La fiscalidad en la OCDE alcanzó un máximo histórico en 2015: 34,3 % del PIB

La presión fiscal alcanzó el pasado año un máximo histórico en el conjunto de la OCDE, con un 34,3 % del producto interior bruto (PIB) de media, una décima más que en 2014, en línea con la evolución que se viene constatando desde la crisis financiera.

En su informe anual sobre ingresos fiscales, publicado hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó que la de 2015 fue la sexta subida consecutiva del peso relativo de los impuestos, y que desde 2012 se ha superado el nivel precedente a la crisis (el techo hasta entonces era del 33,8 % del PIB alcanzado en 2007).

La organización subrayó que el incremento de la fiscalidad tras el desencadenamiento de la crisis ha redundado en un alza de los impuestos que graban a las familias, mientras que los que pesan sobre las empresas se han mantenido estables.

Para ilustrarlo, indicó que entre 2011 y 2015 el impuesto sobre la renta pasó de representar un 7,8 % del PIB al 8,5 %, mientras el impuesto de sociedades se quedó en torno al 2,9 %.

Los gravámenes sobre bienes y servicios (como el IVA) habían pesado un 10,8 % del PIB de media entre 2002 y 2005 pero cayeron en la primera fase de la crisis hasta el 10,3 % en 2009, para remontar a continuación hasta el 11 % en 2014 y descender ligeramente al 10,9 % en 2015.

El mayor incremento de la fiscalidad entre 2014 y 2015 por países se registró en México, con 2,2 puntos de PIB suplementarios, hasta el 17,4 %, en razón de la progresión de los ingresos por el impuesto sobre la renta y otras tasas que graban los bienes y servicios.

Pese a todo, México siguió siendo el país de los 35 miembros de la organización con la tasa más baja, seguido de Chile (20,7 % y un ascenso de 9 décimas en un año), Irlanda (23,6 % y 5,1 puntos menos), Corea del Sur (25,3 % y 7 décimas más) y Estados Unidos (26,4 % y 5 décimas más).

También se constataron alzas importantes de 1,2 puntos porcentuales en ese año en Estonia (al 33,6 %), Turquía (al 30 %) o Hungría (al 39,4 %); de 1,1 puntos en Eslovaquia (al 32,3 %); de 1 punto en Grecia (al 36,8 %); o de 9 décimas en Chile (al 20,7 %).

En el extremo opuesto, el peso de los impuestos disminuyó sobre todo en Irlanda (5,1 puntos porcentuales menos, al 23,6 % del PIB) por un crecimiento excepcional del PIB nominal, superior al 30 %; y en Dinamarca (3 puntos de caída, al 46,6 %)

En España, la presión fiscal se mantuvo estable en el 33,8 % del PIB, aunque los años anteriores había ido subiendo desde el mínimo que marcó en la primera parte de la crisis, con un 30 % en 2009.

El peso de los impuestos en España siguió, en cualquier caso, netamente por debajo del nivel que había alcanzado inmediatamente antes de la crisis, ya que era del 36,5 % en 2007.

De hecho, sólo hay dos países que en 2015 estaban más de tres puntos por debajo de su nivel de 2007: Irlanda (23,6 % frente al 30,4 %) y Noruega (38,1 % frente al 42,1 %).

En el extremo opuesto, la fiscalidad en Grecia ha sufrido una escalada hasta llegar al 36,8 % en 2015, frente a un mínimo del 30,9 % en 2009 en la primera fase de la crisis. En los años precedentes había estado incluso por encima del 33 %.

Los países de la OCDE con la presión fiscal más fuerte en 2015 eran Dinamarca (46,6 %, tres puntos menos que el ejercicio anterior), Francia (45,5 %, como en 2014), Bélgica (44,8 %, dos décimas menos), Finlandia (44 %, dos décimas más), Austria (43,5 %, siete décimas más), Suecia (43,3 %, cinco décimas más) e Italia (43,3 %, cuatro décimas menos).

El reparto de los ingresos por administraciones (central, regional, local y seguridad social) variaba de forma significativa entre unos y otros Estados, en parte a causa de su estructura federal, unitaria o regional, categoría esta última en la que únicamente figura España.

Entre los ocho federales, la cuota de la administración central se movía en 2014 (último ejercicio con datos detallados) entre el 31,2 % en Alemania o el 35,2 % en Suiza al 73,3 % en México y el 80 % en Australia. La media -no ponderada- en la OCDE era del 63,5 % y en los Estados federales del 53,4 %.

En ese grupo, los Estados federados o unidades subestatales -excluyendo los municipios-, representaban únicamente un 2 % en Austria, un 4 % en México y un 5 % en Bélgica, pero hasta el 39 % en Canadá.

En el caso de España, la administración central suponía el 42,3 % y las autonomías un 13,6 %.