Una reforma de las pensiones en dos fases, con un primer paquete de medidas que llegue al Congreso en el primer trimestre de 2021. Entre ellas, la nueva fórmula para revalorizar las pensiones y el endurecimiento de la jubilación anticipada. El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado sus planes para reformar el sistema público de pensiones en dos etapas a lo largo de este año, con la intención de que todos los cambios estén en vigor en enero de 2022, según ha desgranado en una entrevista en El Periódico. En el segundo bloque de medidas se incluye el debate sobre la ampliación del periodo de cálculo de la pensión.
Escrivá ha sostenido que espera alcanzar con los agentes sociales un acuerdo “en pocas semanas” sobre el bloque inicial de la reforma, que confía en llevar al Parlamento en el primer trimestre de 2021. “Incorpora elementos centrales como la fórmula de mantenimiento de forma permanente del poder adquisitivo de las pensiones, la reforma del sistema de jubilación anticipada y los nuevos incentivos de jubilación demorada, destinados a impulsar el proceso de acercamiento de la edad efectiva a la edad legal de jubilación”, ha afirmado.
Sobre la nueva fórmula de revalorización de las pensiones, que la del 0,25% de Rajoy, el responsable de la Seguridad Social afirma que se tendrá en cuenta cuando el IPC sea negativo o se haya acordado una revalorización según la previsión de IPC que luego queda por encima de la inflación, con ajustes en los años posteriores. José Luis Escrivá precisa que este mecanismos aún está siendo objeto de negociación y que en ningún caso supondrá bajar la pensión: “Precisamente el entender el mantenimiento del poder adquisitivo en el tiempo permite evitar reducciones nominales de las pensiones en años con IPC negativo, incorporando regularizaciones posteriores para que el objetivo de mantenimiento del poder adquisitivo se respete a lo largo del tiempo”.
El ministro confirma en la entrevista sus planes para el impulso de la jubilación demorada, en la que las personas interesadas sigan trabajando pasada la edad de jubilación, y por la que se beneficiarían “de algún porcentaje adicional durante toda su vida como pensionista” o “un pago único en un momento determinado”, según su preferencia. Esta iniciativa estaba en uno de los borradores iniciales que trasladó el Gobierno a los sindicatos y empresarios al respecto, que el Ministerio ha estado negociando con los agentes sociales con mucha discreción desde entonces.
Escrivá se refiere también a su intención de prohibir la jubilación forzosa en los convenios y de endurecer la jubilación anticipada voluntaria. “La posibilidad de jubilarse de forma anticipada hasta dos años antes no va a cambiar”, explica el ministro, pero sí se modificarán los desincentivos, para sancionar más el retiro anticipado, especialmente en las pensiones altas. “Aún debemos acordarlo con los agentes sociales y tramitarlo en el Parlamento. Además, los elementos transitorios aún no están precisados”, responde.
El ministro añade dos cuestiones más prioritarias: una solución para la cláusula de salvaguarda de las pensiones, que por el momento se ha ido prorrogando año a año desde el límite que decretó Mariano Rajoy, y la reforma del complemento de maternidad, que hoy en día solo se reconoce a las mujeres que tienen al menos dos hijos y que la justicia europea consideró que no respetaba la igualdad de género. Escrivá explica que su intención es que el complemento compense “en las pensiones las lagunas de cotización” por el cuidado de los hijos, que generalmente afecta a mujeres, pero que también se extenderá a los hombres que puedan estar en esa situación. “Estamos hablando con los agentes sociales y lo aprobaremos lo antes posible, a finales de enero o principios de febrero”, sostiene el ministro.
Otro bloque de reformas en el segundo semestre
Por otro lado, el ministro explica que habrá un segundo paquete de medidas en la reforma de pensiones, sobre la que aún asegura que su equipo tiene que hacer cálculos. Pondrá sus propuestas “a disposición de los agentes sociales a lo largo del primer semestre, con la esperanza de que el segundo semestre sea de tramitación parlamentaria para que esté en vigor en enero del 2022”.
En esta segunda ronda de modificaciones se encuadra el debate de ampliar el periodo de cálculo de la pensión, que según varias fuentes gubernamentales el ministro ha trasladado en el seno del Ejecutivo como parte de las medidas que el Gobierno de coalición presentará en Bruselas, en relación al Plan de recuperación por la pandemia. Como han publicado varios medios y han explicado fuentes del Ejecutivo a elDiario.es, el salto en el periodo de cómputo que se ha planteado sería de diez años: de los 25 a 35 años cotizados.
Sin embargo, el ministro Escrivá esquiva la pregunta sobre si considera conveniente ampliar el periodo de cómputo a los 35 años y niega que él planteara esta ampliación en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, como se ha publicado y aseguran otras fuentes del Ejecutivo. “No. Y no es la primera vez que hay realidades distintas mediáticas de las internas en el funcionamiento del Gobierno”, responde José Luis Escrivá.
El responsable de la Seguridad Social afirma que este tema aún no ha sido planteado a los agentes sociales en la mesa de negociación y que formaría parte de la segunda etapa de reformas. “Es un tema complejo por la diversidad de situaciones y todavía no tenemos cálculos suficientes para saber qué efectos tendría”, responde. En el estudio de la medida se estudiará la posibilidad de excluir algunos años del periodo de cálculo, como emplazó el Pacto de Toledo en algunas situaciones.
Escrivá confirma que se derogará el factor de sostenibilidad de las pensiones de 2013, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, y apunta que se analizará en el segundo bloque de reformas algún tipo de ajuste de las pensiones relacionado con el envejecimiento de la población. “En ningún caso trasladará la carga del ajuste de forma automática sobre los nuevos pensionistas, con poca capacidad de adaptarse”, precisa.