naturaleza de la finca, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraban el 51,0 % del total; un 20,5 % de todas las ejecuciones hipotecarias eran viviendas habituales de personas físicas; un 24,1 % correspondía a viviendas de personas jurídicas; y un 6,4 % a otras viviendas de personas físicas.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) representaban el 36,7 % del total.

En cuanto al estado de los bienes ejecutados, un 17,4 % de las ejecuciones hipotecarias en el segundo trimestre lo fueron sobre viviendas nuevas, y un 82,6 % sobre usadas.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas disminuyó un 28,7 % en tasa anual, y el de usadas lo hizo un 44,6 %.

Los datos por comunidades autónomas muestran que aquellas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el segundo trimestre fueron Andalucía (3.581), Valencia (2.694) y Cataluña (1.758), en tanto que Navarra (47), País Vasco (87) y Cantabria (95) registraron las cifras más bajas.

En el caso de viviendas, Andalucía (1.915), Valencia (1.444) y Cataluña (1.014) presentaban el mayor número de ejecuciones, y Navarra (20), La Rioja (40) y el País Vasco (50), las menores.

Si se tienen en cuenta sólo los datos relativos a viviendas embargadas, la Comunidad Valenciana (0,11 %), Andalucía y Murcia (ambas 0,10 %) registraban los valores más altos, mientras que el País Vasco (0,01 %) y Navarra (0,02 %) presentaban los más bajos.