El Gobierno acotará aún más las jubilaciones anticipadas
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, presentará la semana que viene un informe a la comisión del Pacto de Toledo del Congreso en el que propondrá acotar las jubilaciones anticipadas y planteará fórmulas para hacer compatible empleo y pensión. Así lo ha anunciado hoy la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Esto a pesar de que la reforma laboral que el Gobierno de Zapatero pactó con los agentes sociales -y que ya contempla medidas en este sentido- entra en vigor en enero de 2013.
Por otro lado, las empresas de más de 100 trabajadores que hayan tenido dos años seguidos de beneficios y hagan despidos colectivos en los que estén incluidos trabajadores de más de 50 años tendrán que hacer aportaciones económicas al Tesoro para compensar el coste que le supone a las arcas públicas. Es una de las medidas que contempla el real decreto que ha aprobado el Gobierno sobre despidos colectivos, en el que se desarrolla el contenido de la reforma laboral que sacó adelante el Ejecutivo de Rajoy el pasado febrero.
No obstante, fue la anterior reforma del mercado de trabajo hecha por Zapatero la que ya obligó a las empresas a hacer estas aportaciones económicas, si bien en esta ocasión se amplían las condiciones, es decir, habrá más empresas que tengan que abonar estas cantidades. Las aportaciones tendrán que hacerse desde el primer trabajador mayor de 50 años que se despida y se calcularán teniendo en cuenta las prestaciones y cotizaciones que corresponden a esos empleados.
El nuevo reglamento de despidos colectivos incluye otra de las novedades de la reforma laboral de Rajoy: la supresión de la autorización administrativa para hacer un ERE, que se sustituye por una simple comunicación a la autoridad laboral.
Además, se abre la puerta a que las administraciones públicas lleven a cabo despidos colectivos. Los entes o empresas públicas que quieran hacer expedientes de reducción o suspensión de jornada (en lugar de expedientes de extinción de contratos) tendrán que estar financiados en más del 50% por “el mercado”, es decir, por financiación privada. CCOO ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo a este real decreto ley.
