La Eurocámara pide cámaras a bordo solo para buques que puedan incumplir normas

Bruselas, 11 mar (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) rechazó este jueves obligar a todos los buques pesqueros a llevar cámaras a bordo para controlar el cumplimiento de la obligación de desembarque e imponerlas solo “a un porcentaje mínimo” de embarcaciones que hayan sido identificadas como posibles incumplidoras.

El pleno de la Eurocámara aprobó con 439 votos a favor, 190 en contra y 66 abstenciones la reforma del reglamento del control de la pesca, cuya ponente es la española Clara Aguilera (PSOE).

CÁMARAS

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es precisamente el de las cámaras a bordo.

El Parlamento defiende que los circuitos cerrados de televisión sean obligatorios para un porcentaje mínimo de buques pesqueros, de más de 12 metros de eslora, identificados en los programas de seguimiento y control de los Estados miembros como de alto riesgo de incumplimiento de la obligación de desembarque.

También serían obligatorios como sanción para todos los buques que cometan dos o más infracciones graves.

El pleno dio luz verde a otra enmienda de Aguilera, que prevé un sistema voluntario con incentivos para la instalación de cámaras a bordo.

La eurodiputada consideró que la reforma “garantiza el cumplimiento efectivo, uniforme y actualizado de la Política Pesquera Común”.

DIARIO DE A BORDO

Por otra parte, la Eurocámara dio luz verde a la generalización para toda la flota del diario electrónico de a bordo, aunque para buques de pequeña escala de menos de 12 metros se establece un sistema simplificado.

El sistema de control también incorpora la pesca recreativa, con un sistema de registro o licencias, sanciones y geolocalización para buques fletados.

Asimismo, el Parlamento avaló mantener en el 10 % el porcentaje de margen de tolerancia de diferencia entre lo apuntado en el diario de a bordo y lo que se almacena en la bodega para las pesquerías en general.

En el caso de pesquerías mixtas y pequeños pelágicos se elevará al 20 % y para los túnicos, al 25 %.

Aguilera mencionó como mejora de la reforma la trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas, que deberán recoger cómo y dónde se han pescado, además de qué especie se trata, así como el lote y partida.

La eurodiputada trasladó su apoyo y reconocimiento a la labor del sector pesquero europeo y, especialmente, al español.

“Lamento si por parte de alguna institución no se le ha tenido la consideración que merece el sector de la pesca española y europea”, añadió.

Por su parte, en nombre del PP europeo el eurodiputado Francisco Millán Mon señaló que “con este Reglamento avanzamos en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como en el control de las importaciones de terceros países”.

Millán Mon subrayó que la reforma legislativa armoniza el régimen de sanciones por infracciones graves, lo que “acabará con agravios comparativos entre flotas nacionales”.

La eurodiputada española Izaskun Bilbao (PNV) subrayó que la revisión del reglamento “apoyará los derechos de consumidores” y se refirió al “enorme esfuerzo” que el sector está haciendo “para someterse a un control digital continuo y estricto”.

Consideró que con las nuevas normas la UE “consolida su posición como líder mundial en la lucha contra la pesca ilegal”, e indicó que las instituciones europeas “deben dialogar más con los pescadores, olvidar los prejuicios y profundizar los valores que impulsan el sector”.

La Comisión Europea había advertido recientemente de los riesgos de “relajación” y del “retroceso” del control pesquero, por las propuestas que la Eurocámara ha avalado.

La patronal europea de armadores Europêche transmitió hace unos días al comisario europeo de Medio Ambiente y Pesca, Virginijus Sinkevicius, su “irritación ante el retrato que la CE hace de su propio sector”.

Tras la aprobación hoy de esta reforma, el Parlamento está listo para iniciar las negociaciones con el Consejo (países de la UE).

La propuesta actual prevé que los operadores dispongan de cuatro años tras la entrada en vigor de las normas para equipar a las embarcaciones con las nuevas tecnologías necesarias.